La entidad cuestiona la «concentración de poder» en la industria frigorífica y el condicionamiento a los productores para utilizar una única plataforma de accedeso al mercado europeo. También advierte sobre los conflictos legales que puede generar la aplicación de la normativa y prepara posibles presentaciones ante la justicia.
La exigencia europea para importar carne libre de deforestación abrió un conflicto que, para la Sociedad Rural de Santa Fe, excede ampliamente las cuestiones ambientales. El secretario de la entidad, Juan Carlos Pujato, cuestionó en una entrevista con el programa 6AM, de AIRE, el poder que adquirieron los frigoríficos exportadores a partir de la implementación de la plataforma VISEC y advirtió que ese esquema ya tiene consecuencias económicas para los productores.
El dirigente puso el foco en dos aspectos: la concentración de poder en un consorcio de industrias que imponen VISEC como única posibilidad de certificación, generando descuentos en los valores pagados por la hacienda, y las contradicciones entre los criterios europeos y la legislación argentina sobre el uso de los recursos naturales. Por estos motivos, la institución contrató asesoramiento jurídico para evaluar posibles acciones legales.
El 85% de la faena concentrada y una sola plataforma para vender
Para Pujato, el principal riesgo del sistema es la concentración de poder en la cadena cárnica. Según indicó, un consorcio frigorífico concentra el 85% de la faena nacional y es el mismo sector que participa de VISEC, la plataforma que exige para recibir hacienda destinada a la exportación bajo los requisitos europeos.
El problema aparece cuando un productor elige otra herramienta de trazabilidad. Aunque existen distintas plataformas aprobadas para avanzar con el cumplimiento de la normativa, los frigoríficos rechazan esas alternativas y exigen únicamente VISEC.
A esto se suma otro dato señalado por el dirigente: la industria también concentra el 70% del engorde en corrales. «Estamos ante un caso de mucho poder en una cadena de un producto que es muy sensible como la carne», advirtió.
El impacto ya se refleja en los precios. Pujato ejemplificó que un novillo de exportación que podía valer $8.200 por kilo de carne se paga a $8.100 cuando cumple con VISEC y tiene toda la documentación, mientras que por animales que no reúnen esos requisitos las ofertas pueden bajar a $7.600 o $7.500.
«Todo ese diferencial de plata se la queda el frigorífico», sostuvo. En ese contexto, sostuvo que la industria no precisa desarrollar nuevos mercados debido a su posición dominante. «Lo que no podemos permitir es que haya un monopolio y una presión comercial tan grande que nos afecte a todos los productores», planteó.
La normativa europea desconoce los usos legales de los bosques argentinos
El segundo cuestionamiento de la Sociedad Rural apunta a la aplicación de la normativa europea 1115, cuya entrada en vigencia está prevista para enero de 2027, si no se produce una nueva postergación.

Pujato distinguió dos dimensiones. La primera es el criterio para evaluar la deforestación: para la Unión Europea, cualquier superficie desmontada después del 31 de diciembre de 2020 queda excluida, incluso si la intervención está autorizada por la legislación argentina. En cambio, los desmontes anteriores a esa fecha son considerados admisibles, aunque hayan implicado un daño ambiental condenable.
«Del 2020 en adelante para la Unión Europea todo es ilegal así sea legal y del 2020 para atrás para la Unión Europea todo es legal, así haya sido ilegal», resumió.
La sitaución afecta especialmente a los productores ganaderos del norte del país y de la provincia de Santa Fe. La legislación provincial de bosques nativos establece categorías de conservación y habilita determinados usos sustentables bajo condiciones y controles. Esas actividades permiten compatibilizar la producción ganadera con la conservación del monte.
Entre ellas están las picadas y aperturas de caminos internos que permiten dividir potreros, ordenar el rodeo y conducir los animales dentro de superficies extensas de monte. No necesariamente implican transformar el terreno para agricultura, sino que constituyen herramientas de manejo indispensables para trabajar con hacienda.
Sin embargo, la normativa europea establece un límite de 0,5 hectáreas de superficie desmontada por polígono, sin reconocer las autorizaciones locales para intervenciones posteriores a 2020.

