La falta de obras públicas, los reclamos por la ausencia de rendiciones sobre fondos municipales y la aplicación restrictiva de beneficios por emergencia hídrica empujaron a productores rurales de 9 de Julio a organizarse y financiar trabajos viales de manera privada, en un contexto que profundiza el malestar del sector y debilita la confianza en las autoridades locales.
Productores agropecuarios del partido de Nueve de Julio, en provincia de Buenos Aires, debieron realizar con recursos propios la recomposición de caminos rurales tras años de deterioro y meses de anegamientos, en un contexto de falta de rendición de cuentas sobre la tasa vial y de cuestionamientos a la aplicación de beneficios por emergencia hídrica.
La situación, denunciada por la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), expone las tensiones entre el sector productivo y el gobierno local, que a su vez profundizan la desconfianza hacia la gestión de los fondos públicos por parte de los contribuyentes.
Caminos rurales en crisis tras un año de inundaciones en Nueve de Julio
Durante casi todo 2025, el partido de Nueve de Julio permaneció inundado como consecuencia de la falta de obras hídricas estructurales. Esa situación agravó el estado de la red vial rural y dificultó la salida de la producción, el traslado de insumos y la circulación básica en amplias zonas del distrito. Ya en 2026, el problema persiste y, según un comunicado de la FAA local, trasciende lo estrictamente vial.
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De acuerdo con un informe técnico elaborado a partir de información oficial del propio municipio, correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y el período en curso, no existiría un desfinanciamiento estructural del sistema vial rural. Sin embargo, los productores federados advierten que “no existe información clara, consolidada y accesible” que permita conocer cuánto se recauda por la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial ni cómo se ejecutan esos recursos.
Emergencia hídrica pero con beneficios restringidos
El cuestionamiento por la falta de transparencia se profundiza a partir de un pedido formal de informes presentado en junio de 2025, que solicitó investigar el uso de la tasa vial durante el período 2019–2023, correspondiente a la gestión del intendente Mariano Barroso. Según la FAA, “a comienzos de 2026, ese pedido continúa sin respuesta”.
En paralelo, el partido fue declarado en emergencia hídrica desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. En ese marco, en diciembre de 2025 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para aplicar a la tasa vial criterios similares a los utilizados por Nación y Provincia en situaciones de emergencia, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre los productores afectados.
No obstante, la FAA denunció que, al reglamentar la norma, el Ejecutivo municipal “desnaturalizó su espíritu”, ya que el beneficio se aplicó únicamente a la primera cuota de la tasa y se excluyó a productores con deudas. “En la mayoría de los casos, esas deudas se generaron durante el propio período de inundación”, cuando la imposibilidad de sacar cereal o vender hacienda impedía generar ingresos, señaló la entidad.
Obras privadas sin reconocimiento oficial ni rendición pública
Frente a la falta de respuestas oficiales, los productores organizaron soluciones por cuenta propia. Según el comunicado, se contrataron maquinarias de manera privada, se aportó combustible, se compraron caños para alcantarillas y se acordaron cesiones de paso por campos vecinos para garantizar la circulación. Todo el trabajo se realizó de forma colectiva y sin asistencia municipal. “Los productores debieron resolver los problemas de transitabilidad con recursos propios y de manera colectiva”, afirma el documento.
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La FAA subrayó que ese esfuerzo no tuvo reconocimiento institucional ni se vio reflejado en rendiciones oficiales. Para la entidad, la combinación de pedidos de informes sin contestar y la aplicación restrictiva de ordenanzas impacta en la confianza pública. “Cuando las rendiciones no se muestran y las ordenanzas se reglamentan en sentido contrario a su espíritu, la confianza pública se erosiona”, concluye el comunicado, que advierte sobre un Estado local “más preocupado por recaudar que por comprender la realidad de quienes sostienen la economía local”.
