Una nueva resolución formaliza un procedimiento administrativo que fija etapas y plazos para los sumarios por infracciones de operadores agropecuarios. El esquema ya venía aplicándose durante 2025 y apunta a brindar mayor previsibilidad, transparencia y resguardo del derecho de defensa.
La resolución que moderniza el tratamiento de los sumarios por infracciones en el comercio agropecuario marca un cambio de ritmo para los operadores de granos y carnes. A partir del nuevo procedimiento administrativo, los expedientes que históricamente demandaban entre tres y diez años para su resolución pasarán a tramitarse en un plazo aproximado de 90 días, con el objetivo de que las sanciones tengan efectos oportunos sobre el funcionamiento de los mercados y no pierdan eficacia por las demoras.
La medida fue formalizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la Resolución N.º 89/2026 y establece un circuito administrativo con etapas definidas y plazos específicos para el tratamiento de las infracciones vinculadas al control comercial agropecuario.
Menos demoras y mayor previsibilidad para los operadores
El nuevo esquema será aplicable a los expedientes iniciados después de la entrada en vigencia de la resolución, aunque desde la cartera agropecuaria aclararon que el procedimiento ya venía implementándose durante 2025 por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.
LEÉ MÁS►Del maíz al salamín: una propuesta para que Santa Fe exporte más y mejor ante el acuerdo UE-Mercosur
Según el parte oficial, la actualización busca «ordenar la gestión interna, garantizar mayor transparencia y asegurar el derecho de defensa» de los operadores, mediante un proceso con «pasos claros y plazos razonables para cada etapa».
Hasta ahora, la ausencia de criterios uniformes y de tiempos definidos había provocado la acumulación de expedientes sancionatorios iniciados incluso una década atrás, con resoluciones que llegaban cuando el contexto comercial ya había cambiado.
El impacto esperado sobre la competencia en el mercado
Uno de los principales argumentos de la Secretaría es que una sanción que se aplica varios años después de detectada una irregularidad pierde capacidad para corregir conductas y desalentar prácticas desleales.
Desde el organismo señalaron que la resolución tardía de los expedientes tenía «escaso impacto en la promoción de condiciones de competencia leal entre operadores», ya que las multas demoraban demasiado en hacerse efectivas.
Con el nuevo procedimiento, la intención es que las decisiones administrativas produzcan un efecto inmediato sobre el mercado una vez detectadas las inconsistencias, evitando que los expedientes permanezcan paralizados durante años.
Reglas más ágiles para fortalecer el control comercial
La Secretaría sostiene que el nuevo mecanismo apunta a que los procedimientos sean «más previsibles, ágiles y consistentes», de manera que las medidas adoptadas puedan contribuir a un funcionamiento más ordenado de la actividad agroindustrial.
En esa línea, el organismo considera que la reducción de los tiempos permitirá que las sanciones recuperen su función preventiva y correctiva, al tiempo que ofrecerá mayores garantías para los operadores durante todo el proceso administrativo.
La resolución también busca consolidar un esquema en el que «las reglas se apliquen en tiempo y forma», favoreciendo un escenario donde quienes cumplen con la normativa puedan desarrollar su actividad con mayor previsibilidad, mientras que las inconsistencias sean abordadas «de manera rápida, clara y proporcional».