La segunda dimensión es el denominado cumplimiento legal, que Pujato definió como «una caja de Pandora». Según explicó, la exigencia europea no se limita a las normas ambientales, sino que incorpora disposiciones sobre derechos humanos, legislación laboral, pueblos originarios, humedales y otros compromisos, entre ellos la Agenda 2030.
«Si en la ley de bosques no hacen caso a nuestra normativa, por qué harían caso a la laboral, a la de recursos humanos, a la de pueblos originarios y una serie de leyes más», cuestionó.
Modificar polígonos puede dejar al productor expuesto legalmente
Otro de los puntos que preocupa a la entidad es el procedimiento para declarar los establecimientos. Los productores deben autorizar mediante una declaración jurada el acceso a información productiva, geográfica y de georreferenciación que ya está en poder de organismos públicos como Senasa y Catastro.
A partir de esos datos se identifican sectores que las plataformas clasifican como rojos, por tratarse de montes o humedales, que no resultan admisibles para el esquema europeo, pese a que la zonificación provincial permita una intervención sustentable.
Pujato advirtió sobre una recomendación que habrían recibido productores para modificar los polígonos cuando alguna parte del establecimiento queda alcanzada por esas restricciones.
El problema es que esos límites forman parte de una declaración jurada. «La misma plataforma está sugiriendo a los productores que para que no se queden afuera del maravilloso mercado de la Unión Europea tengan que falsear una declaración jurada», señaló.
La consecuencia podría ser grave: aunque la modificación permita continuar con el trámite, «en una inspección el culpable va a ser el productor», alertó.

La cuota europea y el costo de certificar toda la hacienda
La entidad también cuestiona la proporcionalidad de las exigencias frente al volumen de carne que Argentina coloca en ese destino.
Pujato mencionó las 20.000 toneladas de Cuota Hilton y las 10.000 toneladas de Cuota 481, correspondientes a cortes de alto valor. Según su cálculo, para cubrir ambos contingentes se necesitarían alrededor de 1,5 millones de novillos, mientras que el país faena aproximadamente 15 millones de animales por año.
Sin embargo, el sistema exige que la trazabilidad y el cumplimiento se extiendan a toda la cadena, desde el nacimiento del ternero hasta el frigorífico, independientemente de que finalmente esa hacienda termine exportándose a Europa. «Se tiene que certificar la totalidad de la hacienda para cubrir nada más que un millón y medio de cabezas. Entonces eso es lo que no es razonable», cuestionó.
La Sociedad Rural prepara acciones legales y convoca a una jornada
Frente a este escenario, la Sociedad Rural de Santa Fe contrató el asesoramiento de un estudio jurídico para analizar alternativas de intervención, tanto institucionales como individuales, para los productores perjudicados.
El tema será uno de los ejes de la jornada «VISEC: libre de deforestación, libre de productores», que se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 19, en el Salón Mántaras de la entidad, ubicado en bulevar Pellegrini 3300, en la ciudad de Santa Fe.
La actividad tendrá modalidad presencial y transmisión por streaming. Participarán Esteban Romero, Alberto del Solar, José Perkins, Santiago del Solar, Laura de Hertelendy, Juan Carlos Pujato y Francisco Santillán. Entre los objetivos estará analizar las implicancias de la normativa europea, sus consecuencias para los establecimientos ganaderos y las posibles vías de acción frente a los requisitos impuestos.
Para Pujato, la discusión no debe limitarse a elegir una plataforma de certificación. «El problema de base no es la plataforma VISEC, es la normativa 1115», afirmó, al insistir en que el debate también involucra la autonomía de las legislaciones nacionales y las condiciones comerciales en las que los productores pueden vender su hacienda.
