El Ejecutivo expuso ante las principales entidades del agro los lineamientos de una reestructuración que apunta a revisar las dimensiones, los recursos y las líneas de trabajo del instituto. Mientras el oficialismo habló de eficiencia y ahorro, referentes rurales manifestaron inquietudes por el impacto territorial y la falta de definiciones concretas.
El Gobierno nacional presentó este lunes 22 de diciembre a las principales entidades del agro una hoja de ruta para avanzar en una reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en un encuentro que estuvo rodeado de expectativas y especulaciones previas, pero que concluyó sin definiciones inmediatas ni anuncios formales.
Un encuentro clave en medio de versiones sobre una reestructuración
La reunión se realizó en la Secretaría de Agricultura a partir de las 10 y fue encabezada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Por el lado del INTA participaron su presidente, Nicolás Bronzovich, y el vicepresidente, Carlos Alberto Vera.
También asistieron los presidentes de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari; de Coninagro, Lucas Magnano, y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. No estuvo representada Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ya que el gobierno nacional no define la designación de su representante en el Consejo Directivo Nacional de INTA por lo que desde la entidad consideraron inútil sumarse al debate.
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El encuentro se produjo luego de una semana cargada de versiones. Horas antes de la última reunión plenaria del Consejo Directivo Nacional (CDN) del INTA, había trascendido que el Gobierno podría intentar llevar su plan de reestructuración a ese ámbito, algo que finalmente no ocurrió.
Las especulaciones previas y el rol del Consejo Directivo
Fuentes del organismo indicaron entonces que el Ejecutivo optaría por convocar primero a las entidades rurales, en un contexto en el que la actual composición del CDN —ocho integrantes, de los cuales tres responden al Gobierno— le permitiría al oficialismo obtener dictamen favorable con un solo voto adicional, ya que en caso de empate el voto del presidente vale doble. En ese marco, incluso se especuló con la posibilidad de que tras la reunión de ayer se convocara a un consejo extraordinario, lo que finalmente tampoco sucedió.
También había trascendido un documento que el gobierno presentaría a las entidades del agro con el plan de reestructuración para el INTA. Allí consta, a grandes rasgos, que se busca implementar un plan de retiros voluntarios; reducir los 15 Centro Regionales a sólo 5, uno por cada macro región; disminuir las 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) a sólo 1 por provincia (en Santa Fe hay 3: Oliveros, Rafaela y Reconquista); dejar operativas sólo 20 Agencia de Extensión Rural (AER) de las 293 que hay en todo el país (en la provincia suman una veintena); desafectar casi 34.000 hectáreas de INTA que se consideran improductivas; y eliminar las cooperadoras que administran bienes y gestionan actividades comerciales para solventar el trabajo de las dependencias del organismo.
Sin anuncios ni definiciones inmediatas tras la reunión
Tras la reunión de este lunes, un documento interno al que tuvo acceso AIRE Agro indica que tras unas palabras de Iraeta hizo su exposición Lavigne, quien presentó los principales ejes de trabajo para una eventual reestructuración del INTA, aclarando que se trata de una propuesta base para análisis y discusión, y no de un plan cerrado ni de aplicación inmediata. En ese marco, se planteó la necesidad de establecer plazos concretos para cada una de las etapas del proceso.
Entre los puntos abordados este lunes figuraron la realización de monitoreos sobre tierras, agencias, parque automotor y otros bienes del organismo; la posibilidad de avanzar en un esquema de retiros voluntarios con análisis caso por caso; la revisión del funcionamiento de los Centros Regionales; la evaluación de las líneas de investigación para evitar superposiciones y priorizar aquellas con impacto directo en los productores; y el análisis de la situación de las cooperadoras, con pedidos de información que deberán ser elevados en enero. En todos los casos, se fijó como horizonte el 30 de abril de 2026 para completar los análisis.
Un proceso abierto y bajo observación del sector agropecuario
No hubo registro fotográfico del encuentro ni declaraciones oficiales por parte de los funcionarios. La presidente de la FAA, Andrea Sarnari, expresó a medios capitalinos su preocupación por la falta de precisiones. “Nos informaron que están trabajando sobre una propuesta, que casi la tienen lista, pero no nos trasladaron ni plazos ni propuesta económica”, señaló. Y agregó: “Me voy preocupada, porque me parece que hay un claro intento de reducir administrativamente y que, abajo, esa reducción administrativa puede significar una retirada del INTA del territorio y de la cercanía con los productores”.
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Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la SRA, ofreció una lectura más optimista. Aseguró que “no se habló de eliminar centros, sino de ponerlos a discusión y análisis para ver cómo se puede eficientizar el manejo interno y administrativo del INTA”, y sostuvo que se fue “bien”, al percibir “buena voluntad de los consejeros y reciprocidad con los funcionarios del Gobierno”. No obstante, remarcó que cualquier ajuste debería hacerse “sin que desaparezca la presencia del INTA en las zonas productivas”.
