En base a un trabajo de Meprolsafe y Carsfe, desde CRA advierten que la elevada presión tributaria sobre el sector lechero compromete la rentabilidad de los tambos y favorece la informalidad. Las entidades reclaman una reforma impositiva que reduzca costos, estimule la inversión y mejore la competitividad de la producción láctea argentina.
La presión impositiva que soporta la lechería argentina volvió a encender señales de alerta a partir de un informe elaborado por la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), difundido por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
«El número de impuestos y de renta perdida es abrumador”, advierten los tamberos. El trabajo sostiene que la elevada carga tributaria afecta la rentabilidad del sector, desalienta la inversión y empuja a altos niveles de informalidad, al tiempo que plantea la necesidad de una reforma impositiva que incentive la producción y la formalización.
Más de 37 impuestos y una carga que supera el 40% de las ventas
Según el relevamiento, a enero de 2026 el sector tambero atraviesa una situación mixta. Por un lado, muestra un crecimiento productivo sostenido, impulsado por la eficiencia de los productores, la tecnología y condiciones climáticas favorables. Por otro, enfrenta una creciente presión sobre los márgenes: “se ve amenazada la sustentabilidad a pesar de la mayor producción y el impulso a la inversión”, señalaron las entidades.
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En ese contexto, Meprolsafe y Carsfe describieron una realidad que calificaron como “dramática”: informalidad superior al 40% en ventas, compras y recursos humanos, además de la “presencia de productos fraudulentos en el mercado”, una situación que, según indicaron, suele justificarse en la elevada presión fiscal.
Desde Carsfe advirtieron que, si bien “la presión fiscal no justifica estos delitos”, el escenario tributario resulta asfixiante para la actividad. En ese sentido, remarcaron que “un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales” distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal.
El informe detalla que la carga impositiva promedio puede representar hasta el 42% de las ventas de una empresa. “En ese cóctel que invita al abandono”, conviven impuestos de distinta naturaleza. Entre los nacionales, se destaca el Impuesto a las Ganancias, con alícuotas progresivas de entre el 25% y el 35% sobre la utilidad neta. Al respecto, las entidades aclararon: “Lo consideramos un impuesto que, si todo el sistema impositivo está bien controlado, es justo”.
Qué impuestos pesan más sobre el sector lechero argentino
Distinta es la mirada sobre el Impuesto al Valor Agregado. “Posee una alícuota general del 21% sobre las ventas”, recordaron, y reclamaron que “se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos”. En la misma línea, cuestionaron el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, al sostener que “cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto”, por lo que pidieron directamente “su eliminación”.
También apuntaron contra los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se pagan cada vez que se carga nafta o gasoil. “Consideramos que se deben eliminar respecto de los consumidores ya que esto favorecería los sistemas productivos”, indicaron. Algo similar plantearon respecto de los impuestos internos a tecnología y electrónicos: “La eficiencia y la innovación productiva está directamente relacionada con poder acceder a estas herramientas”, señalaron, al solicitar su eliminación para facilitar la incorporación tecnológica.
En materia laboral, propusieron cambios en las cargas sociales hacia “un sistema más moderno”. Sobre los regímenes de retenciones y percepciones, fueron más tajantes: pidieron “literalmente su eliminación”, con el objetivo de que “cada contribuyente pague lo que le corresponda”, evitando distorsiones y facilitando el control fiscal. Al mismo tiempo, rescataron la importancia del Monotributo, aunque reclamaron mayores controles frente a maniobras de evasión.
A nivel provincial, el informe identifica como los tributos de mayor impacto a Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural. En el plano municipal, cuestionaron la aplicación de tasas que, según indicaron, se cobran “casi siempre con el compromiso de prestar servicios que no se prestan”.
Desafíos del sector tambero hacia 2026: costos, competitividad y financiamiento
De cara a 2026, Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que resulta indispensable corregir estos desequilibrios para sostener la actividad. Entre los principales desafíos mencionaron mantener la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos, mejorar la competitividad en el mercado interno y externo y asegurar condiciones de financiamiento que permitan seguir invirtiendo en tecnología y eficiencia.
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A modo de conclusión, señalaron que el sector tambero argentino —que “generó el mayor aumento mundial de producción en 2025”— muestra dinamismo productivo este año, pero enfrenta un escenario de alerta. La actual matriz impositiva, sumada a factores macroeconómicos y de mercado, “requiere políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos”.
