El ex secretario de la producción Daniel Welschen advirtió que la falta de políticas sostenidas pone en riesgo décadas de avances en la conservación de los suelos en Entre Ríos. Además, reclamó actualizar la normativa vigente e impulsar acciones concretas para garantizar la sustentabilidad de la producción agropecuaria.
Entre Ríos fue, durante las décadas del ‘80 y ‘90, la provincia modelo del país en materia de conservación de suelos. Una normativa de vanguardia —la Ley N.º 8.318, sancionada en 1989— le permitió sistematizar en poco tiempo entre 600.000 y 700.000 hectáreas y, de esa manera, morigerar los efectos de la erosión hídrica, la principal limitante natural de la producción agropecuaria entrerriana.
Sin embargo, desde hace algunos años el tema parece haberse estancado y no son pocos los especialistas que impulsan una modernización de la normativa vigente para no perder los avances logrados tras la sanción de aquella ley.
Si bien desde el punto de vista técnico las investigaciones continuaron, la política se desentendió por completo de la cuestión.
Por esta razón, el exsecretario de la Producción, Daniel Welschen, recurrió a las redes sociales para expresar una preocupación que comparte con muchos actores vinculados al sector sobre una temática central para la sustentabilidad de la producción agropecuaria.
Los posteos que encendieron el debate sobre la conservación de suelos
“Pregunto: ¿La Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), cuyos integrantes hace muchos años se reúnen permanentemente, tiene algún resultado para mostrar? ¡Somos pioneros con la Ley de Conservación de Suelos de 1989 y es muy poco lo que se avanza! Funcionarios provinciales, representantes de los productores, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, INTA: el suelo no puede seguir esperándolos”, posteó Welschen.
Pocas horas antes, también por redes sociales, había planteado otra inquietud: “¿Algún día se le ocurrirá al Gobierno de Entre Ríos, junto a los representantes de los productores, implementar un plan de desarrollo ganadero? ¿Son conscientes de que la ganadería entrerriana es la actividad más ineficiente? ¿Son conscientes de que las perspectivas internacionales son inmejorables? ¿Son conscientes de que están dejando pasar un momento oportuno? ¿Son conscientes de que existe un paquete tecnológico de bajo costo que permite mejorar la productividad y conservar el monte nativo? ¡Es hora de que salgan del freezer!”.
Falta de resultados concretos y políticas sostenidas
El objetivo de estos posteos, explicó Welschen a AIRE Agro, es “movilizar un poco” a todos los actores relacionados con la conservación de los suelos.
“Por ahí pueden aparecer como una crítica, pero yo veo una Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias que se reúne prácticamente todos los meses. Hay exhortaciones a conservar el suelo, el ambiente y a instrumentar un esquema productivo sustentable en el tiempo, pero nadie muestra resultados sobre cuántos productores están adoptando estas prácticas”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó la ausencia de datos concretos y cuantificables sobre la adopción real de buenas prácticas por parte de los productores de los distintos sectores —agrícola, ganadero, lechero y avícola—. Esa falta de resultados tangibles, sostuvo, limita la posibilidad de demostrar sus beneficios económicos y ambientales.
El suelo y el agua, remarcó, aunque se encuentren en propiedades privadas, son bienes estratégicos cuyo deterioro afecta a las generaciones futuras, por lo que requieren intervención estatal e institucional.
La Ley 8.318 y el desafío de recuperar la conservación de suelos
“La experiencia histórica demuestra que la legislación y los incentivos fiscales pueden impulsar la conservación: la Ley N.º 8.318, aprobada por unanimidad, otorgó exenciones impositivas a quienes implementaran prácticas conservacionistas y se logró sistematizar entre 600.000 y 700.000 hectáreas con terrazas y otras técnicas”, destacó Welschen.
Además, estimó que la provincia necesita avanzar hacia la sistematización de entre uno y dos millones de hectáreas que continúan deteriorándose.
De no hacerlo, advirtió, será necesario utilizar mayores cantidades de fertilizantes y agroquímicos para sostener el sistema productivo, cuando existen prácticas de rotación y manejo de cultivos que permiten producir y conservar el recurso al mismo tiempo.
También subrayó la necesidad de preservar el monte nativo y recordó que, durante la tercera gestión del fallecido gobernador Jorge Busti (2003-2007), “instrumentamos un programa ganadero y, dentro de esos beneficios, el productor podía incorporarse a un Giser (Grupo de Intercambio Solidario de Entre Ríos) para recibir asesoramiento veterinario y agronómico, además de acceder a desgravaciones impositivas por el buen manejo del monte nativo”.
Actualmente, alertó, el monte nativo “está totalmente deteriorado por el mal manejo del pastoreo” y consideró imprescindible recuperarlo para aumentar la producción de carne por hectárea y la cantidad de terneros cada 100 vacas.
La desconexión entre el conocimiento técnico y la decisión política
En este tema parece existir un divorcio entre la capacidad técnica disponible y la voluntad política para implementar medidas efectivas de conservación. Aunque hay equipos altamente calificados tanto en organismos públicos como en el ámbito privado, la falta de decisión y de continuidad en las políticas ha frenado el avance.
Los programas de conservación que surgieron tras la sanción de la Ley N.º 8.318 se fueron diluyendo durante las gestiones de los gobernadores Sergio Urribarri (2007-2015) y Gustavo Bordet (2015-2023), y tampoco se retomaron con fuerza durante la actual administración de Rogelio Frigerio, pese a contar con funcionarios que conocen la problemática.
“En el gobierno de Urribarri se paró totalmente el tema de la conservación y en el de Bordet tampoco le dieron importancia. Disculpen el término, pero a mí me exacerba porque estamos perdiendo un momento histórico. Lo que no hacemos ahora, la sociedad lo va a pagar ambiental y económicamente en el futuro”, enfatizó.
El rol de las entidades de productores
Según la visión de Welschen, la responsabilidad no recae únicamente sobre el Estado. Las entidades gremiales de productores también deben promover y exigir políticas activas de conservación de los suelos.
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“Es necesario pasar de las reuniones y las charlas a acciones concretas y medibles, incluyendo la visibilización pública de los productores que aplican buenas prácticas para cambiar la percepción social sobre la producción agropecuaria”, concluyó.
