La Fiscalía concluyó que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal por la presunta desaparición de hacienda. Mientras el reclamo por los animales restantes queda abierto a una eventual discusión civil, la defensa de Nicolás Coscia anticipó una acción judicial por servicios impagos de pastaje.
La investigación penal iniciada tras la denuncia del agroinfluencer Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, por la supuesta desaparición de ganado llegó a su fin en la Justicia penal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Villa Constitución resolvió archivar el expediente al considerar agotada la instancia investigativa y entender que no existen elementos suficientes para continuar impulsando una acción penal con vistas a una acusación formal o un eventual juicio oral.
La decisión fue comunicada este martes 16 de junio y en su resolución la Fiscalía sostuvo que el objetivo de protección patrimonial que motivó la intervención estatal ya fue cumplido y que los conflictos remanentes entre las partes exceden el ámbito del derecho penal.
La Fiscalía dio por concluida la investigación penal
La causa se había iniciado en marzo, cuando Riboldi denunció ante la Justicia y en redes sociales el faltante de 190 bovinos. Con el avance de la investigación, la Fiscalía logró reconstruir el destino de los animales y determinar que el denunciante recuperó la posesión de 161 cabezas.
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Sin embargo, el productor mantiene un reclamo por otras 29 cabezas que considera pendientes. Para el MPA, esa controversia, junto con otros desacuerdos económicos derivados de la relación comercial entre las partes, ya no justifica la continuidad de la intervención penal.
En la decisión de archivar la causa, la fiscalía argumentó que no se verifican “razones de política criminal” ni elementos suficientes para sostener una persecución penal orientada a un juicio oral.
El conflicto podría continuar en el fuero Civil y Comercial
La decisión judicial no implica el cierre definitivo de todos los reclamos vinculados al caso. Por el contrario, la Fiscalía consideró que las cuestiones aún pendientes deben discutirse en el ámbito Civil y Comercial.
Desde el MPA señalaron que los aspectos que subsisten entre Riboldi y Nicolás Coscia están vinculados principalmente con consecuencias económicas y patrimoniales derivadas de una relación comercial preexistente.
“La eventual reparación o recomposición excede el ámbito de intervención propio del derecho penal”, explicaron desde el organismo.
Hasta el momento, no existe una demanda civil iniciada por Riboldi por las 29 cabezas de ganado que continúa reclamando. La decisión de avanzar por esa vía quedará ahora a criterio del denunciante.
La defensa de Coscia anticipó una demanda por servicios de pastaje
Mientras Riboldi evalúa los pasos a seguir, la defensa de Nicolás Coscia adelantó que impulsará acciones judiciales contra su exsocio.
Según informaron sus abogados, el planteo estará centrado en el cobro de una deuda por los servicios de pastaje y cuidado de los animales, además de los perjuicios que, según sostienen, se generaron durante el conflicto.
De concretarse, el expediente podría continuar en el ámbito Civil y Comercial, aunque con una particularidad: quien durante meses estuvo imputado en la causa penal pasaría a ocupar el rol de demandante.
Qué implica el archivo dispuesto por el MPA
La resolución de la Fiscalía aclara que el archivo no constituye una declaración de inocencia ni una afirmación de que los hechos denunciados no hayan existido.
En los fundamentos, el MPA sostiene que la intervención penal fue inicialmente legítima y necesaria para proteger los intereses involucrados y ordenar una situación conflictiva que justificaba una actuación urgente del Estado.
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En ese sentido, el archivo reconoce la validez de la investigación realizada, pero concluye que las controversias que permanecen abiertas tienen naturaleza patrimonial y contractual, por lo que deben resolverse fuera del sistema penal.
A partir de la notificación de la medida, las partes cuentan con cinco días para solicitar una revisión de la decisión. Si no hay planteos que modifiquen lo resuelto, la discusión continuará —si alguna de las partes decide impulsarla— en los tribunales civiles.
