Trabajadores de distintas plantas se concentraron frente a los Tribunales de Rafaela para exigir el cobro de hasta seis meses de haberes adeudados y la continuidad operativa de la empresa. Advirtieron que, sin respuestas concretas, podrían avanzar con medidas de mayor impacto sobre los tambos de la familia Espiñeira.
En una nueva manifestación de trabajadores, en un contexto de parálisis productiva y creciente incertidumbre, durante la mañana de este miércoles 17 de junio un grupo se concentró frente a los Tribunales de Rafaela con carteles que exigieron el pago de salarios adeudados y la reactivación de Lácteos Verónica.
Reclamo frente a los Tribunales de Rafaela
Empleados de las plantas de Suardi y Lehmann, también en representación de los de Clason, volvieron a visibilizar su situación de extrema incertidumbre laboral y salarial.
“Estamos reclamando cobrar lo adeudado, ya son seis meses sin percibir un peso. Queremos que la Justicia haga su trabajo de una vez por todas”, expresó José, uno de los delegados de Suardi. El trabajador apuntó además a una situación de incumplimientos prolongados por parte de la familia Espiñeira, a la que acusan de sostener una cadena de deudas desde hace años y de haber interrumpido los pagos salariales desde febrero, con haberes impagos desde diciembre.
En Suardi, 88 empleados presentaron un reclamo colectivo ante el Juzgado Laboral de San Cristóbal. “Lo que queremos es la continuidad laboral, que la planta siga funcionando. Es una localidad chica y el parate golpea muy duro. No hay circulación de dinero ni oportunidades para reinventarse”, explicó Gabriel, quien describió una economía familiar sostenida por changas y ayuda de allegados.
“Nunca en 28 años de fábrica pensé vivir algo así. La malicia de esta gente no tiene nombre, no tienen piedad por las familias ni por los empleados que generaron su fortuna”, denunció otro trabajador. También recordaron que la última visita de Alejandro Espiñeira a la planta fue en octubre, cuando prometió continuidad operativa, algo que los empleados consideran incumplido.
Según los trabajadores, las plantas siguen funcionando únicamente gracias a su esfuerzo. “Ingresa un litro de leche y funciona todo. No queremos bajar los brazos, pero exigimos que nos paguen lo que nos deben”, señaló José, quien advirtió que la situación los afecta “psicológica, económica y familiarmente”.
La indignación también crece por el hecho de que, mientras las plantas de Lácteos Verónica atraviesan una crisis operativa, la familia propietaria mantendría actividad en su unidad agropecuaria y derivaría producción a otras empresas, sin reinversión en la firma en conflicto.
En las últimas horas circularon versiones sobre posibles negociaciones por parte de la deuda, aunque sin confirmaciones oficiales.
El gremio solo acompaña
En paralelo, la participación sindical volvió a quedar bajo la lupa. Hace dos semanas, una protesta similar se había desarrollado frente a la Secretaría de Trabajo en Rafaela y luego en la sede local de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
En este contexto, intervino ATILRA. Su secretario general en Rafaela, Domingo Posetto, afirmó durante la manifestación: “Los Espiñeira nunca fueron gente de palabra y menos lo van a ser ahora, cuando se han apoderado de las acreencias de los trabajadores”.
El dirigente sostuvo además que la empresa adeuda aportes vinculados al gremio, la obra social y la mutual, y cuestionó la falta de respuesta de la compañía ante la crisis laboral. “Lo triste es que los compañeros hayan perdido su salario para llevar alimentos a sus hogares”, señaló.
Desde el sindicato remarcaron que los reclamos judiciales por salarios impagos continúan en curso y que, en muchos casos, se tramitan en los Tribunales que hoy fueron escenario de la protesta.
Firmeza desde la Justicia
En el plano judicial, los trabajadores advierten que los incumplimientos laborales e impositivos no han tenido hasta ahora una respuesta contundente. Aunque el proceso penal es complejo, la movilización permitió la presentación de un petitorio en la Fiscalía Regional, con foco en la criminalidad económica.
El documento solicita la intervención urgente ante una “profunda crisis de subsistencia” que afecta tanto a afiliados como a trabajadores no sindicalizados, denunciando la destrucción de la “dignidad laboral” y una “asfixia económica”.
También reclama medidas cautelares firmes, como inhibiciones de bienes y embargos sobre la empresa y su patrimonio, además de una articulación entre distintas jurisdicciones y poderes del Estado.
En este marco, crece el malestar por la falta de respuestas políticas locales, aunque sí se registran intervenciones parciales desde ámbitos provinciales.
“Nos están llevando al extremo de tomar medidas que no queremos. Si no nos escuchan, vamos a terminar bloqueando los tambos”, advirtieron los trabajadores. Se refieren a los establecimientos de la familia Espiñeira en las inmediaciones de Totoras, con una produción diaria estimada en 30.000 litros diarios que estarían enviando hacia otra industria.
La vida trastocada
El impacto social de la crisis se profundiza en los hogares. “Tengo una hija estudiando medicina en Córdoba. Con ayuda de familiares y amigos la sostenemos, pero hay familias con niños pequeños que no tienen qué comer”, relató Gabriel.
Luciana, otra trabajadora, describió una situación de supervivencia diaria: “Tenemos un alquiler que pagar, pero el sueldo fijo no está. Hacemos changas porque él todavía sigue formalmente empleado en Verónica”.
En muchos hogares, la falta de ingresos regulares obliga a priorizar gastos básicos. “Estamos pagando alquiler y luz, nada más. Lo demás no se paga: bancos, cuotas, manutenciones. Hay deudas acumuladas de más de seis meses”, resumió.
