La ARICCAME estableció un régimen específico de licencias para producir y comercializar cáñamo no psicoactivo con fines hortícolas. El nuevo esquema fija requisitos técnicos, infraestructura, trazabilidad y controles sobre el contenido de THC.
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) aprobó un régimen de licencias para la producción hortícola de Cannabis sativa L. y las actividades vinculadas a su comercialización.
La Resolución 69/2026 establece que el régimen alcanza al cáñamo con un contenido de THC menor o igual al 1%. Las licencias contemplan cuatro categorías: producción agrícola, elaboración de productos derivados, servicios conexos y comercio exterior.
El esquema se suma a los regímenes que la ARICCAME ya implementó para el cáñamo industrial y para los órganos de propagación destinados a fines medicinales.
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Invernaderos y control de acceso: qué exige la reglamentación
Uno de los principales requisitos productivos es que el cultivo no podrá realizarse a cielo abierto. La normativa exige ambientes protegidos, como invernaderos o recintos cerrados, con perímetros delimitados y control de acceso.
También deberá existir una división clara de las áreas destinadas a cosecha, secado y depósito. Las instalaciones deberán cumplir condiciones técnicas mínimas y las actividades agrícolas deberán ajustarse a lineamientos de buenas prácticas.
Entre otros aspectos, las exigencias abarcan calidad del agua, nutrición, higiene del personal, manejo sanitario, cosecha y postcosecha. Los equipos deberán contar con mantenimiento y calibración al menos cada 12 meses.
Trazabilidad y registros durante cinco años
El régimen establece un sistema de identificación individual para los lotes de cáñamo. Cada uno deberá contar con un código único e irrepetible y las licenciatarias tendrán que conservar registros documentales o digitales durante cinco años.
La ARICCAME también podrá realizar inspecciones, auditorías, verificaciones y toma de muestras. Además, podrá coordinar controles e intercambio de información con otros organismos públicos.
Para acceder a las licencias se deberá presentar documentación legal, antecedentes penales, acreditar el origen lícito de los fondos, designar un responsable técnico y contar con la inscripción registral correspondiente.
Qué pasa si el cáñamo supera el límite de THC
La resolución también establece un procedimiento específico para los desvíos en el contenido de THC. Si el resultado supera el 1% pero no llega al 2,5%, se procede a la inmovilización preventiva del lote afectado. No se aplican sanciones automáticas e inmediatas; en su lugar, se abre un proceso de investigación de causas. En esos casos, el lote quedará inmovilizado preventivamente y la licenciataria deberá investigar las causas y podrá realizarse una contramuestra.
La superación del 2,5% de THC, en cambio, se considera un presunto incumplimiento grave. El lote no puede ser comercializado como cáñamo hortícola y queda sujeto a las sanciones administrativas y legales correspondientes, que pueden incluir la destrucción obligatoria del material vegetal.
Los costos de los análisis estarán a cargo de la licenciataria. La normativa también fija un procedimiento para inutilizar y disponer el material vegetal descartado, que podrá incluir compostaje, incorporación al suelo, enterramiento, biochar o incineración bajo las condiciones establecidas.
Cuánto costarán las licencias para producir cáñamo
El nuevo esquema también incorpora un régimen arancelario. La evaluación de cada trámite tendrá un costo de $150.000, mientras que el otorgamiento de las licencias tendrá aranceles de entre $2 millones y $3 millones.
Las validaciones anuales tendrán un costo de entre $1 millón y $1,5 millones. Los organismos públicos y las universidades estarán exentos de estos aranceles.
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Las actuaciones administrativas tendrán carácter reservado debido a la sensibilidad de la información técnica, productiva, sanitaria, comercial, de seguridad y de localización de los establecimientos. La Resolución 69/2026 entrará en vigencia a los 30 días hábiles administrativos contados desde su publicación en el Boletín Oficial.
