La empresa acumula más de $6.818 millones de deuda posconcursal y trabaja al 60% de su capacidad, con una estructura patrimonial negativa. El proceso también deberá resolver la situación de los trabajadores, luego de que no se homologara el acuerdo laboral alcanzado bajo el artículo 223 bis.
El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó el pedido de Algodonera Avellaneda S.A. para excluir al Banco de la Nación Argentina del cómputo de las mayorías y, ante la falta de acuerdo con los acreedores, habilitó una nueva instancia para intentar evitar la quiebra de la empresa.
La resolución, conocida este lunes 14 de septiembre, marca el inicio del proceso de salvataje previsto por la Ley de Concursos y Quiebras. Desde esta etapa, acreedores, terceros interesados y cooperativas de trabajadores, entre otros, podrán presentar propuestas para alcanzar un acuerdo y eventualmente adquirir las acciones de la compañía.
Banco Nación: por qué la Justicia rechazó excluirlo
Algodonera Avellaneda había solicitado que el BNA fuera considerado un «acreedor hostil» y quedara fuera del cálculo de las mayorías. La empresa argumentó que el banco concentra más del 80% del pasivo quirografario y que su negativa a aceptar la propuesta de pago impedía avanzar con la reestructuración.
Lorenzini descartó ese planteo. Según el fallo, no se acreditó que el banco haya actuado con mala fe, dolo, intención de eliminar a un competidor o voluntad deliberada de perjudicar a la firma.

El magistrado consideró legítima la decisión de la entidad estatal de no aceptar quitas de capital o plazos prolongados para recuperar los créditos. En ese sentido, señaló que los funcionarios del Banco Nación deben actuar en resguardo del patrimonio público y dentro de las obligaciones establecidas por su Carta Orgánica y la Ley de Entidades Financieras.
El juez también aclaró que la posición dominante del BNA dentro del pasivo no surgió de una maniobra de la entidad. Su peso en el concurso está relacionado con los avales e hipotecas que Algodonera Avellaneda asumió para respaldar a empresas vinculadas.
Una empresa con graves problemas financieros y productivos
Para Lorenzini, aun si se apartara al Banco Nación del cómputo de las mayorías, persistirían los problemas estructurales que atraviesa Algodonera Avellaneda.
El fallo advierte sobre un pasivo posconcursal proyectado en más de $6.818 millones, correspondiente a obligaciones acumuladas durante 2025 y 2026 por energía, impuestos y salarios.
A esto se suma una producción que actualmente alcanza apenas el 60% de la capacidad instalada. La planta trabaja mediante contratos de fazón que permiten cubrir los salarios, pero que no generan un margen suficiente para atender el resto de las obligaciones financieras.
El magistrado también remarcó que la compañía presenta patrimonio neto negativo, ya que sus deudas superan ampliamente el valor de sus activos. En el plano laboral, además, no pudo homologarse ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe el acuerdo alcanzado con los trabajadores bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cuándo comienza el cramdown de Algodonera Avellaneda
Concluido el período de exclusividad sin que la empresa alcanzara las mayorías necesarias para homologar una propuesta, Lorenzini dispuso la apertura del Registro de Salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley 24.522.
La inscripción estará abierta desde las 7:30 del martes 29 de septiembre hasta las 12:30 del lunes 5 de octubre de 2026.
Podrán anotarse acreedores, terceros interesados, cooperativas de trabajadores constituidas o en formación y también la propia concursada. Los interesados deberán cumplir condiciones específicas que serán establecidas por la Sindicatura.
Entre los requisitos excluyentes se contempla acreditar trayectoria en la actividad textil, contar con canales comerciales activos y demostrar buena conducta tributaria durante los últimos cinco años.
La apertura del cramdown no implica todavía la quiebra de Algodonera Avellaneda. Abre, en cambio, una instancia en la que nuevos interesados podrán intentar formular una propuesta que permita sostener la empresa y evitar su liquidación, en un proceso que tendrá como punto de partida el complejo escenario financiero, productivo y laboral señalado por la propia Justicia.
