Un documento anónimo que circula entre trabajadores del organismo anticipa un fuerte rediseño institucional impulsado por el Gobierno, aunque su carácter oficial no fue confirmado. El texto menciona recortes de personal, cambios en la estructura, cierre de agencias de extensión y redefinición de las líneas de investigación.
El Consejo Directivo Nacional (CDN) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que realiza su reunión ordinaria este miércoles 17 y mañana jueves 18 de diciembre tendrá la plenaria, podría incluir en su temario el amplio conjunto de reformas estructurales, organizativas y programáticas impulsadas por el Gobierno nacional en el marco de su política de reducción del gasto público y reorganización del Estado.
La propuesta sería la que se detalla en un documento anónimo (sin membrete ni firma) que circula informalmente desde hace días entre el personal del organismo y que plantea (en la misma línea de los intentos previos del gobierno) un rediseño integral del INTA, orientado a disminuir su dotación de personal, modificar su estructura de conducción, redefinir su despliegue territorial, revisar sus líneas de investigación y avanzar en la venta o desafectación de tierras consideradas en desuso.
Hasta el momento ningún funcionario o integrante de la estructura del organismo supo determinar si el documento es oficial. Según revelaron fuentes santafesinas a AIRE Agro, la intriga podría comenzar a despejarse este viernes en la reunión que tendrán los presidentes de los Consejos Regionales y el CDN.
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Qué dice el documento que trascendió sobre la reforma de INTA
Entre los primeros puntos del temario figura la implementación de un Programa de Retiro Voluntario, con el objetivo de reducir progresivamente la planta de trabajadores. El esquema contempla el pago de hasta 1,1 salarios por año de servicio, abonables en una o dos cuotas, como parte del proceso de reorganización general del organismo.
En paralelo, se propone una modificación sustancial de la estructura organizativa del INTA. En una primera fase, el proyecto plantea eliminar el actual modelo matricial y reemplazarlo por un esquema jerárquico estándar, crear una Coordinación Nacional Regional de la que dependerán los centros regionales y de investigación, y estandarizar las estructuras internas de esas dependencias.
Asimismo, se prevé la derogación de decenas de unidades a nivel central y el cierre de organismos específicos, entre ellos la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires, el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar y el Centro de Investigación de Agroindustria, junto con todas sus dependencias.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la eliminación del sistema de extensión rural tal como funciona actualmente. El temario plantea el cierre de las agencias de extensión rural y su reemplazo por mecanismos de transferencia tecnológica digital y esquemas de articulación con el sector privado. Esta medida implicaría una reducción significativa de la presencia territorial del INTA en distintas regiones del país.
En una segunda etapa, el plan contempla reducir el número de centros regionales de quince a cuatro, organizados por grandes regiones geográficas, y realizar una evaluación de las estaciones experimentales con el fin de determinar cuáles continuarían en funcionamiento. En materia de investigación, se propone concentrar la actividad en un número acotado de centros considerados estratégicos para la productividad agroindustrial.
El temario también incluye una revisión integral de los programas nacionales de investigación. De los más de 130 existentes, se propone derogar aquellos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena, así como otros considerados superpuestos o de bajo impacto productivo, con el objetivo de reducir la cartera a aproximadamente 50 programas y definir 25 líneas de investigación prioritarias. Además, se prevé habilitar la presentación de proyectos de iniciativa privada bajo esquemas de cofinanciamiento público-privado.
Otro eje de la propuesta es la desafectación y posible transferencia de miles de hectáreas de tierras del INTA a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, así como la revisión del rol de entidades vinculadas al organismo, como sociedades y fundaciones creadas para la vinculación tecnológica.
Fuerte oposición del gremio y los extensionistas
El avance de estas iniciativas generó una fuerte reacción de los trabajadores del INTA. Este martes 16 de diciembre, el personal nucleado en la Asociación del Personal del INTA (APINTA) realizó su Congreso Ordinario y aprobó un documento en el que expresa un rechazo explícito al proceso de achique, al que considera una amenaza para el carácter público, federal y estratégico del organismo.
También se pronunció la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER), que manifestó su preocupación por los posibles impactos de las reformas sobre el sistema público de asistencia técnica y extensión rural. En su posicionamiento, la entidad advirtió que el INTA ha construido durante décadas un modelo basado en la articulación entre investigación, extensión y vinculación tecnológica, con fuerte presencia territorial y arraigo local.
Desde la mirada de los extensionistas, la eventual reducción o eliminación de agencias de extensión, la redefinición abrupta de estructuras regionales y la discontinuidad de programas podrían implicar una pérdida de capacidades estratégicas clave para el desarrollo agropecuario, social y ambiental del país. AADER subrayó que la extensión rural no constituye un componente accesorio, sino un elemento central del sistema de innovación agropecuaria, y llamó a que cualquier transformación institucional sea abordada con una perspectiva integral, participativa y de largo plazo.
