El sector agropecuario cerró 2025 con mayor presencia en la agenda parlamentaria pese a la baja productividad legislativa del Congreso. De cara a 2026, se anticipan debates clave que podrían definir el futuro fiscal, productivo y regulatorio del sector.
La agenda agroindustrial logró abrirse paso durante 2025 en un Congreso atravesado por la confrontación política y con escasos resultados legislativos. Según el balance anual de la Fundación Barbechando, aunque el sector no obtuvo sanciones concretas en temas sensibles como retenciones, maquinaria agrícola o biocombustibles, sí consiguió instalar debates largamente postergados. “Pocos avances concretos, pero un posicionamiento estratégico de temas clave”, sintetiza el informe.
Uno de los hitos más destacados fue que la discusión sobre Derechos de Exportación llegó por primera vez al debate parlamentario “después de 17 años”, un hecho que marca un cambio de clima para el agro de cara a los próximos años.
Para Barbechando, ese avance simbólico constituye un punto de partida: la visibilidad alcanzada por el sector “es relevante para la construcción de la agenda 2026”, en la que será necesario construir consensos más amplios.
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Un Congreso muy activo pero con poca producción legislativa
El contexto general en el que se movió la agenda agropecuaria fue complejo. El Congreso tuvo un año de alta intensidad política, con un gran volumen de proyectos presentados, dictámenes trabajados y sesiones convocadas, pero con un resultado modesto en términos de leyes aprobadas.
El documento de Barbechando lo resume en una frase: “mucha actividad y pocos resultados”. Solo se sancionó una decena de iniciativas, lo que representa “menos del 0,5% de las propuestas ingresadas”, un indicador que muestra la dificultad de alcanzar acuerdos efectivos.La dinámica estuvo marcada por la polarización. El 70% de la agenda tratada fue impulsada por la oposición, mientras que el oficialismo adoptó un rol defensivo: priorizó frenar iniciativas consideradas incompatibles con la estrategia de equilibrio fiscal, posicionándose —según el informe— como “la verdadera resistencia parlamentaria”.
Tensiones fiscales y vetos cruzados
El enfrentamiento político quedó especialmente claro en torno a proyectos con impacto fiscal. La moratoria previsional y la actualización de la movilidad jubilatoria fueron aprobadas por el Congreso pero vetadas por el Poder Ejecutivo por motivos de sostenibilidad presupuestaria.
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En contraste, leyes vinculadas al financiamiento universitario y a discapacidad superaron el veto presidencial gracias a los votos del Parlamento. No obstante, Barbechando advierte que su implementación quedó “suspendida hasta que existan recursos asegurados”, lo que refleja las tensiones económicas que atravesaron el año legislativo.
Los gobernadores: un actor clave en medio de la polarización
En medio del bloqueo entre oposición y oficialismo, los gobernadores asumieron un rol más activo y lograron instalar debates estructurales. Sus principales demandas incluyeron:
- Reparto más equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
- Eliminación de la afectación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos, para convertirlo en un tributo plenamente coparticipable.
Estas discusiones, según la Fundación, “abren la puerta a reformas estructurales del federalismo fiscal” que podrían marcar el inicio de una reconfiguración del vínculo Nación–provincias.
Lo que espera al agro y al Congreso en 2026
Para el sector agroindustrial, 2026 se perfila como un año en el que los temas instalados deberán transformarse —si el clima político lo permite— en acuerdos concretos. La agenda parlamentaria estará condicionada por debates de alto impacto:
- Presupuesto 2026, pieza clave para la estabilidad económica.
- Reforma fiscal e impositiva, orientada a simplificación y sostenibilidad.
- Reforma laboral, enfocada en productividad y formalización.
- Ley de Inocencia Fiscal, destinada a mejorar la previsibilidad para inversiones.
- Reforma del Código Penal, para actualizar criterios regulatorios.
Barbechando señala que 2025 dejó “más señales que resultados”, y advierte que 2026 exigirá “transformar la discusión política en gobernabilidad, y la gobernabilidad en soluciones concretas”.
Un cierre: el agro en el centro de un Congreso trabado
Aunque el Congreso tuvo un año marcado por la confrontación y la baja eficacia legislativa, el agro logró algo que no había conseguido en años: volver a ocupar un lugar prioritario en el debate político nacional.
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Instalar la discusión sobre retenciones, exportaciones y competitividad, aun sin sanciones, constituye un capital político que el sector buscará convertir en reformas durante 2026.
La pregunta será si el clima parlamentario —polarizado pero obligado a negociar— permitirá transformar ese avance simbólico en resultados tangibles.
