La entidad del Norte advirtió sobre posibles restricciones al uso propio si se implementa UPOV 91 y cuestionó el enfoque oficial que vincula la falta de crecimiento con la legislación vigente. En paralelo, CRA recibió a Federico Sturzenegger y plantó la necesidad de consensos y evitar definiciones apresuradas en una reforma considerada clave para el sector.
La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) expresó su rechazo a la eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa cambios en la legislación de semillas. La entidad cuestionó el diagnóstico oficial sobre el estancamiento productivo y advirtió sobre los efectos que tendría el nuevo esquema en el uso propio de semillas.
En paralelo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mantuvo un encuentro con el ministro Federico Sturzenegger, donde se abordó la necesidad de avanzar en una nueva ley, aunque sin definiciones inmediatas y con el compromiso de continuar el diálogo.
Rechazo la adhesión a UPOV 91 y cuestionamiento del diagnóstico oficial
En un duro comunicado difundido este 9 de abril desde San Miguel de Tucumán bajo el título «Cartelización de producción de semillas en Argentina», Apronor manifestó su oposición a la adhesión al Acta 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), iniciativa promovida por la administración de Javier Milei como parte de una agenda de modernización del agro. La entidad cuestionó los argumentos oficiales que vinculan la falta de crecimiento productivo con la ausencia de una nueva ley de semillas.
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“El Señor Ministro Federico Sturzenegger falta a la verdad, confunde a la opinión pública”, sotiene el documento, al tiempo que atribuye el estancamiento a factores como los derechos de exportación: “Claramente nuestra producción no crece por efecto de los derechos de exportación (DEX’S, retenciones, etc.), que desde hace años esquilman a nuestros productores”.
Como parte de su argumentación, la entidad incorporó una comparación con otros países para relativizar la necesidad de adherir a UPOV 91. “Hablemos claro, Brasil adhiere a UPOV 78 (permite el uso propio) y no tiene derechos de exportación”, señaló el comunicado, tras destacar que en ese país el agro pasó de representar el 18% al 25% del PBI en una década y duplicó su producción de granos, alcanzando niveles récord.
Apronor también advirtió sobre una posible concentración en el mercado de semillas y cuestionó el rol de organismos públicos. En ese sentido, señaló como “llamativo” que funcionarios vinculados a empresas semilleras ocupen cargos en el área regulatoria y planteó interrogantes sobre el alcance de controles y sanciones.
Uso propio en riesgo: el eje del rechazo a UPOV 91
Uno de los ejes centrales del rechazo es la restricción al uso propio de semillas que implicaría UPOV 91, en contraste con el esquema vigente bajo UPOV 78 y la Ley de Semillas de 1973. La entidad denunció que ya existen mecanismos que avanzan en esa dirección, como el sistema privado “Sembrá Evolución”, y alertó sobre una profundización de esas prácticas: “No les alcanza con ‘Sembrá Evolución’, van por todo”.
Asimismo, el comunicado cuestionó la diferencia de criterios entre cultivos. Mientras en híbridos como el maíz —donde el productor paga por la genética— “vale el libre mercado”, en autógamas como soja o trigo se observa, según Apronor, una mayor presión regulatoria: “El instituto envía cartas documento, aplica multas millonarias, es inflexible y atenta permanentemente contra el uso propio”.
La entidad cerró con un llamado de alerta a los productores y una crítica al enfoque recaudatorio que, a su entender, predomina en la discusión: “Al Estado, como así a algunos semilleros, poco les importa la producción: solo les importa la recaudación/facturación”.
CRA y el Gobierno abren una instancia de diálogo por la ley de semillas
En este contexto, el miércoles 8 de abril, CRA recibió a Sturzenegger en un encuentro institucional donde la cuestión de semillas fue uno de los temas centrales. Según informó la entidad, se planteó “la necesidad de avanzar en una nueva ley de semillas que garantice reglas claras para los productores”, junto con otros ejes como la ley de tierras y el sistema sanitario.
El presidente de CRA, Carlos Castagnani, destacó que, pese a las diferencias, no habrá definiciones inmediatas. “Hay un tiempo prudencial para seguir trabajando”, afirmó, y agregó: “Creemos que tenemos que lograr entre todos una Ley de Semillas que dure en el tiempo y que no perjudique a ninguna de las partes”.
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Sobre UPOV 91, reconoció que sigue siendo el punto más conflictivo, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdo: “Si hay soluciones mediante el debate y el diálogo, hay un camino”. En esa línea, desde CRAc señalaron que cualquier avance requerirá concesiones entre los distintos actores, en un escenario donde la discusión sobre propiedad intelectual, inversión en genética y derechos de los productores continúa abierta.
