CRA y el Consejo Agroindustrial Argentino cuestionaron la falta de precisión del proyecto que busca incorporar el ecocidio al Código Penal. Advirtieron sobre riesgos para productores, empresas y responsables técnicos de distintas actividades.
El rechazo del arco productivo al proyecto que incorpora la figura del ecocidio al Código Penal se amplió en las últimas horas. Mientras la iniciativa avanzó en el Senado con dictamen favorable de comisión y se especuló con su posible tratamiento en el recinto, entidades del agro y la agroindustria alertaron que su redacción podría convertir actividades lícitas y reguladas en objeto de procesos penales.
La iniciativa, impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi, propone crear un nuevo Título XIV sobre “Delitos contra el ambiente” e incorporar sanciones para daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles.
El proyecto obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En los últimos días, Terenzi pidió tratamiento de preferencia para la próxima sesión, aunque Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, buscó llevar tranquilidad al sector y aseguró que la iniciativa no sería tratada en el recinto.
LEÉ MÁS►«La demora no es neutral»: Barbechando reclama decisión política para los biocombustibles
CRA cuestionó la falta de precisión de la figura penal
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa y sostuvo que la protección ambiental no debe utilizarse como fundamento para crear normas penales imprecisas.
La entidad remarcó que Argentina ya cuenta con un marco normativo integrado por la Ley General del Ambiente, la legislación sobre residuos peligrosos y normas provinciales. Para CRA, el desafío pasa por “hacer cumplir eficazmente la legislación vigente” y no por sumar nuevos delitos con definiciones ambiguas.
Entre sus principales objeciones, mencionó conceptos como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” y “afectación multiecosistémica”, que —según advirtió— carecen de parámetros objetivos suficientes para determinar qué conductas podrían constituir un delito.
CRA también alertó que una misma conducta podría recibir interpretaciones diferentes según la jurisdicción y cuestionó el alcance de las penas. “La amenaza de sanciones desproporcionadas puede paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica”, señaló.
La preocupación alcanza, según la entidad, no sólo al agro, sino también a la industria, minería, energía, infraestructura y transporte.
El Consejo Agroindustrial pidió que el Senado no avance
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a cadenas productivas del país, elevó una nota a los senadores para solicitar formalmente que el proyecto no sea tratado.
La entidad cuestionó el dictamen de mayoría —Orden del Día Nº 122/2026— y sostuvo que presenta “graves defectos de técnica legislativa” que comprometen la seguridad jurídica necesaria para las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras e industriales.
Uno de los principales reparos apunta a que el proyecto contempla daños producidos al violar “cualquier normativa vigente de protección ambiental”. Según el CAA, esa amplitud podría hacer que la infracción a una resolución administrativa o una ordenanza municipal se convierta en el punto de partida de un delito federal.
También cuestionó la incorporación de una figura de ecocidio culposo, que permitiría investigar penalmente hechos vinculados con imprudencia, negligencia o impericia. El CAA advirtió que contingencias operativas, fallas técnicas o accidentes podrían exponer a directivos, ingenieros y responsables técnicos a penas de prisión.
Remediación, sanciones y actividades autorizadas
Otro de los cuestionamientos del Consejo se relacionó con la definición de daño irreversible. El dictamen establece que esa condición podría configurarse independientemente de las medidas de mitigación o remediación que se apliquen posteriormente.
Para el CAA, esa redacción podría desincentivar la inversión destinada a recomponer áreas afectadas. Además, cuestionó las multas y la posibilidad de suspender actividades, al considerar que podrían afectar incluso la continuidad de empresas antes de una sentencia firme.
La entidad también señaló que el proyecto no diferencia con suficiente claridad entre impacto ambiental y daño ambiental. Según sostuvo, toda actividad humana genera algún impacto, que puede estar permitido dentro de parámetros establecidos mediante estudios y autorizaciones, mientras que el daño supone una alteración negativa relevante y antijurídica.
En ese sentido, ambas organizaciones coincidieron en que la redacción actual podría abrir la puerta a interpretaciones judiciales sobre actividades productivas desarrolladas dentro de los marcos regulatorios vigentes.
El reclamo por reglas claras para producir
CRA pidió una revisión integral del proyecto antes de avanzar con cualquier modificación al Código Penal. “La defensa del ambiente debe ser compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo”, planteó.
LEÉ MÁS►Retenciones: la Bolsa de Rosario y Pullaro pidieron que la eliminación quede establecida por ley
El Consejo Agroindustrial, por su parte, solicitó que el Senado no avance en la sesión ordinaria y ofreció acercar informes técnicos sobre las consecuencias constitucionales, macroeconómicas y productivas de la iniciativa.
La posición de ambas entidades se sumó al rechazo que ya había expresado la Sociedad Rural Argentina frente al proyecto, en un debate que ahora quedó atravesado por las dudas sobre su tratamiento legislativo y por el alcance que tendría la nueva figura penal sobre las actividades que utilizan recursos naturales o intervienen sobre el territorio.
