El dictamen reunió 41 firmas y propone penas de hasta 8 años de prisión para quienes dañen cultivos, ganado o infraestructura productiva. El debate en comisión incluyó un cruce entre Myriam Bregman y Martín Ardohain a partir de una referencia de la diputada al robo de choclos.
El proyecto para penalizar los actos de vandalismo y el delito rural avanzó en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en busca de la media sanción. El dictamen fue aprobado este martes 6 de octubre por las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería, con 41 firmas a favor y el respaldo del PRO, La Libertad Avanza y sus aliados.
La iniciativa, impulsada por Martín Ardohain (PRO-La Pampa), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, incorpora al Código Penal un delito específico para el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y agrava las penas por daños que afecten directamente la actividad agropecuaria.
El tratamiento tuvo además un momento de fuerte polémica por los dichos de Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, quien cuestionó el alcance de las propuestas y contó, entre risas: “Yo nací en el campo, iba a robar choclo”.
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Qué dice el dictamen sobre el vandalismo rural
El nuevo artículo 150 bis establece una pena de uno a doce meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.
Esa voluntad se presume cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. El texto exceptúa los casos de necesidad justificada, auxilio o aquellos en los que no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.
El segundo eje incorpora el artículo 184 bis y fija penas de dos a ocho años de prisión y multas de tres a doce veces el valor del daño causado cuando se afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
La protección alcanza a cereales y oleaginosas, plantaciones, ganado, aves y animales de granja, forrajes y productos durante su transporte. También contempla bienes e instalaciones afectados de manera directa a la producción, como paneles solares, bombas, generadores, sistemas de riego, alambrados, tranqueras, silos, corrales y reservas hídricas.
Las penas se duplican si interviene un funcionario público, se utilizan conocimientos técnicos específicos o se abusa de una relación laboral o de confianza con el damnificado.
El cruce por los “choclitos” que tensó el debate
Bregman sostuvo que los proyectos debían analizarse junto con la discusión sobre la ley de tierras y cuestionó que apuntaran a proteger a grandes propietarios.
“No nos quieran vender que acá estamos dando una discusión del pobre productor agrario que le sacaron dos choclos al campo”, afirmó. Y agregó: “No están hablando del que saca unos choclitos para darle de comer a las gallinas, no están hablando de eso”.
La referencia al robo de choclos provocó la respuesta de Ardohain, quien defendió el proyecto como una demanda de los productores. “Este es un pedido del campo argentino. Provincia a la que vayan, hablan de la inseguridad que tienen en la vida diaria”, sostuvo.
Antes del cierre de la comisión, el diputado volvió sobre el comentario de Bregman: “Alguna diputada, risueñamente, dijo que robó choclos. Está mal robar, diputada, está mal. Es un chiste, pero está mal, está mal. Es muy malo el mensaje que les damos a los chicos, a todos”.
Barbechando valoró el avance en el Congreso
Fundación Barbechando consideró que el dictamen responde a una necesidad concreta del sector y cuestionó la diferencia entre la protección del domicilio urbano y los límites de los establecimientos rurales, como alambrados y tranqueras.
La entidad remarcó que la inseguridad rural se desarrolla además en territorios con grandes distancias, caminos deficientes, falta de conectividad y lejanía de las fuerzas de seguridad. Por eso, sostuvo que “el campo deje de ser tierra de nadie” requiere un marco normativo de largo plazo y no solamente respuestas frente a hechos puntuales.
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Con la aprobación en comisión, la iniciativa quedó habilitada para buscar la media sanción. Barbechando destacó las 41 firmas como una primera señal de apoyo y expresó su expectativa de que el proyecto sea tratado en el recinto antes de fin de año.
