Las empresas exportadoras exigirían a acopios, cooperativas y productores la entrega de información comercial y productiva sensible como condición para operar. Desde la Federación advierten que el pedido vulnera normas vigentes, rompe la confidencialidad del sistema y podría derivar en una mayor concentración del mercado granario.
La Federación de Acopiadores de Granos denunció que empresas exportadoras estarían imponiendo exigencias “ilegales y abusivas” a acopios y cooperativas como condición para comprarles soja, al requerir información sensible sobre los productores. Según la entidad, la maniobra vulneraría normas vigentes y respondería a una estrategia destinada a concentrar el mercado granario y desplazar a los intermediarios tradicionales.
Qué información estarían exigiendo las empresas exportadoras
La advertencia surge a partir de comunicaciones recibidas por operadores del sector. De acuerdo con la Federación, un grupo de exportadoras multinacionales —a las que atribuye una posición oligopólica y dominante— comenzó a exigir que acopios y cooperativas informen datos detallados de sus productores clientes, como hectáreas trabajadas, nombre de los establecimientos, ubicación geográfica y número de RENSPA de cada productor que comercializa soja a través de esos canales.
La exigencia, sostienen, también alcanzaría a los productores que venden de manera directa, quienes serían obligados a brindar información confidencial que excede lo estrictamente vinculado con cada operación.
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Para la entidad, se trata de un requerimiento sin antecedentes en el mercado de granos argentino. “Jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes”, señalaron desde la Federación.
En ese sentido, remarcaron que la solicitud implica una vulneración directa del principio de confidencialidad comercial. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, advirtieron.
Los cuestionamientos legales y las normas que podrían estar vulneradas
A su vez, interpretaron que el acceso a estos datos podría responder a un objetivo más amplio: “Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas”.
La Federación calificó la maniobra como inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal. Inviable, porque —según explicaron— no es técnicamente posible identificar qué productor específico originó cada camión de granos que sale de una planta de acopio. Ofensiva, porque vulnera la protección de los datos comerciales. Innecesaria, porque ya existen mecanismos confiables para certificar compromisos ambientales internacionales, como el sistema VISEC, que “resguarda el secreto comercial mediante datos encriptados”. E ilegal, porque la exigencia violaría la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
En ese marco, la entidad recordó que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan la confidencialidad de la información comercial, por lo que la pretensión de las exportadoras excedería lo previsto por la normativa vigente.
También cuestionó que se invoque un supuesto “road map climático” como justificación. “La excusa de un plan creado por las propias empresas no puede justificar una intromisión de esta magnitud”, sostuvieron, y calificaron de contradictorio que actores que participan del sistema VISEC impulsen ahora un esquema paralelo que, según señalaron, vulnera tanto la trazabilidad como la confidencialidad.
La respuesta institucional de los acopiadores y los próximos pasos
La Federación advirtió además que la conducta denunciada podría encuadrar en una violación de varios incisos del artículo 10 del Decreto 274/2019, lo que habilitaría a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios.
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Finalmente, la entidad informó que puso en conocimiento de la situación a organizaciones de productores y corredores de granos, con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto. “La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad”, afirmaron, y concluyeron que “cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente”.
