El gobierno santafesino aseguró que el aporte de u$s 1,50 por tonelada todavía está en discusión y que el sector privado administrará los fondos. La provincia sostiene que las mejoras viales son clave para acompañar la ampliación del dragado y reducir costos logísticos.
Frente a las críticas que recibió el proyecto para crear un fondo destinado infraestuctura vial en los puertos santafesinos, financiado con un aporte por cada tonelada de grano descargada en la zona, el gobierno provincial explicó en detalle cómo está pensado el sistema y adelantó que próximamente convocará a productores, acopios y transportistas para sumar sus opiniones.
“No está nada cerrado, se está trabajando”, dijo a AIRE Agro el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, quien además anticipó que la próxima semana se realizarán reuniones con más actores del sistema para ampliar la mirada ya expuesta por intendentes, exportadores y municipios.
Cómo funcionaría el fideicomiso para obras viales
La iniciativa busca revertir más de dos décadas sin obras viales en los accesos portuarios mediante la creación de un fideicomiso administrado por privados. Para conformarlo, las exportadoras deberían aportar u$s 1,50 por tonelada de grano recibida: u$s 1,10 se destinarían al fideicomiso y u$s 0,40 a los gobiernos municipales.
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Este punto generó cuestionamientos por parte de los productores, quienes consideran que ese costo terminará descontándose de sus ingresos. También hubo críticas de los acopiadores, que criticaron que se transfieran recursos a municipios que, según sostienen, hace años cobran tasas vinculadas al tránsito de camiones sin ejecutar las obras correspondientes.
La respuesta oficial a productores y acopiadores
Ante la inquietud de los productores, Cunha afirmó que el objetivo es lograr una mayor eficiencia del complejo exportador, lo que permitiría reducir costos.
“Con el nuevo dragado, proyectado a 40 pies, los puertos van a exportar mucho más, ganando eficiencia y bajando costos del transporte marítimo, que se estima pueden llegar hasta u$s 10 por tonelada. Pero para eso necesitamos que los camiones lleguen a los puertos y hay que estar preparados”, explicó.
Respecto de las críticas de los acopiadores, reconoció que los municipios no realizaron las obras necesarias, aunque sostuvo que existen “costos implícitos” derivados del tránsito cerealero que deben ser cubiertos. Según indicó, los fondos municipales se utilizarían para mantenimiento, iluminación, limpieza y seguridad.
“La provincia no va a recaudar un peso”
Más allá de las diferencias, Cunha remarcó que se trata de un esquema inédito en el país para afrontar el déficit de infraestructura vial. “Hace 20 años que no se hacen ni reparan rutas. Hasta que llegó Pullaro empezamos a invertir unos u$s 500 millones, pero eso no alcanza”, aseguró.
En ese marco, explicó que las primeras reuniones se realizaron con la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados, CIARA —que nuclea a empresas aceiteras y exportadoras de cereales— y municipios de la región. “Hablamos con ellos para ver cómo solucionar el problema, porque a la zona llegan camiones de todo el país, y encontramos un instrumento: un aporte que van a pagar las exportadoras a un fideicomiso administrado por el sector privado”, señaló. Según precisó, en ese esquema participarían exportadores, productores dadores de carga, transportistas, la provincia y los municipios.
Cunha insistió varias veces en que “la provincia de Santa Fe no va a recaudar nada, cero peso”, y subrayó que el fondo sería administrado directamente por el sector privado.
Obras, financiamiento y plazos previstos
El funcionario también sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido con algunas tasas municipales, “se podrá tener trazabilidad” sobre los fondos para garantizar auditorías y asegurar que se utilicen efectivamente en obras.
En cuanto al monto de u$s 1,50 por tonelada, explicó que surgió de “un estudio del Ministerio de Infraestructura puesto a consideración de las exportadoras”, vinculado con las obras necesarias. Sin embargo, aclaró que “no hay nada acordado, es apenas un bosquejo”.
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Además, planteó que el aporte podría reducirse o incluso eliminarse si el propio sector propone destinar “cuatro puntos de las retenciones” o parte del impuesto a los combustibles al fideicomiso.
Finalmente, Cunha explicó que, únicamente con la recaudación directa, las obras demandarían unos 20 años. Por eso, el fideicomiso debería buscar financiamiento para acortar los plazos a entre cinco y siete años. También adelantó que, mediante una ley, el gobierno aspira a que la herramienta esté operativa durante el segundo semestre de 2027.
