El relevamiento provincial expuso desvíos de fondos, uso irregular de tierras y graves falencias administrativas en un predio estratégico del norte santafesino. Tras los hallazgos, el Gobierno de Santa Fe rescindió el convenio de gestión, recuperó el control del establecimiento y dio intervención a la Justicia.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó este martes los resultados de una auditoría que detectó graves irregularidades en la administración del Centro Operativo Experimental Tacuarendí (COET), un predio provincial de más de 7.800 hectáreas ubicado en el departamento General Obligado.
A partir de esos hallazgos, el Ministerio de Desarrollo Productivo resolvió rescindir el convenio con la Asociación Cooperadora Tacuarendí, recuperar la tenencia de las tierras y cancelar la personería jurídica de la entidad.
El informe fue dado a conocer por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien detalló las conclusiones de la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Provincia (Sigep).
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Desde el gobierno indicaron que la investigación se inició luego de reiterados pedidos de información que no obtuvieron respuesta y que evidenciaron un alejamiento sostenido de los objetivos originales del centro experimental, creado como una unidad de apoyo a la investigación agropecuaria, la transferencia tecnológica y la producción de materiales genéticos.
Falta de contratos, ingresos sin respaldo y desvío de bienes públicos
Entre los principales hallazgos, la auditoría reveló que el 91,82 % de las tierras del predio —unas 7.222 hectáreas— se encontraban ocupadas sin contratos formalizados. Además, el 65,72 % de los ingresos registrados, por un total de 44,5 millones de pesos, carecía de comprobantes fiscales.
También se detectó el desvío y posterior remate de maquinaria adquirida con aportes estatales, por un monto estimado en 80 millones de pesos, la existencia de plazos fijos no registrados por 24 millones de pesos y diferencias entre el stock de ganado real y el declarado en los registros oficiales.
Según se detalló, el informe de la Sigep expuso además ingresos sin respaldo fiscal, egresos en efectivo sin documentación y la simulación de registros contables para ocultar la salida de fondos.
Estos elementos llevaron al Ministerio a disponer, en octubre de 2024, la rescisión del convenio de uso de las tierras y la recuperación del predio. Posteriormente, en noviembre de 2025, se avanzó con la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Cooperadora mediante una resolución ministerial y se solicitó su baja en el registro correspondiente.
Intervención de la Fiscalía y posible perjuicio al Estado
En paralelo, el ministro Puccini elevó el 26 de diciembre de 2025 un pedido de investigación a la Fiscalía General para que se determine si las irregularidades detectadas implicaron un perjuicio económico para el Estado provincial.
Con la recuperación del control del establecimiento, la Provincia avanzó en una nueva estructura de gestión. En junio de 2025 fue designado Alejandro Abdala como coordinador general de los Centros Operativos Experimentales y laboratorios provinciales, con el objetivo de alinear su funcionamiento al plan estratégico del gobierno. En el caso puntual de Tacuarendí, la responsabilidad quedó a cargo de Martín Ponticelli.
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Desde el Ministerio se informó que el predio será reorientado hacia un área de investigación y desarrollo agro-foresto-ganadero, con la participación de universidades, organismos técnicos y entidades del sector productivo. La nueva etapa buscará fortalecer la cadena forestal, los sistemas silvopastoriles y otras iniciativas productivas para el norte santafesino.
La presentación del informe se realizó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores y representantes locales, en un acto que marcó el cierre de la etapa administrativa anterior y el inicio de un nuevo esquema de control estatal sobre uno de los predios productivos más extensos de la provincia.
