La Sociedad Rural santafesina se sumó al reclamo de productores de 17 provincias que piden que el sistema de identificación electrónica sea voluntario para criadores y recriadores. El sector advierte sobre el aumento de costos, el valor de los dispositivos y solicita al Gobierno abrir una instancia de diálogo antes de su implementación plena en 2026.
A pocos días de que comience a regir la obligatoriedad del uso de la caravana electrónica en la ganadería argentina, la Sociedad Rural de Santa Fe manifestó públicamente su oposición a la medida y formalizó un pedido de revisión ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta. La entidad se sumó así a un reclamo más amplio impulsado por productores de distintas regiones del país, que solicitan que el sistema sea voluntario al menos en los primeros eslabones de la cadena productiva.
Un reclamo que suma adhesiones en todo el país
En un petitorio electrónico a nivel nacional, ya se sumaron unas 600 firmas de productores de 17 provincias, quienes plantearon que la identificación electrónica no sea obligatoria para criadores y recriadores, sectores que consideran los más expuestos al impacto económico de la nueva normativa.
En el mercado, los dispositivos electrónicos tienen actualmente un valor base cercano a los 1,70 dólares por unidad, costo que, según advierten las entidades rurales, se suma a otros gastos operativos sin una compensación directa.
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Qué propone la Sociedad Rural de Santa Fe para modificar la medida
En un comunicado, la Sociedad Rural de Santa Fe expresó su “preocupación” por la implementación compulsiva de la caravana electrónica, al entender que implica mayores costos para el productor primario “sin generar beneficios comprobables” en términos de sanidad, inocuidad o acceso a mercados.
Los ruralistas también cuestionan que el debate sobre trazabilidad se concentre en las necesidades de exportadores y frigoríficos, cuando —según señalaron— muchas de las exigencias no responden a requerimientos reales de los mercados internacionales y terminan trasladando cargas económicas al eslabón más vulnerable de la cadena.
La entidad reconoció que la identificación electrónica puede resultar funcional en sistemas de engorde intensivo o feedlots, pero sostuvo que su aplicación obligatoria desde el nacimiento genera una transferencia de costos hacia los criadores.
Por ese motivo, propuso que la adopción sea voluntaria para criadores y recriadores, que la obligatoriedad se limite a la etapa de engorde y que se habilite la participación de múltiples proveedores homologados, para evitar un esquema de “negocio cautivo”. Además, solicitó una prórroga en la fecha de implementación y la apertura de una mesa de diálogo más amplia con los productores.
El planteo de Bases Federadas y los pequeños y medianos productores
Un planteo similar fue presentado por Bases Federadas, una organización agraria nacional que nuclea a pequeños y medianos productores familiares y cooperativistas de todo el país. En una nota dirigida al secretario Iraeta, la entidad se manifestó “totalmente en contra de la obligatoriedad compulsiva” de la caravana electrónica y advirtió que decisiones de este tipo no deberían definirse exclusivamente con exportadores o frigoríficos.
Esta organización propuso que criadores y recriadores puedan optar entre identificación electrónica o visual, de modo que el uso del chip represente un valor agregado voluntario, mientras que la obligatoriedad se concentre en la etapa de engorde, garantizando así carne trazada electrónicamente sin afectar al productor primario. También reclamó que exista un mínimo de cuatro o cinco marcas homologadas para fomentar la competencia en calidad y precio.
Alcances y plazos de la resolución del Senasa sobre trazabilidad ganadera
La controversia se da en el marco de los cambios dispuestos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que mediante la Resolución 841/2025 —complementaria de la Resolución 530/2025— estableció la obligatoriedad del sistema de identificación electrónica para bovinos, bubalinos y cérvidos.
La normativa fija que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los terneros deberán identificarse con un binomio compuesto por una caravana visual y un dispositivo electrónico con tecnología RFID. Además, desde el 1 de diciembre de 2025 quedará prohibida la venta de caravanas únicamente visuales para estas especies.
Según Senasa, la medida apunta a mejorar la trazabilidad, fortalecer el control sanitario y adecuar la producción a estándares internacionales, permitiendo un seguimiento preciso de los animales desde el nacimiento hasta la faena.
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El sistema contempla tres opciones de identificación electrónica: caravana botón con RFID, transpondedor inyectable (microchip) o bolo ruminal, siempre acompañados por una caravana visual. Los productores serán responsables de adquirir los dispositivos a proveedores registrados, colocarlos correctamente y reportar la información al organismo antes de cualquier movimiento de los animales, lo que implica también la utilización de lectores electrónicos.
