El nuevo marco normativo define etapas, plazos y apoyo municipal para avanzar con las cortinas forestales previstas en la normativa de fitosanitarios. Los productores nucleados en ACPUR fijaron posición sobre los costos, los antecedentes técnicos y las condiciones necesarias para que el plan sea viable en el periurbano rafaelino.
El Concejo Municipal de Rafaela aprobó por unanimidad un Plan de Cortinas Forestales que establece un esquema gradual y con asistencia estatal para su implementación en el área periurbana, en respuesta a las dificultades técnicas, económicas y climáticas que enfrentaron los productores locales en experiencias previas. Desde el sector productivo valoraron el consenso alcanzado, tras haber señalado los obstáculos que históricamente condicionaron el desarrollo efectivo de estas barreras vegetales.
Qué establece el Plan de Cortinas Forestales aprobado en Rafaela
La ordenanza fue sancionada en la sesión del martes 13 de enero, a partir de un proyecto presentado por el concejal Lisandro Mársico, y busca viabilizar la aplicación de las cortinas forestales previstas en la Ordenanza Nº 5.331, que regula el uso de fitosanitarios en el distrito. La iniciativa apunta a garantizar la protección ambiental del área urbana sin desatender las condiciones reales de los productores periurbanos.
En los considerandos del proyecto se detallan antecedentes que explican las dificultades para avanzar con la implementación. Entre ellos, se mencionan trabajos experimentales desarrollados desde 2022 que incluyeron todas las prácticas necesarias para la conformación de cortinas —plantación, reposición, riego, desmalezado y control de plagas— y que arrojaron resultados adversos. Según se consigna, el modelo experimental evidenció “altos costos de implantación y mantenimiento, graves daños por plagas y enfermedades, y una tasa de supervivencia menor al promedio general”.
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Experiencias fallidas, altos costos y baja supervivencia de las plantaciones
El texto aprobado retoma conclusiones de esos ensayos, que señalaron que el desarrollo de las cortinas “no debe limitarse en la mera adquisición de ejemplares y disponer de una ubicación adecuada”, sino que implica afrontar “un derrotero plagado de dificultades que exceden aun las variables económicas”. Experiencias posteriores en otros establecimientos replicaron esos inconvenientes, especialmente por ataques de aves, roedores y enfermedades, además de la necesidad de reposiciones anuales significativas.
A ese escenario se sumaron condiciones climáticas adversas: el Departamento Castellanos fue declarado zona de emergencia y desastre agropecuario durante 2022, 2023 y 2024, con impactos directos tanto en la economía de las explotaciones como en el desarrollo vegetativo de las especies forestales.
Cómo será la implementación gradual de las cortinas forestales
Frente a este contexto, la ordenanza establece un régimen de implementación gradual, progresiva y sustentable de las cortinas forestales. Entre sus principales disposiciones, crea una planificación territorial integral que deberá contemplar estudios técnicos preliminares, la definición consensuada de la ubicación de cada cortina junto a los productores y la priorización de sectores según su vulnerabilidad ambiental.
Asimismo, se instituye un Programa Municipal de Asistencia, de carácter obligatorio y permanente, que prevé la provisión gratuita de especies nativas o adaptadas, asistencia técnica profesional, líneas de crédito blando y aportes económicos para cubrir costos de implantación y mantenimiento. La obligación de los productores de ejecutar las cortinas será exigible solo cuando estén cumplidas condiciones como la aprobación de la planificación, la operatividad efectiva del programa y una notificación fehaciente con al menos 90 días de antelación.
El plan se desarrollará en tres etapas: una fase preparatoria de hasta 12 meses; una etapa de implementación gradual de 36 meses, comenzando por los sectores de mayor vulnerabilidad ambiental; y una etapa de consolidación y mantenimiento con monitoreo continuo durante cinco años. Durante todo el proceso se mantienen vigentes las restricciones ambientales actuales, sin posibilidad de reducir zonas de protección.
ACPUR y la posición de los productores frente a la ordenanza
Desde la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela (ACPUR) destacaron la voluntad de avanzar con las plantaciones y el consenso alcanzado. En un comunicado, señalaron que el Concejo aprobó la norma, reconociendo que la normativa anterior presentaba “dificultades en su aplicabilidad integrada debido a la falta de análisis técnico y condiciones operativas necesarias para su implementación efectiva”.
La entidad subrayó que los productores “han demostrado su firme voluntad de realizar las plantaciones y ya han logrado resultados concretos”, aunque advirtió que debieron enfrentar “serias dificultades para alcanzar los objetivos planteados”, especialmente tras “tres años consecutivos de sequías extremas que afectaron severamente la región”.
En ese marco, valoraron que la nueva ordenanza tienda a una visión global “ciudad/campo”, no como un límite, sino como “verdaderos mantos vivos de integración” que requieren acompañamiento mutuo.
