Agromandriles: un toque de atención para educar en la filosofía libertaria a los argentinos con problemas de comprensión.
Qué lastimoso fue tener que leer esta semana las explicaciones del patético presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las implicancias del acuerdo comercial Mercosur–Unión Europea.
La UE-27 ofreció un paquete de ayuda extraordinaria de 45.000 millones de euros para el sector agropecuario a partir de 2028 —que se suma a los subsidios por 294.000 millones de euros establecidos en el presupuesto anual comunitario—, pero los productores franceses salieron a protestar igual porque no quieren competir.
Macron sostuvo que el acuerdo “no justifica exponer sectores agropecuarios sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria”. Pobre tipo. No percibe que la debilidad del campo francés reside precisamente en el hecho de que los subsidios hicieron del agro un sector pusilánime, que no sabe hacer otra cosa que pedir más dinero y reclamar el cierre de mercados.
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En la Argentina, afortunadamente, el proceso de selección instrumentado a través de los derechos de exportación permitió que tengamos a los empresarios agrícolas más eficientes, resilientes y destacados del mundo. Somos un caso de estudio a escala mundial. Deberíamos estar orgullosos.
La libertad de comercio siempre es una buena noticia para todo amante de la filosofía libertaria, pero no puedo dejar de mencionar que el acuerdo Mercosur–Unión Europea tiene un capítulo bochornoso, porque interfiere de manera indebida en la política soberana del país.
El documento firmado entre ambos bloques exige dejar de aplicar derechos de exportación a partir del tercer año desde la entrada en vigor del acuerdo, con la excepción de los productos derivados de la soja, que a partir del quinto año no podrán tener una retención superior al 18%, mientras que desde el séptimo año se establece una escala de reducción gradual que finaliza con un tope del 14% en el décimo año.
Esa injerencia resulta inaceptable —el líder Javier Milei jamás habría permitido algo así de haber sido parte de las negociaciones bilaterales—, porque lo recaudado por derechos de exportación se destina a garantizar el derecho que tienen todos los consumidores argentinos desfinanciados a ejercer su vocación natural.
No es casual que los subsidios sociales, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), hayan aumentado en el último año más de un 20% en términos reales. Se trata de una política destinada a fomentar la natalidad en un sector clave del padrón electoral para el proceso de transformación cultural de la Argentina.
Ojalá pudiera decirse lo mismo de la tilinga clase media argentina, que venía siendo subsidiada con tarifas recortadas de energía y transporte, algo que el líder, por fortuna, ya comenzó a desactivar. Ahora tienen que vivir de su propio esfuerzo, como tendría que haber sido desde siempre.
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Sin el aporte indispensable de los derechos de exportación, el Gobierno nacional tendría que recortar otras partidas esenciales para poder atender las necesidades de los más necesitados, como es el caso de las inversiones realizadas en rutas y autopistas. ¿Se imaginan qué sucedería en plenas vacaciones si la red vial fuese abandonada a su suerte? Una auténtica calamidad.
Así como Macron se quejó abiertamente sobre el acuerdo comercial, Milei tendría que hacer lo mismo. ¿Quiénes son los europeos para decirnos cuál debe ser la alícuota por aplicar? ¿Acaso no comprenden que las retenciones son vitales para poder financiar la batalla cultural? No bajemos los brazos y confiemos en la posibilidad de que esa intromisión desproporcionada pueda ser revertida. ¡Viva la libertad, carajo!
