La historia reciente de Sancor es turbulenta
Con la intención de un grupo empresario de entrometerse en la posesión de la firma valiéndose de dineros públicos que no resultó, la presión y bloqueo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) que desencadenó diez meses de imposibilidad de producción, se llegó a la firma de un acuerdo destructivo para pagarle deuda al gremio antes de poder normalizar la industrialización.
Eso llevó a retrasos en el pago de salarios y de liquidaciones de materia prima a los tamberos, que siguen esperando desde octubre pasado, un tambaleo que llevó a recortar la planta laboral con despidos repentinos, con ello la caída abrupta de socios-productores y con ello se desencadenó el pedido de apertura de concurso de acreedores.
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De ese 3 de febrero, cuando el trámite quedó en el Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Denominación de Rafaela, fecha desde la que opera la gestión de deudas, no se logra estructurar el normal funcionamiento de las plantas, la provisión de productos en heladeras y góndolas, ni tampoco poder ordenar la exportación, que es la que ayudó a la Cooperativa en tiempos de bloqueo.
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No hay cifras certeras sobre la cantidad de litros y de socios que tiene hoy SanCor, si se sabe que son 900 los empleados que conserva, con plantas que no se pudieron reactivar por completo, aunque por definición del Juez Guillermo Vales, se deben restablecer todos los servicios, incluidos los que cortó la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Balnearia Ltda, en la planta de esa localidad, que podría volver a estar activa con el comienzo de abril.
De forma esporádica, el resto de las ubicaciones productivas trabaja y la mayoría de los empleados están en el esquema de “jornadas libres”, sin tareas activas. Todos señalados por Atilra para entrar en ese sistema, antes cobraban el 75 por ciento del sueldo, pasaron al 50 por ciento y según cuentan los propios empleados, ahora percibirían el 30 por ciento del salario, a lo que se deben sumar pagos semanales ocasionales, que no superan las entregas de 150 mil pesos, cuando ocurren.
En cuanto a los tambos, volvieron las demoras en los pagos de la leche y esto vuelve a replantear la lista de los socios siguen entregando materia prima con cierta constancia.
Empleados de Sancor rechazan despidos
El recorte de personal se dio por jubilaciones, retiros voluntarios, pero sobre todo por despidos a fines de enero, de todas las plantas, pero con menor injerencia en Sunchales.
En concreto, los 63 trabajadores despedidos del Centro de Distribución del Acceso Norte (CDAN), en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, enviaron -al inicio de esta semana- telegramas a través de los cuales rechazan la decisión de la empresa.
Los que habían detectado el vaciamiento del lugar a mediados de enero, y días después comenzaron a recibir las notas de desvinculación de la Cooperativa, por considerarse el CDAN uno de los espacios de más complejo manejo en tiempos de baja producción, cuestionaron estas acciones de Sancor como “improcedente, persecutorio, discriminatorio, antisindical e ilegal».
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Lo que explican es que se “pretende trasladar los riesgos propios de la actividad empresarial a los trabajadores» y configura discriminación antisindical, vulnerando la garantía antidiscriminatoria consagrada por la ley 23.592.
Este jueves, una represetación de estos trabajadores se acercó al Municipio de Tigre, que es a dónde corresponde por jurisdicción, para intentar conseguir algún tipo de acompañamiento en el reclamo, teniendo en cuenta que el propio gremio que debería representar a los trabajadores fue el que los marcó para ser despedidos, el que no puede increpar a las autoridades de la Cooperativa, por acompñar estas acciones.
Según pudo saber AIRE Agro, trabajadores despedidos de la planta de Gálvez habrían tenido intenciones similares respecto a SanCor, sin embargo, aún no hay accionado en tal sentido.
Oídos sordos en Sunchales
Entre los despedidos del CDAN hay dos delegados, a pesar de lo que había intentado aclarar el secretario general del gremio, Héctor Ponce, sobre la protección de su gente. De los cuatro delegados que había en el lugar, justamente los dos que no apoyaban su gestión se incluyeron en la lista de cesanteados. Esto se dio de tal forma en todos los casos.
No hay despedidos que hayan participado de los bloqueos de fines de 2023 e incios de 2024.
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Lo que sucede es que el caso SanCor depende mucho de la reelección de “Etin” al frente del gremio que conduce desde 2001 y cuyas elecciones se deberán dar entre agosto y octubre próximos, con fecha a definir.
Es llamativo el silencio político respecto a la situación de SanCor, pero el mutismo es mayor en Sunchales, donde la complicidad del Municipio en todas las últimas gestiones fue acompañando cada movimiento de Atilra.
Es sabido que el sostenimiento de la estructura de la planta es inviable para el progreso de la Cooperativa, por la obsolesencia de los fierros, por la apabullante cantidad de gente empleada en relación a los litros procesados, pero todo se genera para que la centralización del poder gremial se conserve en el centro de Santa Fe.
Todo lo que sucede en SanCor tiene su raíz en las decisiones de la propia cooperativa, pero también a la obediencia con el gremio, en haber ido caminando al ritmo que el propio Ponce imprimió desde su gestión sindical.
Hoy la opción del desembarco de un inversor queda muy lejos, a pesar de las diferentes versiones que trata de instalar Atilra en las diferentes plantas a través de los delegados. Claro que lo podría facilitar el concurso, sin embargo, no hay certezas, ni estrategias en marcha que permitan tentar la llegada de fondos concretos que puedan cambiar el panorama hacia adelante.
