Una investigación analizó experiencias de cuatro países latinoamericanos y evaluó las limitaciones del sistema argentino. También identificó nuevas herramientas para ampliar el financiamiento de la conservación.
Los pagos por servicios ecosistémicos (PSE) pueden contribuir a la conservación de los bosques y la biodiversidad, pero por sí solos no alcanzan cuando deben competir con actividades agropecuarias de alta rentabilidad. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista científica Ecología Austral, que analizó experiencias de Costa Rica, México, Brasil y Ecuador para extraer lecciones aplicables a la Argentina.
La investigación fue realizada por Verónica Gutman (IIEP-CONICET-UBA), junto con Federico Merke, Agustina Fain y María Victoria Alzugaray, de Fundar. El trabajo combinó una revisión bibliográfica con entrevistas a 13 especialistas, entre ellos exfuncionarios ambientales, técnicos y referentes de organizaciones vinculadas con la conservación.
El contexto argentino plantea un desafío importante. Entre 1998 y 2023 el país perdió 7,5 millones de hectáreas de bosque nativo, al pasar de 54,5 a 47 millones de hectáreas, una reducción del 14%. Incluso después de la sanción de la Ley de Bosques, la superficie forestal disminuyó otro 8%.
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Según los autores, el sistema previsto por la Ley de Bosques enfrenta limitaciones por el bajo nivel de financiamiento y las diferencias en su aplicación entre provincias. Por eso, sostienen que los incentivos económicos deben complementarse con regulación, monitoreo y controles efectivos.
Cómo funcionan los pagos por servicios ecosistémicos en América Latina
Los PSE se aplican desde hace más de tres décadas para compensar económicamente a quienes conservan ecosistemas que generan beneficios ambientales para la sociedad.
Costa Rica constituye el caso más consolidado. Su programa nacional funciona desde 1996, financiado principalmente con impuestos a los combustibles, y permitió proteger unas 800.000 hectáreas de bosque, cerca del 15% del territorio. El esquema se apoya además en una legislación que prohíbe la deforestación y establece sanciones para quienes incumplen.
México implementó un programa nacional en 2003, financiado mayormente con recursos públicos. Entre 2003 y 2023 desembolsó alrededor de 1.300 millones de dólares y distintos estudios muestran que contribuyó a reducir la deforestación, especialmente en zonas de mayor riesgo.
Brasil y Ecuador desarrollaron modelos diferentes. El primero avanzó con programas regionales que combinan incentivos económicos y apoyo a actividades productivas sostenibles, mientras que Ecuador exploró mecanismos vinculados a los mercados de carbono y la forestación con financiamiento privado.
Por qué los incentivos económicos no alcanzan para frenar la deforestación
La revisión identificó un problema común: cuando los ingresos potenciales de la agricultura son elevados, los pagos por conservación suelen resultar insuficientes para evitar el cambio de uso del suelo.
«La sola transferencia monetaria no basta para alcanzar objetivos ambientales sólidos y duraderos«, señala el artículo. Los mejores resultados aparecen cuando los incentivos se complementan con asistencia técnica, monitoreo, fortalecimiento comunitario y alternativas productivas compatibles con la conservación.
Mercados de carbono, créditos de biodiversidad e insetting: las nuevas alternativas
Además de evaluar los programas existentes, el estudio analizó mecanismos que podrían ampliar los recursos destinados a la conservación.
Entre ellos figuran los mercados voluntarios de carbono, aunque los investigadores advierten sobre cuestionamientos vinculados con la calidad de algunos proyectos, la transparencia de las metodologías y la distribución de los ingresos. Uno de los entrevistados estimó que, por cada dólar generado, apenas 0,37 llega al propietario del campo, mientras el resto queda en la cadena de intermediación y certificación.
También aparecen otras herramientas, como el insetting, que financia acciones ambientales dentro de la propia cadena de valor de las empresas; los créditos de biodiversidad, orientados a proyectos de conservación o restauración, y las empresas de activos naturales, que buscan captar inversiones a partir del valor económico de los servicios ecosistémicos.
Qué cambios propone el estudio para mejorar la conservación de bosques en Argentina
Los autores sostienen que el desafío no consiste únicamente en aumentar el financiamiento, sino en mejorar la articulación entre incentivos económicos, regulación ambiental y mecanismos innovadores.
También señalan que los pagos previstos por la Ley de Bosques resultan bajos frente a otras experiencias regionales: mientras en Costa Rica rondan los 70 dólares por hectárea, en Argentina promediaron alrededor de 27 dólares desde la implementación del sistema.
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Como recomendaciones, proponen priorizar los recursos en zonas con alto valor de conservación y fuerte presión por el cambio de uso del suelo, además de desarrollar experiencias piloto para evaluar instrumentos como los mercados de biodiversidad, el insetting y las empresas de activos naturales antes de avanzar hacia programas de mayor escala.
