CRA cuestiona la ejecución fiscal de una sanción ambiental por más de $379 millones aplicada al ganadero Eduardo Bieler, cuyo caso aún está en revisión judicial. La entidad rural reclama una mesa técnica con el Gobierno santafesino para evaluar la proporcionalidad de la multa y el encuadre de las tareas realizadas en el campo de Vera.
La sanción impuesta a un productor ganadero del norte santafesino escaló al ámbito político-institucional a raíz de un pedido de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al gobernador Maximiliano Pullaro en el que solicita que se suspenda el juicio de apremio iniciado contra Eduardo Bieler, hasta que la Justicia defina si corresponde o no la multa por presunto desmonte ilegal que pesa sobre él.
La sanción por desmonte que originó el conflicto
El caso se remonta a 2021, cuando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe sancionó al productor con una multa de $379.809.189 por haber realizado tareas de desmonte no autorizadas en un establecimiento de 179 hectáreas ubicado en el departamento Vera, distrito catalogado como «zona amarilla» por la Ley de Bosques, rango que impone restricciones a la alteración del ambiente.
Bieler, conocido por haber sido entre 2018 y 2020 Jefe de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, sostiene que en 2020 solo efectuó labores de mantenimiento: limpieza de alambrados, picadas y poda “selectiva” para contener el avance de renovales. El Gobierno provincial ratificó la sanción mediante decreto en julio del año pasado.
Mientras el productor tramitaba un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe, la Provincia avanzó en paralelo con un juicio de apremio para ejecutar la multa. Ese movimiento oficial encendió las alarmas de la dirigencia rural.
Los argumentos de CRA sobre proporcionalidad y debido proceso
En su presentación, mediante una nota oficial, CRA advirtió que la coexistencia de ambos procedimientos “desnaturaliza el carácter suspensivo” que debería regir hasta que haya un pronunciamiento judicial. La entidad recordó además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado este tipo de sanciones como de naturaleza penal, lo que exige —subraya— un control judicial previo antes de ejecutar cualquier cobro.
El monto de la multa es otro de los puntos que generó preocupación: equivale a 900 sueldos básicos y, según el propio Bieler, duplica el valor de su campo. Para CRA, la cifra adquiere un carácter “confiscatorio” y vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben conducir la actuación del Estado. “Ninguna sanción puede poner en riesgo la continuidad económica de una familia productora, aun en caso de que eventualmente se comprobara algún incumplimiento”, remarcaron desde la entidad.
En ese marco, la organización rural le pidió formalmente al gobernador que instruya a los fiscales para detener el avance del juicio de apremio hasta que la Justicia resuelva de fondo el expediente, y que convoque a una mesa de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades del sector y el productor involucrado. El objetivo: encontrar una salida “proporcionada y compatible con el Estado de Derecho”.
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CRA sostuvo que una revisión prudente no solo permitiría evitar un “daño injustificado” para Bieler, sino que enviaría una señal de previsibilidad y seguridad jurídica al conjunto de los productores santafesinos, en un contexto de creciente sensibilidad por las regulaciones ambientales y sus mecanismos de aplicación.
