Más de 200 raciones de comida fueron repartidas entre empleados y vecinos afectados por la inactividad de la planta. El lunes se definirán nuevas medidas de fuerza ante el incumplimiento salarial y la falta de respuestas.
Este viernes por la noche, más de 200 porciones de arroz con pollo -según revelaron a AIRE Agro– fueron servidas en una olla popular en Totoras a los empleados de la planta de Lácteos Verónica, en una acción organizada por la Seccional local de ATILRA con apoyo del municipio local. La medida tuvo como objetivo acompañar a las familias afectadas por la crisis de la firma, una de las principales industrias lácteas de Santa Fe, que hoy atraviesa una de sus peores situaciones económicas y laborales.
Además de los trabajadores, también se entregaron raciones a unas 50 personas de la comunidad en situación de vulnerabilidad, quienes también se ven impactadas por la parálisis de la planta. Durante la jornada, el sindicato distribuyó bolsones con alimentos a los afiliados que se acercaron a recibir ayuda.
Estas acciones se enmarcan en un conflicto que ya lleva más de dos meses, y que podría intensificarse a partir del lunes, cuando los empleados debatirán en asamblea la posibilidad de duplicar la medida de fuerza vigente: pasar de una retención de cuatro a ocho horas por turno, lo que implicaría una paralización total de la producción.
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Un conflicto que no encuentra salida
La situación de Lácteos Verónica comenzó a agravarse en mayo, tras más de siete años con dificultades intermitentes. Fue en ese mes cuando la empresa inició los retrasos en el pago de salarios, la entrega de cheques sin fondos a tamberos, y la pérdida de materia prima, hechos que derivaron en una crisis profunda.
Actualmente, los trabajadores —más de 700 en total— no tienen certezas sobre su futuro. A la fecha, la empresa abonó solo el 50 % de los sueldos de mayo, adeuda la totalidad del salario de junio y no ha emitido ninguna información respecto al pago de aguinaldos. La incertidumbre es total.
La producción también cayó drásticamente. De los más de 700 mil litros diarios procesados el año pasado, hoy solo se recepcionan cerca de 40 mil litros por día, provenientes de tambos pertenecientes a la propia familia Espiñeira, propietaria de la firma. Esta disminución es el resultado directo del rechazo masivo de cheques, que alcanzó una cifra cercana a los 2.000 millones de pesos, y del desvío de leche cruda hacia otras industrias lácteas de la provincia.
Movilización gremial y falta de respuestas
En las plantas de Suardi, Lehmann y especialmente en Classon, los trabajadores iniciaron una paralización por turnos como reclamo. Si bien la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) respaldó las medidas dispuestas por sus afiliados, el accionar del gremio ha generado críticas por su pasividad.
Hasta el momento, solo se realizaron dos reuniones formales entre la empresa y representantes del sindicato —una en la ciudad de Santa Fe y otra en la Secretaría de Trabajo de la Nación— sin que se lograran avances. Desde entonces, no se ha retomado el diálogo ni se propusieron nuevas instancias de negociación, a pesar de la gravedad del conflicto.
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Para muchos empleados, resulta llamativa la calma del sindicato ante un escenario que, en otros casos del sector, habría motivado acciones más contundentes. Por ese motivo, la próxima semana será clave: el lunes podrían decidir en asamblea duplicar la retención de tareas y paralizar por completo la producción.
El reclamo llegó a la Legislatura de Santa Fe
El conflicto también llegó a la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe. El pasado miércoles, un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales fue recibido por la Comisión de Asuntos Laborales, tras una solicitud del legislador Carlos Del Frade.
Durante el encuentro se detalló el contexto económico y social que atraviesa la empresa, así como las particularidades del caso. Los legisladores se comprometieron a unificar los proyectos presentados por Celia Arena y el propio Del Frade, con el fin de investigar las causas de la crisis, indagar sobre los movimientos financieros de la familia Espiñeira y promover una mesa de diálogo entre los trabajadores y el Gobierno provincial para encontrar posibles salidas.
