El titular de la Federació de Acopiadores, Fernando Rivara, cuestionó con dureza el plan del gobierno provincial. Exportadores, productores y la cadena logística advierten que el costo recaerá en el sector y analizan objeciones legales.
La idea del gobierno de Santa Fe de financiar obras viales de acceso a los puertos mediante el cobro de u$s 1,5 a cada tonelada de granos que llegue a la zona para su descarga inquieta a la cadena agroexportadora y ya generó las primeras objeciones.
El plan oficial y cómo funcionaría
La iniciativa tomó estado público la semana pasada, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro y parte de su gabinete expusieron el plan ante intendentes de Timbúes, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Arroyo Seco y General Lagos, durante una reunión en Rosario.
Según lo expresado por el gobierno, el sistema funcionaría de la siguiente manera: los exportadores pasarían a retener u$s 1,5 por cada tonelada de granos. De ese total, u$s 0,40 irían a los municipios y los u$s 1,10 restantes se destinarían a un fideicomiso —administrado por privados— encargado de ejecutar las obras viales necesarias.
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Para ello, los gobiernos locales dejarían de percibir la tasa que actualmente cobran a cada camión, en torno a $25.000. De aplicarse el nuevo esquema, esto implicaría una menor recaudación, ya que por vehículo pasarían a percibir —al tipo de cambio actual— unos $16.800, considerando u$s 0,40 por 30 toneladas de carga.
Por el momento, se trata de un proyecto en estudio que, de prosperar, se implementaría mediante una ley provincial a la que deberían adherir los municipios involucrados. El fideicomiso, en tanto, tendría una administración público-privada con participación de exportadores.
Rechazo del sector y advertencias
El titular de la Federación Nacional de Acopiadores, Fernando Rivara, dijo a AIRE Agro: “Se institucionaliza un robo de los municipios del Gran Rosario a la producción argentina”. Además, adelantó que, si la iniciativa avanza en esos términos, la entidad buscará frenarla en la Justicia.
Según opinó, los u$s 0,40 por tonelada destinados a los municipios “es lo que estan cobrando, alegando la mentira de que ellos arreglan la red vial”. En ese sentido, remarcó que las rutas están “detonadas”, al punto de que “Timbúes tiene accesos de escoria”. Con el esquema propuesto, sostuvo, “se lo vamos a regalar, con la plata de todos los productores argentinos, para hacer politiquería barata”.
Durante un encuentro de la Cámara de Puertos Privados Comerciales en Buenos Aires, el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, valoró la intención de mejorar las rutas, pero cuestionó que los fondos provengan del sector y no de los usuarios viales. “No nos gusta que quieran cobrar a exportadores y puertos u$s 1,5 por tonelada recibida sin que haya peajes”, planteó.
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Desde la Sociedad Rural de Rosario, su presidente, Tomás Layus, señaló: “Estamos debatiendo el tema internamente. Hay muchos reclamos porque, en definitiva, lo pagan los productores primarios, mientras seguimos pagando derechos de exportación”. En la misma línea, la vicepresidenta María Soledad Aramendi afirmó: “Lo va a pagar el productor, no queda duda”.
El proyecto tampoco genera consenso en la cadena logística. “En los grupos y foros en los que participo están más que decepcionados —por no decir enojados— con la facilidad con la que proponen cobrar un aporte o impuesto para algo que ya se paga”, relató una fuente del sector. Y agregó: “Los municipios no quieren perder la enorme caja que tienen, pero tampoco hacen nada para mejorar los caminos. Es un tema más que remanido: se habla mucho y se ejecuta muy poco”.
La defensa oficial y el trasfondo del problema
Cristian Cunha, secretario de Cooperación provincial, explicó en la cumbre de puertos privados que el cobro estaría a cargo de las empresas exportadoras y admitió: “Entiendo que eso luego se traslada a donde se genera el valor”.
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El periodista especializado Mariano Galíndez, moderador del panel, le recordó que las exportadoras también afrontan el peaje de la Hidrovía. “Sí, ojalá no hubiera retenciones”, respondió Cunha, y sugirió que el plan no sería necesario si parte de ese impuesto retornara a Santa Fe para financiar obras.
Cunha estimó que “se necesitarían 20 años para poder hacer las obras” y agregó: “Faltan muchísimos años y muchísimo dinero; lamentablemente, hace dos décadas que no se hace nada”. Finalmente, planteó la necesidad de “ponerle el cascabel al gato” para dar una solución de fondo, ya que —según afirmó— “cada gobierno maquilla el problema” sin resoverlo.
