El esquema se aplicaría solo a nuevas variedades y se basaría en controles en el primer punto de entrega del grano. Los obtentores tendrían 60 días para reclamar ante detecciones de uso indebido.
El Gobierno nacional presentó este lunes 27 de abril a las principales entidades del agro un proyecto para reforzar la fiscalización de semillas sin modificar la legislación vigente. La iniciativa fue expuesta en un encuentro con dirigentes rurales, técnicos y representantes de obtentores, donde se remarcó que el objetivo es mejorar los controles sin alterar el funcionamiento actual del sistema.
Un sistema que apunta a la trazabilidad en origen
La propuesta oficial plantea que la fiscalización se realice en el primer punto de entrega del grano —acopios, plantas de procesamiento y puertos—, considerado como el lugar más eficiente para monitorear la mercadería antes de su dispersión.
Según el Ministerio de Desregulación, “este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión”. En ese ámbito, a los análisis habituales de calidad —como humedad o estado del grano— se les sumaría la identificación varietal mediante estudios de laboratorio.
LEÉ MÁS►Mercado algodonero: menos semillas fiscalizadas y más presión por cambiar las reglas de juego
El mecanismo prevé que esos análisis “van a tener un plus que va a estar en manos de laboratorios que van a decir qué variedad es”, y cuyos resultados serán informados tanto al obtentor como al Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Cómo funcionará el control y quiénes participan
El esquema contempla una articulación público-privada. Participarían inicialmente las Bolsas y las Cámaras Arbitrales, junto con laboratorios que deberán inscribirse y ser habilitados por el INASE para realizar los muestreos.
Además, se integrará con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), lo que permitirá vincular la identificación varietal con herramientas de trazabilidad fiscal ya existentes. “Esto permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal”, señalaron desde la cartera oficial.
Los análisis deberán realizarse con métodos reconocidos por el INASE y con resguardo de muestras de respaldo. Los resultados serán enviados directamente a los titulares de las variedades registradas, quienes podrán iniciar acciones si detectan irregularidades.
Plazos y alcance: solo nuevas variedades
Uno de los puntos centrales es que el sistema no tendrá efecto retroactivo. La aplicación será únicamente sobre nuevas variedades que se incorporen en el futuro.
El presidente de CRA, Carlos Castagnani, explicó al sitio Valor Agro Argentina que la propuesta “no cambia cómo se está manejando el sistema” y confirmó que comenzaría a regir “con las nuevas variedades”. En la actualidad, existen unas 700 variedades sobre las que no se aplicaría el esquema, por lo que “para las que ya existen la situación seguiría como está”.
Reclamos y sanciones: el rol de los obtentores
En caso de detectarse el uso de una variedad protegida sin autorización, los obtentores tendrán un plazo acotado para actuar. “Cuando se detecte una variedad con propiedad intelectual protegida, los obtentores tienen 60 días para realizar el reclamo correspondiente. En el día 61 queda sin efecto”, detalló Castagnani.
El trámite será impulsado por los propios titulares de las variedades, quienes podrán presentar denuncias ante el INASE y eventualmente avanzar con acciones civiles o penales. Las infracciones se encuadrarán en lo previsto por la Ley 20.247.
Consenso inicial y próximos pasos
Desde las entidades rurales destacaron el tono del encuentro. “La reunión fue positiva”, resumió Castagnani, quien recordó que previamente ya existía acuerdo en la necesidad de avanzar en mecanismos de fiscalización.
También subrayó que “esto no tiene absolutamente nada que ver con la Ley de Semillas”, al tratarse de una reglamentación enfocada exclusivamente en controles.
LEÉ MÁS►Ley de semillas: fuerte crítica de Apronor y llamado al diálogo de CRA
El proyecto será tratado en la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y, según se anticipó, buscará consolidarse como “un acuerdo entre toda la cadena”. Aun así, las entidades deberán fijar una posición institucional en sus respectivos órganos internos.
Por ahora, temas más amplios como UPOV 91 quedaron fuera de la discusión. “Sabemos que ahí vamos a tener diferentes miradas”, admitió el dirigente rural.
