La agenda conjunta de MAIZAR, ACSOJA, Argentrigo y ASAGIR incluye cambios impositivos, incentivos a la inversión, nutrición de suelos y apertura comercial. En su encuentro de fin de año, las entidades también propusieron acordar con el Gobierno un plan de trabajo para 2027.
Las cuatro cadenas de cultivos extensivos de la Argentina realizaron este martes 17 de noviembre su tradicional encuentro de fin de año en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, presentaron cinco propuestas para mejorar la competitividad, promover inversiones y establecer reglas de largo plazo para el sector.
El documento conjunto fue leído por el presidente de Maizar, Luis María Urriza, y estuvo dirigido también a legisladores y funcionarios. Las entidades destacaron que las cadenas representan casi 39 millones de hectáreas y generan cuatro de cada diez dólares que exporta el país.
Retenciones, biocombustibles y fitosanitarios: las reglas que reclama el agro
La primera propuesta apunta a dar previsibilidad a las inversiones. Las cadenas solicitaron que el Poder Ejecutivo impulse una ley que establezca un cronograma de reducción de los derechos de exportación, con alícuotas y fechas concretas hasta su eliminación.
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«Las retenciones castigan al que produce y al que está más lejos del puerto», expresó Urriza al fundamentar el pedido. También convocaron a provincias y municipios a acompañar el proceso para evitar que la reducción impositiva nacional se compense con nuevos tributos locales.

En biocombustibles, reclamaron que Diputados avance con una nueva ley que establezca un horizonte de largo plazo y mayores cortes de bioetanol y biodiésel, en línea con los porcentajes aprobados por el Senado. Y sumaron el pedido de una ley nacional de aplicación de fitosanitarios, con requisitos mínimos comunes basados en evidencia científica.
El paquete se completa con más líneas de crédito público a diez años para equipamiento e infraestructura agropecuaria y medidas que faciliten el acceso de las pymes al mercado de capitales. «Un silo, una planta de procesamiento, un equipo de riego, se proyectan a 10 o 20 años, y el crédito a largo plazo que se requiere llega solo cuando las reglas duran», sintetizaron.
Una ley para incentivar el uso de fertilizantes
La segunda iniciativa propone una ley de nutrición de suelos que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas para reponer los nutrientes extraídos por las cosechas.
Las entidades advirtieron que actualmente los suelos reciben menos nutrientes de los necesarios. Entre las causas señalaron el impacto de las retenciones sobre la relación entre el precio de los granos y el costo de los insumos.
Como herramienta, propusieron un incentivo fiscal para la reposición de nutrientes, que acompañe el proceso de reducción de los derechos de exportación. «Reponer lo que se extrae es parte de ese mismo cuidado», plantearon.

Agregadurías agrícolas y nuevos mercados para las cadenas
La tercera propuesta busca ampliar las oportunidades comerciales mediante una mayor red de agregadurías agrícolas y el trabajo conjunto entre la diplomacia y el sector privado.
Las entidades identificaron al sorgo como una prioridad por su dependencia de pocos compradores y destacaron la apertura de la agregaduría en Vietnam en 2025. También reclamaron acelerar las aprobaciones de eventos biotecnológicos en los mercados de destino.
En cuanto a las exigencias ambientales, especialmente las vinculadas con la normativa europea sobre deforestación, pidieron que se sustenten en evidencia científica y reconozcan prácticas argentinas como la siembra directa y las rotaciones. «Cuando una exigencia no tiene base científica, es una barrera«, advirtieron.
Semillas: acuerdos para impulsar la inversión tecnológica
La cuarta iniciativa apunta a fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico. Las cadenas destacaron el aporte de organismos públicos, universidades y empresas, pero advirtieron que todavía existe una brecha entre los rendimientos obtenidos y los potenciales.
Por eso, solicitaron que la mesa de trabajo sobre semillas convocada por el Gobierno alcance acuerdos sobre propiedad intelectual y reglas que incentiven la inversión, garantizando el acceso de los productores a nuevas tecnologías. «En soja y en trigo, el mejoramiento genético depende de reglas claras sobre la propiedad intelectual», remarcaron.
Una agenda de trabajo conjunta para 2027
La quinta propuesta es institucional: establecer una agenda común entre las cuatro cadenas, la Secretaría de Agricultura, otras áreas del Gobierno y las provincias.
El objetivo es acordar prioridades, responsables, fechas y mecanismos de seguimiento compartidos. «Pocas prioridades, con responsables, fechas y seguimiento compartido», fue la definición que eligieron para sintetizar el planteo.
Las entidades cerraron con un llamado a sostener el trabajo conjunto y convertir las coincidencias en políticas que trasciendan una campaña agrícola. El propósito, remarcaron, es generar más valor agregado, empleo y oportunidades de desarrollo en el interior del país.
