Un cambio en los criterios ambientales de la UE podría excluir al biodiesel de soja del mercado europeo y golpear de lleno a la industria argentina.
La Unión Europea avanza hacia un cambio regulatorio que podría dejar fuera de su mercado al biodiesel elaborado a partir de soja, una medida que encendió alarmas en los principales países exportadores, entre ellos la Argentina. La Comisión Europea (CE) publicó recientemente un documento en el que redefine los criterios vinculados al riesgo de cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC, por sus siglas en inglés), aplicables a los cultivos destinados a biocombustibles.
A partir de la revisión de la expansión global de esos cultivos, el informe —que fue sometido a consulta pública durante algunas semanas— concluye que la soja pasa a ser considerada, por primera vez, de alto riesgo ILUC, al mismo nivel que el aceite de palma.
De confirmarse esta clasificación, la UE dejaría de importar biodiesel de soja o aceite de soja con destino energético, habilitando únicamente el uso de aceite de colza, producido mayormente dentro del propio bloque europeo.
El impacto para Argentina
El impacto para la Argentina sería significativo. Según estimaciones del sector, la exclusión del biodiesel de soja del mercado europeo implicaría un perjuicio comercial cercano a los 350 millones de dólares anuales y pondría en riesgo la continuidad de la industria local, dado que la UE es prácticamente el único destino de exportación de este producto.
Desde la industria denuncian una barrera comercial encubierta
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) cuestionaron con dureza la iniciativa. Su presidente, Gustavo Idígoras, sostuvo que la decisión constituye “una barrera injustificada al comercio” y afirmó que el concepto de ILUC “se utiliza como herramienta para eliminar la competencia externa y proteger a las plantas europeas de biodiesel”.
En ese sentido, Idígoras adelantó que el sector presentará información técnica para refutar los argumentos de la Comisión Europea. “En la Argentina la superficie sembrada con soja no crece; por el contrario, viene disminuyendo desde hace más de una década. Tampoco hay pérdida de reservas de carbono en el suelo”, explicó, al tiempo que remarcó que el trasfondo de la medida es político y no científico.
Finalmente, desde CIARA señalaron que ya se iniciaron gestiones con Cancillería y el Ministerio de Economía para definir una estrategia de defensa. Entre las opciones en análisis figura la posibilidad de llevar el conflicto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activar mecanismos de reclamo previstos en el acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea firmado a fines del año pasado.
