La entidad elaboró un proyecto de ley, que entregó a legisladores nacionales, que propone modificar el Código Penal para tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria. La iniciativa prevé penas de prisión por daños a silobolsas, cultivos, ganado y otros bienes del sector.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para tipificar de manera específica el delito rural que afectan a la producción agropecuaria. La iniciativa fue expuesta ante legisladores nacionales, entre ellos la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y apunta a incorporar la figura de “Vandalismo Rural”, con penas de dos a cinco años de prisión.
Una reforma al Código Penal para delitos rurales
El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el nuevo artículo 184 bis, con el objetivo de dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el normal desarrollo de la actividad rural.
Desde la entidad señalaron que la propuesta surge ante la reiteración de ataques a establecimientos agropecuarios, en particular la rotura de silobolsas, que actualmente no encuentran una respuesta penal acorde a la magnitud del perjuicio ocasionado.
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Vandalismo Rural: conductas y bienes alcanzados por la nueva tipificación
La figura de “Vandalismo Rural” establece penas de prisión cuando se afecte el normal desempeño o la explotación de un establecimiento mediante la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otra forma de daño sobre bienes vinculados a la actividad agropecuaria.
Entre las conductas penadas se incluyen los daños a granos, semillas y cereales almacenados en silos, bolsas, tolvas o tanques, así como a los cultivos aún no cosechados. También abarca la afectación de plantaciones como viñedos, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales y bosques en explotación, tanto con frutos en pie como ya cosechados.
El proyecto incorpora además como bienes protegidos al ganado en los campos y a sus productos, a la leña y el carbón destinados al comercio, y a los alfalfares y otros cultivos forrajeros, ya sea en pie o almacenados. La tipificación alcanza también a estos productos cuando se encuentren cargados, detenidos o en movimiento, ampliando el alcance de la protección penal a las distintas etapas del proceso productivo.
Los fundamentos del proyecto y las falencias del marco legal vigente
En los fundamentos, CRA sostiene que el delito “muta y se adapta a nuevas prácticas”, y que una parte sustancial de la producción agrícola argentina se almacena en silobolsas, una modalidad clave para el ciclo productivo y exportador.
Según la entidad, esta forma de acopio se ha visto amenazada por acciones vandálicas orientadas a dañar la explotación rural, lo que revela una “laguna regulatoria” en la legislación vigente y dificultades para encuadrar estos hechos dentro de las figuras penales existentes.
La iniciativa también propone actualizar la figura del delito de estrago. En ese sentido, se reformula su redacción para adecuarla a criterios actuales y se incorpora expresamente el estrago por liberación de patógenos, una modalidad que no estaba contemplada en el Código Penal.
Impacto en la producción, la economía y la seguridad jurídica rural
El proyecto establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, y agrava las penas cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o cuando el hecho produzca consecuencias fatales.
Desde CRA explicaron que la reforma busca diferenciar con mayor claridad la puesta en peligro de bienes y personas de la producción efectiva del estrago, así como establecer reproches penales proporcionales a la gravedad de cada conducta.
A su vez, destacaron que la protección de la producción en origen tiene un impacto directo en toda la cadena económica, ya que el daño inicial se amplifica a lo largo del proceso y genera mayores perjuicios.
Al presentar la propuesta, la entidad subrayó que el objetivo no se limita a la protección de bienes materiales, sino que apunta a resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en el país. En ese marco, el proyecto busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan tanto a los productores como al desarrollo económico y social de las comunidades del interior.
