Agromandriles: un toque de atención para educar en la filosofía libertaria a los argentinos con problemas de comprensión.
Una vez más tenemos que ser testigos de un hecho lamentable: un ataque instrumentado por integrantes de la comunidad agropecuaria argentina contra un funcionario clave del gobierno argentino más trascendente de la historia reciente.
Esta semana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el gobierno tiene intenciones de privatizar el control de la fiscalización del uso de semillas porque “el sector público no tiene ninguna capacidad para hacerlo”.
En un programa televisivo aseguró, en referencia a la fiscalización de semillas, que “lo que vamos a hacer es transferir el control al sector privado, que es el que tiene capacidad, porque el sector público no tiene ninguna capacidad para hacer una auditoría de esto, de quién usa, quién no usa (un cultivar con propiedad intelectual vigente)”.
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Tales declaraciones generaron en redes sociales una catarata de comentarios falaces e inoportunos por parte de productores agrícolas que carecen –es necesario remarcarlo– de la estatura intelectual de Sturzenegger.
Lo que plantea el ministro no sólo es completamente razonable para personas adecuadamente instruidas, sino que incluso sorprende que no se haya aplicado antes.
La ley de la ventaja comparativa establece que los países deben especializarse en la provisión de servicios que puedan prestar con el menor costo de oportunidad posible.
En ese sentido, la Argentina ha demostrado falencias notables en determinadas áreas, como es el caso de la fiscalización del mercado de semillas o el control de las empresas concesionarias de rutas.
En lo que aquí nos concierne, que es el tema de las semillas, no existe actor más preparado y motivado que las propias empresas semilleras para emprender las acciones necesarias que contribuyan a reducir a la mínima expresión el comercio ilegal de cultivares. ¿Para qué desperdiciar recursos escasos que pueden emplearse para fines más provechosos, como misiones oficiales a naciones que representan el faro moral de la humanidad?
El otro gran ejemplo es el de las rutas concesionadas, muchas de las cuales están en una situación calamitosa, dado que el Estado no tiene los recursos necesarios para controlar el estado de las mismas; lo más sensato, entonces, no es terminar con los peajes, sino potenciar esa herramienta y que sean los usuarios los que controlen al concesionario de forma directa. De esa manera, si la ruta no está en buenas condiciones, pueden optar por recurrir a la colectora o bien a medios alternativos –como el avión– hasta lograr que el concesionario cumpla con su responsabilidad. El mercado se regula por su cuenta sin intervención estatal.
Así como existen servicios en los que resulta contraproducente desviar recursos públicos, otros, en cambio, han mostrado un nivel de eficiencia extraordinario, lo que demuestra la ventaja de aplicar la ciencia económica en el mecanismo de asignación de recursos.
El caso quizás más paradigmático sea el servicio de recaudación de impuestos, en el cual la Argentina viene mostrando un liderazgo indiscutido, que se expresa de forma inocultable en la implementación de tributos que resultan inviables en muchas naciones vecinas. Sería descabellado no incentivar esa ventaja comparativa.
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Por lo tanto, antes de hablar sin saber, los mandriles deben entender que existe un criterio bien documentado en cada decisión tomada por el gobierno del líder Javier Milei. Opinar sin información es desinformar. No nos cansemos nunca de ilustrar a la población ¡Viva la libertad, carajo!
