Entidades rurales cuestionan el sistema de trazabilidad diseñado para cumplir con el reglamento europeo contra la deforestación. Señalan que la herramienta demanda información y validaciones que consideran excesivas para acceder al mercado de la Unión Europea.
Un conjunto de sociedades rurales y productores emitió un comunicado conjunto en el que rechazaron la certificación del sistema VISEC para exportar soja y carne bovina a la Unión Europea, al considerar que la herramienta impone requisitos “excesivos” y “condiciona” la actividad productiva local. Entre los firmantes se destacan cuatro entidades de la provincia: las rurales de Santa Fe, La Criolla, Noroeste de Santa Fe y Rosario.
El documento, titulado “¡Un resplandor, no es claridad! Pretenden exportar vía ViSeC”, plantea que el sistema “no es una plataforma sino una asociación privada que busca reemplazar al Estado” y cuestiona que utilice datos oficiales y solicite información productiva “protegida por secreto fiscal”, pese a no ser un organismo público argentino.
Los firmantes también objetan que VISEC requiere información “que ni siquiera exige la resolución europea” y aseguran que la Unión Europea “nunca pidió certificar, sólo geolocalización”.
El marco internacional: el reglamento europeo contra la deforestación
El eje de la discusión es el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que exige que productos como soja, carne, café y cacao (entre otros) ingresen a ese mercado sólo si provienen de establecimientos donde no hubo deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020. Además, las empresas deben demostrar la legalidad de origen y presentar una declaración de diligencia debida que acredite trazabilidad.
La norma, cuyo inicio de aplicación estaba previsto para 2026, fue prorrogada un año por decisión del Parlamento Europeo luego de pedidos formales de varios Estados miembro y de la Comisión Europea.
Qué es VISEC y por qué genera resistencia
VISEC —definido por sus desarrolladores como la Plataforma de Trazabilidad para Soja y Carne sin Deforestación— es un sistema nacional destinado a acreditar que los productos cumplen con los requisitos del EUDR. Fue diseñado con la participación del IPCVA, el CONICET, cámaras exportadoras y organizaciones del sector. Incluye la georreferenciación de los establecimientos, el uso de imágenes satelitales para monitoreo y metodologías de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).
El sistema abarca todas las etapas productivas, desde el establecimiento de origen hasta la exportación, y ya fue utilizado en pruebas piloto como el primer envío de carne certificada a Alemania.
Sin embargo, el comunicado de los ruralistas sostiene que VISEC está financiado por organismos y programas internacionales —entre ellos la Unión Europea, AL-Invest Verde, Global Gateway, The Nature Conservancy, Tropical Forest Alliance, Peterson y Land Innovation Fund—, lo cual, según los firmantes, genera dudas sobre su independencia y sobre el rol que debería ocupar el Estado en la certificación para la exportación.
Qué exige VISEC a los productores ganaderos
El instructivo oficial del sistema detalla los pasos necesarios para incorporarse, entre ellos:
- Registrarse como usuario y cargar datos personales y de la unidad productiva.
- Aceptar términos y condiciones del sistema, conforme a la normativa argentina.
- Suscribir una Declaración Jurada, garantizando la veracidad de la información y el cumplimiento del Protocolo VISEC Carne.
- Generar un token de acceso en SIGSA–SENASA, vinculado al RENSPA, y compartirlo en VISEC.
Además, al ingresar, el productor debe informar si utiliza soja en la dieta animal. Si la respuesta es afirmativa, debe adjuntar el certificado VISEC Soja, indispensable para cumplir con el EUDR.
Estos requerimientos, para las entidades ruralistas que difundieron el comunicado, representan una carga administrativa y un nivel de acceso a datos que consideran “innecesarios” y “excedidos respecto de lo pedido por la normativa europea”.
Reclamo a las entidades gremiales
El comunicado advierte que la implementación de VISEC “constituye un claro cepo al futuro productivo argentino, en favor de otros intereses”, y reclama a las organizaciones agropecuarias una postura “contundente” frente al sistema.
Los firmantes aseguran que las exigencias de la plataforma “contradicen las posturas del Presidente de la Nación en la materia” y que el país debería utilizar sus propios organismos oficiales —como SENASA o la Secretaría de Agricultura— para articular el cumplimiento del EUDR.
En total, rubricaron el documento 14 sociedades rurales —incluidas cuatro santafesinas— y seis referentes individuales del sector. Para ellos, la aplicación del sistema abre interrogantes centrales: “¿Qué pasa? ¿Para qué tenemos esto? ¿Quién pidió esto?” Y concluyen con un rechazo explícito a la obligatoriedad de certificar vía VISEC para acceder al mercado europeo.
