Desde el único semillero del país respaldaron los nuevos mecanismos de fiscalización sobre propiedad intelectual y reclamaron mayor control para combatir la comercialización ilegal de semillas. La empresa sostiene que la homogeneidad genética y el uso de semilla fiscalizada serán determinantes para mejorar la calidad de la fibra y responder a las exigencias de los mercados externos.
La discusión sobre la propiedad intelectual de las semillas volvió al centro de la agenda algodonera tras el lanzamiento de Arandú INTA BGRR IMIcott, la primera variedad de algodón del mundo resistente a herbicidas de la familia de las imidazolinonas.
En ese contexto, desde el semillero Gensus -único en el país que desarrolla genética de algodón- consideraron que los nuevos protocolos de control para identificar variedades representan un avance importante para ordenar el sistema, fortalecer el reconocimiento de los derechos de obtentor y combatir la comercialización ilegal de semillas, un fenómeno que, según la empresa, afecta la calidad de la producción y limita el desarrollo tecnológico del cultivo.
La posición fue planteada por Alejandro Fried, director de la firma con sede en Chaco, durante una entrevista en el programa 6AM de AIRE, pocos días después de la presentación comercial de la nueva variedad desarrollada junto al INTA. Para el empresario, el desafío del sector excede la discusión sobre el uso propio e implica mejorar los mecanismos de control y trazabilidad para reducir la informalidad que persiste en la cadena.
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Control, propiedad intelectual y el debate sobre UPOV 91
La reciente Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura incorporó un protocolo oficial para verificar la identidad varietal mediante herramientas de análisis genético, una medida orientada a detectar usos no autorizados de materiales protegidos.
Fried definió la iniciativa como “un gran paso” y destacó que el sector algodonero ya viene trabajando con herramientas similares a través del sistema Semilla Segura, basado en controles y auditorías en plantas deslintadoras.
Sin embargo, aclaró que el esquema actual todavía requiere mejoras. “Claramente no es la solución final y definitiva, pero es un paso sumamente importante”, sostuvo.
Respecto del debate sobre la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, consideró que se trata de “un camino, un instrumento” que permitiría actualizar aspectos pendientes de la legislación vigente y, especialmente, ordenar la discusión sobre el uso propio de semillas.
Según explicó, la principal virtud del sistema es que obliga a definir con mayor precisión cómo proteger los derechos del obtentor y, al mismo tiempo, garantizar las excepciones para los productores que realizan uso propio bajo determinadas condiciones.
De todos modos, remarcó que el foco de la empresa no está puesto en restringir ese derecho. “Para nosotros no es el problema la excepción en el uso propio, sino la ilegalidad de la bolsa blanca”, afirmó.
La trazabilidad como eje para combatir la informalidad
Fried explicó que el algodón presenta una particularidad respecto de otros cultivos autógamos como soja o trigo: para reutilizar el grano cosechado como semilla es necesario pasar por un proceso de deslintado, que elimina las fibras remanentes luego del desmote.
Ese requisito permite un mayor control por parte de los obtentores. Sin embargo, «a partir del desmote la semilla empieza a perder trazabilidad y se vuelve difuso quién es el dueño, cuál es la variedad”, señaló.
Según el directivo, esa situación favorece prácticas informales vinculadas a la comercialización de semilla no identificada, lo que perjudica tanto a los obtentores como a los productores que invierten en tecnología.
Por eso, insistió en que los controles deben concentrarse especialmente en las etapas de desmote y deslintado. “Lo único que hay que ejecutar son controles”, afirmó, convencido de que esa será la herramienta más efectiva para revertir el problema.
Semilla fiscalizada, homogeneidad y calidad de fibra
Desde su creación hace diez años, Gensus se enfocó en la producción y provisión de semilla fiscalizada de algodón. La empresa surgió en un contexto de baja oferta varietal y escasa incorporación de nuevas tecnologías al cultivo.
En ese recorrido, Fried observó una relación directa entre la informalidad y la heterogeneidad productiva. “Nuestra obsesión como empresa es que al productor le vaya mejor”, aseguró.
Para lograrlo, consideró indispensable trabajar sobre la uniformidad genética de los lotes. “La homogeneidad en el lote te define la calidad de la fibra”, explicó.
Según su análisis, el elevado nivel de ilegalidad genera una producción muy dispar en términos de calidad, situación que termina impactando en el precio que recibe el productor. “El gran porcentaje de ilegalidad hace que tengamos un nivel muy desparejo de calidad y la industria se hace un picnic a la hora de penalizar al productor”, señaló.
La empresa vincula además este desafío con el nuevo escenario comercial del sector. “Cambió la macro y hoy el driver es la exportación, tanto de hilados como de fardos de fibra”, indicó Fried.
En ese marco, sostuvo que la posibilidad de acceder a mercados externos exige una oferta más homogénea y previsible. Para alcanzar ese objetivo, consideró que la calidad comienza en la semilla y continúa con un adecuado manejo agronómico.
Un mercado que avanzó y luego retrocedió
La evolución del mercado de semilla fiscalizada refleja, según Gensus, el impacto que tienen los controles sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual.
Fried recordó que hace una década apenas el 14% de la superficie algodonera reconocía derechos de obtentor mediante la compra de semilla fiscalizada o el pago de regalías.
Posteriormente, a partir de distintas acciones de fiscalización y de la incorporación de nuevas variedades desarrolladas junto al INTA, ese porcentaje llegó a ubicarse en torno al 60%.
Sin embargo, aseguró que en los últimos años se produjo un retroceso. “Nos caímos al 25%, que es bajísimo”, afirmó.
Pese a ese escenario, la empresa ratificó su decisión de continuar invirtiendo en innovación para el cultivo, convencida de que la incorporación de genética y tecnología sigue siendo una de las herramientas centrales para mejorar la competitividad del algodón argentino.
Arandú IMICott, una nueva herramienta para el manejo de malezas
La presentación de Arandú INTA BGRR IMIcott constituyó uno de los principales hitos tecnológicos recientes del sector. El desarrollo surgió de una investigación liderada por el genetista Mauricio Tkach en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña y fue llevado al mercado por Gensus en el marco de su estrategia de innovación abierta.
La nueva variedad incorpora resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas sobre la plataforma biotecnológica BGRR ya existente, ampliando las alternativas para el control de malezas.
Para Fried, se trata de una tecnología llamada a generar cambios relevantes en el cultivo. “Es el primero importante, que va a marcar un punto de inflexión para el algodón”, sostuvo.
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De acuerdo con los resultados de los ensayos realizados hasta el momento, la variedad aporta mejoras productivas y económicas. “En promedio nos están aportando un 12% más de rendimiento, 7% más de calidad de fibra y un ahorro de costo en herbicida de hasta 30%”, detalló.
No obstante, consideró que el potencial todavía está en una etapa inicial. “Es la punta del iceberg”, afirmó, al señalar que los beneficios podrán seguir ajustándose a medida que más productores incorporen la tecnología y se evalúe su comportamiento en diferentes ambientes productivos.
