Concejales rechazaron un veto del intendente y dejaron firme la ordenanza que redefine la implementación de barreras forestales. La norma establece apoyo estatal con provisión de insumos, asistencia técnica y financiamiento para que los productores puedan avanzar sin afrontar solos los costos.
El Concejo Municipal de Rafaela rechazó el jueves 9 de abril el veto total del intendente Leonardo Viotti a la Ordenanza N.º 5.643, consolidando así la normativa sobre barreras forestales en el periurbano. La decisión fue tomada por unanimidad de los nueve ediles y deja firme un esquema que implica un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, en plazos lógicos para los productores.
De este modo, la Municipalidad local deberá proveer de forma gratuita las especies nativas o adaptadas, además de brindar asistencia técnica profesional, créditos blandos y aportes económicos para cubrir los costos de implantación y desarrollo de las cortinas forestales. Por su parte, los productores deberán ejecutar las cortinas cuando las condiciones estén garantizadas y medie una notificación previa, con 90 días de plazo.
En un comunicado dado a conocer por la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela (ACPUR), se remarcó que “el Poder Legislativo de Rafaela se unió detrás de una respuesta sólida, gestada por el concejal Lisandro Mársico y su equipo, para dar solución a grandes interrogantes. Más allá de los colores políticos, su mirada, la de sus colegas y seguramente la de la comunidad toda por ellos representada hicieron foco en la factibilidad y concreción ordenada y mancomunada de una propuesta medioambiental, productiva y urbana beneficiosa para todos”.
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En el periurbano rafaelino, las cortinas forestales serán una realidad progresiva, sin castigos exagerados, en una combinación de intereses públicos y privados, pero otorgando clara prevalencia al cuidado del ambiente y de las personas.
Cómo se llegó a este punto
En el desarrollo de temas vinculados a la aplicación de fitosanitarios en el periurbano de Rafaela, que se remontan al comienzo de esta década, esta definición marca una nueva instancia de clarificación en cuanto a las condiciones impuestas desde el municipio y el Concejo local para los productores.
El recorrido comenzó con la sanción de la Ordenanza 5.331, en diciembre de 2021, luego de un largo tironeo en el que la ciencia tuvo mayor peso. Allí se definió el sostenimiento de una restricción en los primeros 200 metros desde el límite periurbano. El proceso tuvo incluso un paso por tribunales, donde se remarcó la importancia de las cortinas forestales como una medida de acción propositiva que debía acordarse para complementar la normativa.
Sin conflictos en la ciudad ni denuncias por prácticas contrarias a la legislación local, provincial o nacional, y con un sistema de información detallado sobre aplicaciones, se creía que el debate estaba cerrado. Sin embargo, los requerimientos sobre barreras forestales extendieron las negociaciones con el sector agropecuario.
Cortinas compartidas y dificultades del sector
Poniendo énfasis en la implantación de árboles en doble línea como protección lindera frente a la aplicación de fitosanitarios, en enero el Concejo Municipal ya había aprobado por unanimidad —el día 13— el plan propuesto por el concejal Lisandro Mársico, que buscaba equilibrar la protección ambiental con la viabilidad productiva.
El esquema contemplaba las dificultades del sector: altos costos de implantación y mantenimiento, daños por plagas y enfermedades, y una baja tasa de supervivencia de las especies, en un contexto de fuerte incidencia climática. Por eso, se proponía una implementación gradual, con una fase preparatoria de hasta doce meses, una etapa de ejecución de tres años y una fase de consolidación y mantenimiento con monitoreo durante cinco años.
La Ordenanza 5.643 apuntaba así a evitar un proceso de descapitalización de los productores del periurbano, distribuyendo responsabilidades y costos.
El veto y su rechazo
Días después de la aprobación, el Departamento Ejecutivo Municipal vetó la norma. El gobierno encabezado por Leonardo Viotti objetó el traslado de costos al erario público en beneficio de un grupo reducido de productores, sin mecanismos de compensación ni garantías de equidad distributiva. También advirtió que los acuerdos particulares podrían derivar en demoras o judicialización.
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Sin embargo, el Concejo Municipal rechazó ese planteo y ratificó la ordenanza, consolidando un modelo que combina intervención estatal y compromiso privado para avanzar en la implementación de cortinas forestales en el periurbano.
