SanCor afronta una nueva etapa bajo control judicial compartido, con límites a su autonomía operativa y mayor supervisión sobre decisiones patrimoniales. La medida incorpora una estructura adicional de gestión que incrementa los costos fijos en un contexto de fuerte restricción financiera y productiva.
“El sistema concursal moderno exige que se procure la salvación de las empresas capaces de superar sus dificultades cuando estas representan un interés generalizado por su volumen, su personal y su producción”. Bajo esa premisa, el titular del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y Comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, decidió designar a un coadministrador con facultades de administración, representación y auditoría en SanCor Cooperativas Unidas Limitada.
En medio del concurso de acreedores que tramita desde febrero pasado, la láctea no podrá decidir de forma unilateral sobre ningún acto que tenga efecto patrimonial o contable, al menos por un plazo inicial de 60 días.
SanCor y la coadministración judicial: más control sobre la gestión desde Rafaela
En un escrito donde se puede traslucir la influencia en la opinión de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), con el aval de la sindicatura y del Comité Provisorio de Control, se habla de una reticencia informativa de la cooperativa y del incremento sostenido del pasivo posconcursal, lo que motivó la decisión de avanzar sobre la designación de un coadministrador para la empresa, a modo de protección de todos los intereses involucrados.
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Con la trascendencia de un nombre —que en el escrito no se da y que supuestamente hubiese demandado una selección más exhaustiva—, esta feria judicial comenzará ya con Lucila Prono en el rol dispuesto, con gran experiencia en procesos concursales y de quiebras. A la vez, se agregará un plantel de personal que sumará costos extra a la láctea, ya que ella deberá cobrar un salario similar al del gerente general, mientras que su personal a cargo percibirá el 50 % de ese monto.
Así, la coadministración tendrá autorización para ingresar a todos los inmuebles de la empresa, requerir el auxilio de la fuerza pública e intimar la entrega de documentación a dependientes y terceros, pero, sobre todo, tendrá intervención directa en cualquier toma de decisiones relacionada con la administración.
No se trata de un desplazamiento total de las autoridades, sino de un control real frente a una situación financiera crítica que ya lleva diez meses de proceso dentro del concurso de acreedores.
SanCor, Atilra y los salarios: atrasos, aportes y tensión en la lechería
La realidad laboral que describe el Comité Provisorio de Control abarca justamente lo que los trabajadores, empujados por el gremio, vienen reportando, con reclamos que se canalizan a través de cartas documento secuenciadas desde Atilra. Las demoras en el pago de salarios son reales, aunque no alcanzan hasta junio de 2025, sino que existen pendientes parciales desde julio, incluyendo los dos pagos del sueldo anual complementario de este año.
Además, el planteo abarca irregularidades en las que los descuentos se realizan sobre el sueldo bruto, pero los aportes previsionales corresponden apenas al mínimo vital y móvil. Incluso existen diferencias en el pago del impuesto a las Ganancias, con devoluciones de ARCA que quedan retenidas en la propia cooperativa.
El esquema de pronto pago, que debería representar el tres por ciento de las ganancias mensuales, no ha llegado a cubrir ni el uno por ciento de lo adeudado para la mayoría del personal activo o no activo. Aquí entra en juego la agilidad de la sindicatura para procesar datos, ya que, hasta el momento, los listados de liquidación en este sentido solo se emitieron para los meses de febrero, marzo y abril.
Se cita en el planteo el procesamiento de los expresidentes José Gastaldi y Alberto Sánchez, señalados como presuntos responsables de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. De todas maneras, otro dato que se filtró a algunos medios antes de la información judicial formal sobre la deuda —que no puede cancelarse por el propio trámite del concurso— permite inferir que esa causa federal promovida por ARCA y la DGI terminará confluyendo en un mismo expediente.
La lechería argentina y el caso SanCor: producción para terceros en plena crisis
Existen algunas lecturas sobre el movimiento de la cooperativa que no se condicen con la realidad del mercado lechero argentino. Hoy SanCor no está en condiciones de hacerse de leche propia en cantidad, pero sí trabaja, y a buen ritmo, en sus seis plantas con leche de terceros, bajo contratos de fasón que no le permiten generar ganancias frente a un costo laboral tan abultado, con más de 900 trabajadores activos y casi la mitad adicional entre jubilados, cesanteados e incluso delegados gremiales que cobran todos los meses.
Sobredimensionada por los impedimentos de recortar en otros tiempos, por sucesivas malas decisiones de administración y manejo, y acosada por la intención de Atilra de controlarla, SanCor navega, a pesar de todo, en medio de las turbulencias.
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Producir para terceros no deja ganancias, sino que permite sobrevivir. Frente a tanta presión —que a lo largo de los años fue espantando posibilidades de nuevos negocios— y ante la imposibilidad de mover piezas sin la consulta directa al gremio, se vuelve cada vez más difícil “pegarle un manotazo” al pantano de lo cotidiano.
La cooperativa se encamina a cumplir un año de concurso, atravesó un cambio de juez, corrimiento de plazos y ahora una coadministración. Deberá seguir transitando estos desafíos hasta poder ordenar sus pendientes y disponer movimientos que apunten a la salud de la cooperativa, sin alejarse de la transparencia que el proceso judicial demanda.
