Entidades rurales cuestionaron la Resolución 201/26 del Senasa y advirtieron sobre posibles impactos en el sistema sanitario vigente. Mientras crecen las sospechas sobre un eventual cambio de estrategia oficial, otras voces valoran la mayor autonomía para los productores.
La decisión del Gobierno nacional de habilitar a los productores ganaderos a elegir veterinarios privados —acreditados por el Senasa— para aplicar vacunas obligatorias como aftosa y brucelosis generó fuertes reacciones en Entre Ríos.
La medida, oficializada mediante la Resolución 201/26, regirá desde 2027 y apunta, según el Gobierno, a descentralizar el sistema, mejorar la eficiencia y reducir costos.
Sin embargo, la mayoría de las entidades salió a cuestionarla, defendiendo el esquema actual basado en fundaciones y alertando sobre posibles riesgos sanitarios.
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Farer rechaza la resolución y advierte riesgos sanitarios en el sistema de vacunación
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) rechazó la medida, a la que calificó de “innecesaria e inoportuna”, por introducir riesgos en un sistema que “ha demostrado eficacia durante décadas”.
Si bien admitió que el esquema actual “puede ser perfectible”, destacó que garantiza correcta aplicación, cadena de frío y amplia cobertura sanitaria.
También advirtió que habilitar la vacunación directa por veterinarios privados podría fragmentar el sistema y debilitar controles, además de afectar el carácter solidario que permite cubrir zonas marginales.
“La sanidad no puede comprometerse por decisiones políticas”, sostuvo la entidad, que consideró la resolución “desacertada, inconsulta y carente de respaldo técnico”.
Su presidente, Sergio Dalcol, sumó críticas al recordar cambios recientes del Senasa en el calendario de vacunación. “No se consultó como corresponde a las Coprosas; fueron consultas puntuales con la decisión ya tomada”, afirmó.
Sobre la nueva resolución, fue más directo: “La pusieron sobre la mesa sin consulta. Hay productores que quieren dejar de vacunar, y ese reclamo viene desde adentro del sector”.
Dalcol vinculó esa postura con la lógica oficial: “En el afán de la motosierra, pueden ver la vacunación como un gasto a eliminar, sin medir consecuencias”.
Advirtió que un brote de aftosa tendría impacto económico grave y que el Senasa no tiene capacidad suficiente para un control epidemiológico sin vacunación. Además, remarcó que cambiar el estatus sanitario “no garantiza apertura de mercados”.
Por eso, dijo tener “serias sospechas” de que el objetivo final sea dejar de vacunar. “Sería bueno que el Gobierno lo diga claramente”, planteó.
En la misma línea, la Federación Agraria Argentina (Distrito Entre Ríos) rechazó la medida y recordó el antecedente de los años ’90, cuando se dejó de vacunar y la aftosa reapareció, provocando el cierre de mercados.
“Esto parece responder más a caprichos que a un análisis técnico serio”, señalaron.
La Sociedad Rural Argentina apoya la medida, pero pide garantizar la sanidad
Desde la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere adoptó una postura más equilibrada. Consideró que ampliar la capacidad de decisión del productor “es positivo”.
No obstante, advirtió que “es fundamental resguardar la seguridad sanitaria” y destacó el rol central del Senasa.
“Cualquier reducción de costos debe coexistir con un sistema sanitario sólido”, subrayó.
El Colegio de Veterinarios destaca la libre elección y el rol profesional
La presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, Carolina Lell, valoró la resolución al considerar que “abre un camino vedado durante años”, en referencia al rol profesional en la vacunación.
Señaló que a nivel internacional crece la tendencia a dejar de vacunar en países libres de aftosa. “La medida permitirá integrar más a la veterinaria al sistema productivo”, afirmó.
Además, destacó que el productor podrá elegir entre la fundación o su veterinario, y confió en que la trazabilidad garantizará controles y auditorías.
Firpo propone cambios graduales y pone en duda el fin de la vacunación
El veterinario Victorio Firpo, con amplia trayectoria en sanidad animal, repasó los orígenes del sistema actual. Recordó que las primeras experiencias con veterinarios generaron problemas por fallas en la vacuna, lo que derivó en el esquema con paratécnicos. “Siempre defendí a los colegas, y el tiempo mostró que el problema era la vacuna”, señaló.
También contó que impulsó sin éxito una ley para incorporar a los veterinarios como corresponsables sanitarios. Hoy, su postura es mantener el esquema actual, aunque con ajustes: “Vacunar solo hasta los 2 años; con cuatro dosis alcanza”.
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Coincidió con críticas al calendario: “Es un error vacunar en junio para nuestros sistemas”. Y sobre la nueva resolución, advirtió que podría afectar económicamente a la Fucofa, lo que obligaría al Estado a intervenir. “Desarmar el sistema no se justifica”, sostuvo.
Sin embargo, dejó abierta una mirada de transición: “Probablemente, en algún momento se deje de vacunar, pero no es para hacerlo ahora”.
