Agromandriles: un toque de atención para educar en la filosofía libertaria a los argentinos con problemas de comprensión.
En muchas ocasiones se llevan a cabo comentarios inexactos al comparar peras con manzanas, aunque no descarto que algunos de tales análisis estén sustentados en actitudes incubadas en intereses contrarios a la transformación de la Argentina.
Esta semana el presidente de YPF, Horacio Marín, durante una exposición realizada en un evento organizado en la ciudad de Buenos Aires por el Atlantic Council, indicó que “sin precios (del petróleo) alineados con el mercado internacional no hay desarrollo de Vaca Muerta” y agregó que “sin el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no hay desarrollo del Gas Natural Licuado (en el país)”.
No faltaron los mandriles que salieron a decir que eso mismo debería aplicarse al sector agropecuario, el cual no sólo no tiene RIGI, sino que recibe precios menores a los correspondientes por efecto de los derechos de exportación.
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Hasta incluso llegué a escuchar que no tiene sentido alguno mantener retenciones a las exportaciones de cortes bovinos, sin comprender que lo recaudado por ese concepto servirá para financiar nuevas misiones comerciales que permitan mejorar los precios de exportación de la carne argentina, como sucedió en el caso de EE.UU. con la cuota adicional de 80.000 toneladas para el presente año 2026 y con la rebaja de aranceles conseguida en el marco del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Así como la vacunación contra la aftosa (ahora desregulada por el gobierno del líder Javier Milei) y el servicio de transporte de hacienda tienen un costo, lo mismo sucede con las gestiones comerciales emprendidas por el Estado nacional. Es necesario reconocer a cada uno lo que le corresponde.
La industria hidrocarburífera requiere grandes inversiones, sin las cuales resulta inviable extraer el recurso energético del subsuelo, independientemente del precio del petróleo y del gas. No es el caso del sector agrícola, el cual puede ajustar la inversión por realizar en cada campaña en función de las señales de precios.
Además, con precios de los granos libres de derechos de exportación, la inversión crecería de manera desproporcionada, lo que consumiría una cantidad enorme de divisas (¡con el precio actual de los fertilizantes!) en un momento en el cual, debido a la pesada herencia del régimen kirchnerista, el Banco Central (BCRA) necesita acumular reservas internacionales. Una cuestión de prioridades.
Es cierto que una mayor inversión promovería, si la suerte acompaña, un crecimiento de la oferta de productos agroindustriales, pero el plazo requerido para capturar ese eventual margen (que puede fallar por cuestiones climáticas o comerciales) es demasiado elevado para los tiempos políticos de la Argentina.
Cuando el riesgo kuka se haya evaporado y el país pueda regresar a los mercados internacionales para financiarse con tasas de interés razonables, entonces podrá evaluarse la posibilidad de ir reduciendo progresivamente los derechos de exportación agrícolas. Hasta entonces, hacer algo así sería por demás aventurado y contrario al bienestar de la población en general.
Si bien la filosofía libertaria está en contra de los derechos de exportación, la realidad es que, al contextualizar la dinámica económica local con las urgencias propias de un contexto internacional turbulento, las consecuencias de reducir ese impuesto serían más perjudiciales que beneficiosas al ponderar todas las variables críticas en juego.
Tenemos que sentirnos orgullosos de tener una gran compañía energéticas nacional como YPF, así como también se nos tiene que inflar el pecho de alegría por el esfuerzo realizado por los productores agropecuarios para abastecer de divisas a la economía argentina, algo que pueden hacer, evidentemente, con precios acordes a su competitividad relativa al estar ubicados en una zona geográfica excepcional y contar con conocimientos de avanzada en la materia. Confiemos en el proceso de cambio que estamos protagonizando ¡Viva la libertad, carajo!
