La iniciativa legislativa bonaerense propone un nuevo esquema ambiental que busca regular emisiones del sector pecuario mediante un tributo específico. La reacción ruralista fue inmediata, con fuertes críticas por considerar que incrementa la presión fiscal y pone en riesgo la actividad productiva.
La reciente presentación de un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para aplicar un nuevo impuesto a la ganadería, por parte de la diputada kirchnerista de Unión por la Patria (UxP), Lucía Lorena Klug, desató un inmediato y contundente rechazo por parte del sector agropecuario.
La iniciativa, que plantea la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), apunta a gravar la emisión de gas metano proveniente de explotaciones ganaderas, con el objetivo declarado de mitigar el impacto ambiental de esta actividad y promover prácticas productivas sostenibles.
Según el texto impulsado por Klug, el impuesto se calcularía en base al kilogramo de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) que genere cada establecimiento ganadero, considerando la cantidad y tipo de cabezas de ganado y otros factores productivos.
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Los fondos recaudados integrarían un nuevo fondo fiduciario destinado a compensar emisiones, principalmente a través de políticas de reducción del metano en la gestión de residuos sólidos urbanos.
La diputada fundamentó su propuesta en la necesidad de “mejorar las condiciones sociales, ecológicas y productivas” de la provincia, fomentar Buenas Prácticas Ganaderas y avanzar hacia un esquema de Responsabilidad Extendida del Productor en materia ambiental.
La reacción del campo: gran potencial para hacer daño
Apenas conocida la iniciativa, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundió un duro comunicado en el que rechaza la posibilidad de gravar las emisiones ganaderas. Para la entidad, el proyecto no constituye una política ambiental seria, sino una medida “desconectada de la realidad productiva del país”.
“Que una diputada impulse cobrar un impuesto por los gases que emiten las vacas no es una discusión ambiental: es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que vuelven a atacar al sector que sostiene al país”, afirmó la entidad, citando además a CARBAP: “cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.
CRA denunció que la Tamba implicaría sumar presión fiscal a un sector que ya enfrenta “una de las cargas impositivas más altas del planeta”, sin que el proyecto aporte “ninguna solución técnica seria o viable”.
El comunicado concluye con un fuerte posicionamiento político: “Necesitamos dirigentes que trabajen a favor de la producción, no quienes creen ocurrencias”.
Críticas desde las bases: más político que ambiental
El rechazo también se replicó entre técnicos y productores autoconvocados. El ingeniero agrónomo santafesino Silvio Montenegro cuestionó la efectividad y el sentido del tributo, recurriendo a las estadísticas conocidas sobre la real trascendencia de metano.
El respecto, señaló que el metano representa el 14,5% de los gases de efecto invernadero globales, y que solo el 19% de ese metano proviene de la ganadería. “Están hablando de gravar el 2,755% del total de los GEI”, sostuvo.
Para Montenegro, el proyecto tiene un fin “poco ambicioso” en lo ambiental y más cercano a una búsqueda de posicionamiento político.
Además, criticó que se pretenda financiar la mejora en gestión de residuos urbanos con un tributo al sector rural: “Si ellos pretenden cobrarnos para mejorar su eficiencia, deberíamos cobrarles por recuperarles el ambiente que deterioran”.
