La entidad pidió a la Autoridad Nacional de la Competencia que investigue si la implementación de las plataformas condiciona las operaciones comerciales y limita la libertad de los productores. También cuestionó el acceso y la utilización de datos de los establecimientos rurales.
La Sociedad Rural de Santa Fe presentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que investigue el impacto de los sistemas VISEC, tanto para carne como para soja, en la actividad comercial de los productores. La entidad busca determinar si la adhesión a estas plataformas privadas se está convirtiendo en una condición para vender la producción y acceder a determinadas condiciones de mercado.
La presentación ingresó el martes 17 de noviembre, a través de la plataforma Trámites a Distancia, y quedó registrada bajo el expediente EX-2026-111208076-APN-DR#CNDC, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación.
El planteo se originó en reclamos de productores que comunicaron a la institución descuentos y tratamientos comerciales desfavorables vinculados con la falta de adhesión a VISEC. Según la entidad, las denuncias incluyen operaciones informadas con destino al mercado interno pese a que la plataforma tiene por obejtivo cumplir con el requisito de certificar la no deforestación en productos orientados hacia Europa.
La denuncia apunta a posibles barreras comerciales
Uno de los principales puntos que la Sociedad Rural pidió investigar es si la implementación de VISEC puede generar restricciones al acceso al mercado, condiciones discriminatorias o eventuales abusos de posición dominante.

La entidad busca establecer si los productores conservan alternativas reales para comercializar su hacienda y sus granos o si, en la práctica, deben incorporarse a una plataforma privada para competir en igualdad de condiciones.
También solicitó analizar cómo se articula VISEC con los registros oficiales y qué prestaciones adicionales ofrece respecto de las herramientas estatales. En particular, pidió determinar cuál es el alcance de su reconocimiento y por qué otras alternativas técnicamente idóneas podrían no tener la misma aceptación comercial.
El planteo retoma una discusión que ya había ganado espacio en el sector ganadero. La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había advertido sobre descuentos aplicados a la hacienda sin registro en VISEC, mientras que desde la Cooperativa Guillermo Lehmann confirmaron a AIRE Agro diferencias de entre $300 y $500 por kilo de carne en operaciones con frigoríficos.
También cuestionan el acceso a los datos productivos
Otro eje de la denuncia es el tratamiento de la información de los establecimientos rurales. La Sociedad Rural pidió investigar de dónde provienen los datos utilizados por las plataformas, qué autorizaciones habilitan su consulta, quiénes pueden acceder y si esa información interviene en decisiones comerciales.
El reclamo surgió a partir de manifestaciones de productores que aseguran no haber autorizado determinados accesos a sus datos. Por eso, la entidad también solicitó que, si corresponde, intervenga la autoridad competente en materia de protección de datos personales.
La preocupación se vincula con la información de los establecimientos que requieren los sistemas de trazabilidad, incluidos los datos productivos y de geolocalización. La entidad considera necesario establecer bajo qué condiciones se obtiene y utiliza esa información.

La Sociedad Rural aclaró el alcance de la presentación
La denuncia fue presentada por el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, y el secretario de la institución, Juan Carlos Pujato, con el patrocinio de los abogados Esteban José Ignacio Romero y Marcelo L. Parachú Marcó.
Desde la entidad señalaron que comparten los objetivos de protección ambiental, trazabilidad y apertura de mercados, pero advirtieron que su implementación debe respetar la transparencia, la competencia y los derechos de los productores. «Las herramientas de trazabilidad no deben convertirse en mecanismos que restrinjan las posibilidades de comercialización«, plantearon.
La presentación solicita que la Autoridad Nacional de la Competencia analice los antecedentes y determine si existen prácticas que afecten la libertad comercial. La Sociedad Rural aclaró que la denuncia no implica que las infracciones estén acreditadas ni establece responsabilidades: esa evaluación corresponde al organismo competente, en el marco del debido proceso.
