La empresa atraviesa una crisis prolongada con salarios impagos, producción detenida y una deuda creciente con proveedores y el Estado. En ese contexto, el conflicto gremial vuelve a escalar mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de las plantas y los puestos de trabajo.
Pasan las semanas y la condición desafiante para este año en Lácteos Verónica se agiganta, con una empresa a la deriva y sin signos de reacción.
Salarios atrasados, falta de leche y una operatoria paralizada
Con una crisis que se remonta a más de ocho años, desde abril de 2025 comenzaron las demoras en el pago semanal de salarios, pero también en la cancelación de las liquidaciones mensuales a los tambos. Esto derivó en que la empresa se quedara sin leche, incluso sin capacidad de autoabastecerse de materia prima, redireccionando la producción del tambo propio hacia una pyme y discontinuando todos los pagos de servicios e insumos. En paralelo, se agravaron las deudas por cheques rechazados e incluso las obligaciones impositivas.
El cuadro es complejo y está lejos de mejorar. Los acuerdos de producción a fasón de leche en polvo, que se habían cerrado en septiembre y que continuaron hasta el sábado anterior, ya son historia.
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A los 700 trabajadores de las tres plantas se les realizaron los últimos pagos con montos ínfimos y desde hace unos diez días no reciben ninguna transferencia. Asisten a trabajar por sus propios medios y pasan las horas de cada turno esperando alguna novedad, día tras día.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) regularizó la deuda que mantenía desde hace tiempo, por lo que solo visibiliza algunos reclamos cuando la tensión entre los empleados la obliga.
Desorientación sindical y decisiones contradictorias
En los últimos días hubo llamados para resguardar un pasteurizador que se encontraba en la planta de Totoras, ante la posibilidad de que una empresa quisiera retirarlo. Sin embargo, se trataba de una máquina mantequera que no figura en el inventario de la empresa desde hace casi un año.
Estas contradicciones no son aisladas, sino que se repiten de manera constante, evidenciando desorientación en la conducción. Como respuesta, se observa una apatía absoluta por parte del personal de planta, algo que quedó en evidencia días atrás cuando los trabajadores increparon a Alejandro Espiñeira frente a la sede de la empresa en la ciudad de Totoras.
En las últimas horas, desde Atilra se convocó a una movilización en la ciudad de Santa Fe para el martes próximo, con el objetivo de reclamar por la reforma laboral, pero también por la situación de Verónica y de Sancor. A los trabajadores se les pidió asistir con ropa de trabajo.
Mientras la Confederación General del Trabajo convoca para el miércoles frente al Congreso de la Nación, en coincidencia con el tratamiento de una nueva ley, Atilra intenta visibilizar la situación en la provincia, a pocos días de haber anunciado nuevamente la existencia de un “inversor” para la empresa. Este escenario ya se repitió en varias oportunidades, sin resultados concretos, dado que la familia Espiñeira no muestra voluntad de venta ni reacción suficiente para presentarse en concurso de acreedores. Solo recurrió al Gobierno de Santa Fe y al nacional para solicitar un préstamo, que finalmente no fue concedido.
La situación de la obra social y el impacto en la atención médica
La tensión de Atilra también se refleja en la situación de las obras sociales que fueron dadas de baja por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
La Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Ospil) figura en el listado junto a otras 151 entidades que, desde el inicio de la gestión, no presentaron de manera completa los padrones, planes, estados contables y cartillas. No obstante, la medida no implica la pérdida automática de la cobertura.
Por este motivo, en los últimos días Ospil emitió un comunicado en el que señaló que fue incluida en el listado “por un error de denominación”.
Héctor Luis Ponce, presidente de la entidad y secretario general nacional de Atilra, subrayó que se trata de “una asociación civil sin fines de lucro, financiada con aportes y contribuciones obligatorias”, y aseguró que “continuamos brindando normalmente nuestros servicios de salud”.
De todas maneras, algunos servicios a terceros en la ciudad de Sunchales se encuentran discontinuados.
No obstante, el comunicado de Ospil advirtió sobre las “enormes dificultades” que genera la morosidad de empresas del sector, como Sancor, Verónica, Arsa y La Lácteo, que “globalmente adeudan actualmente a nuestra entidad una suma superior a los 25 mil millones de pesos”.
Además de recibir los aportes sindicales tradicionales, Atilra percibe un aporte solidario de 1.500 pesos mensuales por empleado de las grandes industrias y de 750 pesos en el caso de las pymes. A esto se suma el acuerdo con el Centro de la Industria Lechera, que desde la pandemia sostiene pagos extraordinarios en bonos, supuestamente orientados de manera directa a la atención extraordinaria del servicio de salud.
