Las modificaciones incluyen la armonización del Código Alimentario Argentino con los criterios técnicos del Mercosur para la leche larga vida y la eliminación de los operadores lácteos del SIOCAL. Ambas medidas buscan simplificar trámites, reducir cargas administrativas y facilitar el comercio exterior del sector.
En las últimas semanas se conocieron dos cambios normativos vinculados con la lechería que podrían mejorar los negocios y, especialmente, simplificar el comercio exterior, una de las principales alternativas de crecimiento para la cadena.
Ambas medidas se inscriben en un proceso de modernización regulatoria que busca reducir trabas administrativas y armonizar las reglas con los principales socios comerciales de la Argentina.
La leche larga vida se adapta a las normas del Mercosur
La Resolución Conjunta 7/2026, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con la ANMAT, actualizó el Código Alimentario Argentino en lo referido a la leche de larga duración, permitiendo que la industria láctea comparta los mismos criterios técnicos que Brasil y los demás países del Mercosur.
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La medida se enmarca en el proceso de armonización normativa del bloque regional, cuyo objetivo es unificar criterios técnicos y sanitarios para facilitar el comercio y garantizar estándares comunes.
En los hechos, la resolución no introduce cambios sustanciales en la actividad cotidiana de la industria láctea argentina. Se trata de una adecuación de la normativa nacional a los lineamientos regionales, sin modificar las condiciones de producción ni las exigencias de control vigentes.
La leche larga vida es uno de los productos de mayor consumo en los hogares argentinos y uno de los principales rubros de exportación del sector. Su elaboración ya se encontraba regulada bajo estrictos parámetros de calidad e inocuidad.
Por ese motivo, la actualización modifica la redacción del Código Alimentario Argentino para alinearla con las definiciones y la terminología acordadas en el Mercosur, sin alterar los estándares que ya cumplía la industria nacional.
Desde el sector interpretan la medida como un avance administrativo que no implica nuevas obligaciones ni mayores costos para las empresas, ya que las plantas elaboradoras cumplen con los requisitos exigidos. La armonización normativa aporta mayor seguridad jurídica, elimina posibles duplicaciones regulatorias y facilita el intercambio comercial dentro del bloque.
Los operadores lácteos dejan de integrar el SIOCAL
Otro cambio importante alcanza al Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), que reemplazó al antiguo Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA).
Aunque el sistema mantiene su denominación, desde el 11 de junio dejó de incluir a los operadores lácteos, en línea con la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura, que eliminó las funciones de registración y fiscalización sobre esa actividad.
La medida se concreta con la salida definitiva de industrias, usinas y depósitos de las bases de datos de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, organismo que sucedió a la ex ONCCA.
A partir de ahora, los operadores lácteos ya no estarán obligados a inscribirse bajo la órbita de ese organismo ni quedarán sujetos a sus mecanismos de control.
Un sistema que perdió eficacia con el paso del tiempo
El esquema de registración fue creado en 2006 con el objetivo de incorporar a la lechería a un sistema de supervisión similar al que existía para las cadenas de carnes y granos. Sin embargo, nunca contó con un régimen sancionatorio específico.
La principal herramienta de control consistía en excluir a las empresas del registro, una sanción que impedía exportar, aunque su alcance era limitado y afectó a muy pocas firmas.
Con el paso de los años, las funciones del sistema comenzaron a superponerse con las de la ARCA, el SENASA, los organismos provinciales de recaudación y las áreas encargadas del control de alimentos, lo que terminó generando más burocracia que controles efectivos.
Los intentos por dotarlo de autonomía y financiamiento propio mediante un esquema de multas nunca prosperaron y el organismo fue perdiendo capacidad operativa. En casi dos décadas apenas se habrían aplicado un par de sanciones al sector lácteo, que fueron apeladas y nunca llegaron a cobrarse.
Tampoco existió una coordinación efectiva con los gobiernos provinciales para fortalecer los mecanismos de fiscalización.
La apuesta pasa por controles digitales e inteligentes
En la actualidad, el incumplimiento de las resoluciones vigentes prácticamente carece de consecuencias concretas. Una eventual intervención de la ARCA para bloquear la facturación terminaría afectando también al productor primario.
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Frente a ese escenario, la estrategia oficial apunta a avanzar hacia un sistema de fiscalización inteligente basado en el remito electrónico tambo-industria. La herramienta permitiría detectar inconsistencias de manera automática y emitir intimaciones digitales, reduciendo la necesidad de inspecciones presenciales.
La salida de la actividad láctea del SIOCAL marca así el cierre de un esquema de control que mostró escasa efectividad durante casi dos décadas y abre paso a un modelo de fiscalización apoyado en herramientas tecnológicas, con menor carga burocrática y mayor capacidad de control.
