La nueva norma habilita un esquema de participación público-privada para conservar y mejorar caminos rurales. Su aprobación generó respaldo político, pero también el rechazo del gremio vial.
En medio del creciente malestar por el mal estado de los caminos rurales y después de más de una década de discusiones, marchas y contramarchas, el Senado entrerriano convirtió en ley esta semana el proyecto de autoría de la actual diputada Julia Calleros Arrecous (Partido Fe), de los diputados con mandato cumplido Esteban Vitor (frigerista) y Néstor Loggio (peronista), y del senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos-Nogoyá), que crea el Régimen de Consorcios Camineros.
La iniciativa fue acompañada en general por unanimidad. En la votación en particular, en cambio, el bloque Más para Entre Ríos (peronismo) y el unibloque Hacer Futuro, de Patricia Díaz, de origen peronista y representante del departamento La Paz, no acompañaron los títulos I y III.
El senador oficialista Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos-Gualeguaychú) fundamentó el acompañamiento de su bloque al proyecto. Remarcó que la iniciativa contaba con media sanción de Diputados, aprobada por unanimidad, y explicó que, si bien el Senado incorporó y analizó otras propuestas, se resolvió avanzar con el proyecto que ya tenía media sanción.
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En ese marco, Benedetti destacó que los consorcios camineros constituyen una herramienta de participación público-privada que ya funciona en distintos puntos de la provincia, aunque con “dificultades” derivadas del marco normativo vigente. Señaló que el proyecto busca “flexibilizar los requisitos” para su constitución y reducir las trabas “burocráticas”.
Por otro lado, el senador gualeguaychuense aclaró que no se trata de una herramienta para “obras grandes” y sostuvo que “no es verdad que reemplace al empleo público. Nunca va a dejar de estar bajo la fiscalización y control de Vialidad”.
Qué cuestiona el gremio vial de Entre Ríos
La referencia de Benedetti tuvo que ver con la fuerte oposición del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), gremio que, el día del tratamiento de la norma en el Senado, realizó su primer paro en 40 años.
El secretario general del Soever, Federico Colominas, señaló que la nueva legislación permitiría que “los consorcios eviten los controles previstos por la Ley de Obras Públicas, que supervisa las obras desde su planificación hasta su finalización”.
También sostuvo que habilitaría “la subcontratación de trabajos, considerada una tercerización en cadena”, y permitiría que los consorcios reciban “recursos, maquinaria y personal de Vialidad”. Además, advirtió que podrían ejecutar tareas dentro de propiedades privadas, lo que implicaría utilizar recursos públicos en beneficio particular.
Colominas, no obstante, reconoció que los productores suelen organizarse para mantener caminos vecinales esenciales para la actividad agropecuaria. Sin embargo, afirmó que el proyecto “desvirtúa esa función al convertirlos en intermediarios para tercerizar trabajos propios de Vialidad”.
Como alternativa, propuso “fortalecer” el organismo provincial “para atender el déficit existente y toda la red vial”.
Qué establece la nueva Ley de Consorcios Camineros
La flamante Ley de Consorcios Camineros contiene tres títulos y 36 artículos. Estos son sus principales puntos:
- Qué son: entidades de bien público y de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, constituidas como personas jurídicas públicas no estatales. Las forman productores y vecinos, que pueden agruparse en Consorcios Regionales o en una Asociación Provincial.
- Para qué sirven: tienen como objetivo conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal. Eventualmente, y mediante acuerdo con Vialidad, también podrán intervenir en tramos de la red secundaria, alcantarillas, puentes, obras de arte menores, señalización, escurrimiento y forestación.
- Quién los controla: la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) es la autoridad de aplicación. Tendrá control técnico, contable y administrativo, acceso a libros y registros y facultades para aprobar los proyectos. Cuando administren fondos públicos, también estarán sujetos al control del Tribunal de Cuentas.
- Contratación directa, el punto más polémico: Vialidad podrá contratar directamente a los consorcios sin aplicar la Ley de Obras Públicas N° 6.351. Se regirán por la nueva ley y por el convenio que suscriban. El pago se calculará por kilómetro asignado, con una actualización que fijará Vialidad. Municipios, comunas y juntas también podrán contratarlos directamente.
- Objetivo oficial: flexibilizar requisitos y reducir trabas burocráticas para atender urgencias. El oficialismo sostiene que se trata de una herramienta de participación público-privada que no reemplaza el empleo público, sino que lo complementa. La oposición, que acompañó el proyecto en general, cuestionó la exención de la Ley de Obras Públicas y reclamó mayores resguardos para el rol de Vialidad.
- Controles y disolución: la DPV podrá intervenir un consorcio por incumplimiento o acefalía, con un interventor de Vialidad durante tres meses, prorrogables. Si se produce su disolución definitiva, todos sus bienes pasarán a Vialidad.
Los consorcios también podrán trabajar en propiedades privadas si la Comisión Directiva lo aprueba por una mayoría de dos tercios. En esos casos, deberá existir una contraprestación en dinero o en especie.
La nueva propuesta que el ruralismo llevó a Frigerio
Por otra parte, los principales referentes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), encabezados por su presidente Sergio Dalcol, se reunieron esta semana con Frigerio con el objetivo de avanzar en alternativas para mejorar el mantenimiento y la atención de la red vial.
Si bien no hubo demasiadas precisiones, ni por parte del ruralismo ni del Gobierno, sobre la propuesta elevada al mandatario, pudo saberse que la iniciativa se basa en una figura jurídica que en otras provincias, como Buenos Aires y Córdoba, permitió obtener resultados positivos para el mantenimiento de los caminos.
Para su instrumentación, sin embargo, es indispensable una ley. Por eso, para que la propuesta avance, fuentes del ruralismo señalaron que “hará falta consenso político” y que “antes deberá ser charlada con ‘los primos’ de Federación Agraria, Sociedad Rural y Fedeco”.
Frigerio, hasta el momento, no estaría muy convencido de la conveniencia de esta propuesta. Aun así, los ruralistas mantienen el optimismo y creen que puede progresar.
