La Sociedad Rural de Santa Fe y otras entidades, junto con productores y referentes del sector, renovaron sus cuestionamientos a la plataforma de trazabilidad. Advierten sobre las exigencias comerciales de frigoríficos y exportadores, el acceso a datos productivos y la falta de sustento legal que, según sostienen, tiene el pedido de certificados.
Ante los rumores de una tercera postergación del Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), un grupo de sociedades rurales, productores y referentes del sector agropecuario volvió a pedir que los ganaderos argentinos no se adhieran a VISEC Carne. La advertencia se produce en un contexto de creciente presión comercial, con frigoríficos y exportadores que solicitan certificados vinculados con la plataforma para comprar hacienda, mientras ofrecen supuestos adicionales de precio por productos registrados.
El secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, Juan Carlos Pujato, confirmó a AIRE Agro que ya hay inconvenientes en las operaciones comerciales. “Hay problemas, piden certificado VISEC para comprar invernada pesada. Y pagan plus a los que hoy venden soja, si se adhieren a VISEC”, explicó.
Sobre la posible nueva prórroga de la normativa europea, agregó: “Las versiones que se vuelve a prorrogar son cada vez más fuertes. No puedo revelar la fuente, pero es fuerte y confiable”.
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El comunicado, difundido en las últimas horas y firmado por 47 entidades, organizaciones y referentes, entre ellos las sociedades rurales de Santa Fe, Rosario, La Criolla y el Noroeste santafesino, ratifica una postura que el grupo ya había expresado en noviembre de 2025: “Ante esa confusión, ratificamos: NO ADHIERAN”.
Por qué rechazan la adhesión a VISEC Carne
VISEC Carne es una iniciativa privada impulsada por actores de la cadena de ganados y carne vacuna para reunir y validar información de trazabilidad, origen y geolocalización de los establecimientos, en respuesta a las exigencias europeas sobre productos libres de deforestación. La inscripción de los productores es gratuita, y el sistema apunta a demostrar que los animales y sus productos cumplen con los requisitos de los mercados que los demandan.
Sin embargo, los firmantes cuestionan que una herramienta privada concentre información productiva y condicione las operaciones comerciales. En el documento sostienen que VISEC “no es un organismo público argentino”, aunque utiliza datos oficiales y solicita información que consideran sensible.
Uno de los principales argumentos del grupo es que la Argentina ya cuenta con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y con los ordenamientos territoriales provinciales que regulan el uso del suelo. “Ningún reglamento extranjero puede ponerse por encima de nuestra legislación”, sostienen en el comunicado.
También objetan que se les solicite a los productores información georreferenciada y documentación adicional para demostrar condiciones ambientales que, según su interpretación, ya están contempladas en la legislación nacional. “Pretender que un productor deba certificar lo que ya está certificado por el Estado argentino es una intromisión y una carga burocrática sin sentido”, argumentan.
Los cuestionamientos al supuesto plus y a los datos productivos
Otro de los puntos centrales de la declaración es el incentivo económico que, según Pujato, se ofrece para quienes adhieran a la plataforma. El grupo pone en duda que esas bonificaciones respondan a una exigencia formal de la Unión Europea y advierte sobre el riesgo de que el sistema se convierta en una herramienta para segmentar proveedores.
“Ese plus no existe en Bruselas”, afirman en el documento, que también cuestiona la entrega de polígonos y otros datos productivos a una plataforma privada.
Los firmantes sostienen que la adhesión implica presentar una declaración jurada y aportar información vinculada con el RENSPA, los polígonos de los establecimientos y el CUIT. A su juicio, esto genera un riesgo jurídico para los productores ante eventuales reclamos vinculados con el cumplimiento de las exigencias europeas. “El productor queda expuesto”, advierten.
Reclaman que el Estado argentino tenga un papel central
Como alternativa, el grupo propone fortalecer el papel del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como organismo oficial para respaldar la trazabilidad y el origen de la producción. En el comunicado mencionan los mecanismos de certificación utilizados para exportaciones de carne, como la Cuota Hilton y la Cuota 481, y cuestionan la necesidad de recurrir a sistemas privados para responder a las nuevas exigencias ambientales.
“Los frigoríficos no pueden exigir certificado de libre deforestación cuando la propia UE mantiene en suspenso la plena aplicación de su reglamento”, señalan.
La declaración también cuestiona la falta de una postura más contundente de las entidades gremiales del sector frente a estas exigencias comerciales y reclama una defensa coordinada de los intereses de los productores.
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La reaparición del planteo se da mientras la cadena ganadera busca avanzar con la trazabilidad necesaria para mantener el acceso a mercados internacionales. Aunque el grupo firmante sostiene que no corresponde adherir a VISEC Carne en las actuales condiciones, la industria exportadora considera que contar con información verificable sobre el origen de los animales será clave para operar bajo las reglas europeas cuando entren en aplicación.
“La carne y la soja santafesina son libres de deforestación ilegal porque cumplen la ley argentina. No necesitamos validación externa”, sostuvo Juan Carlos Pujato.
