Desde diciembre de 2025, regirá el Reglamento 1115/2023 que impone condiciones ambientales estrictas. La trazabilidad y la segregación física dividen posiciones.
La Unión Europea endurece sus condiciones para importar productos como la soja, imponiendo nuevas exigencias vinculadas a la trazabilidad ambiental y la lucha contra la deforestación. El foco de las recientes discusiones fue la segregación física de los granos, un punto clave y controvertido entre los sectores exportadores argentinos.
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La medida central es el Reglamento 1115/2023, que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025. Establece que los productos como la soja y la carne vacuna deberán estar libres de deforestación, ser legales en su país de origen y contar con una declaración de debida diligencia firmada por los importadores europeos.
Qué establece el reglamento de la Unión Europea
Durante una jornada organizada por el Instituto de Capacitación Agropecuaria (INCAGRO), Viki Lovenberg, consejera de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, explicó que el reglamento responde a la demanda de los ciudadanos europeos y al compromiso climático del bloque.
“Este reglamento es una muestra de coherencia con nuestros compromisos climáticos. El cambio climático es una realidad. Entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques en el mundo”, afirmó Lovenberg.
La normativa forma parte del Pacto Verde Europeo y aplica a productos europeos e importados. Se basa en definiciones de organismos como la FAO y exige la geolocalización de las parcelas productivas, sin imponer herramientas específicas, pero garantizando que no se mezclen productos de origen incierto.
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El rol de VISEC y los desafíos para el sector exportador
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió sobre la urgencia de adecuar los procesos: “El primero de enero es pasado mañana. Falta muy poco tiempo para llegar”.
Idígoras llamó a integrarse a VISEC, una plataforma que certifica que los productos no provienen de zonas deforestadas. El sistema usa herramientas como el RENSPA y la Carta de Porte, y es gratuito, voluntario y verificable, con respaldo de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Sin embargo, el punto más crítico es la segregación física del grano: mantener separados los productos certificados de los que no lo están. Idígoras lo calificó como el obstáculo «de mayor dificultad práctica, de mayor esfuerzo económico y con cierta irracionalidad de implementación. Hasta tanto no se logre modificar dicho reglamento, es indispensable que cumplamos con la segregación física”.
Críticas desde el acopio: “Una medida innecesaria y contraproducente”
Desde la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara también manifestó su compromiso ambiental, pero fue categórico al rechazar la segregación física: “Es tan ridículo como pretender que los bancos separen los billetes según el barrio donde vive cada depositante”.
Además, alertó sobre los efectos colaterales de esta exigencia: el uso intensivo de secado artificial para granos húmedos implicaría un mayor consumo de gasoil, lo que aumentaría las emisiones y agravaría el cambio climático.
Rivara pidió un sistema más simple y valoró la experiencia nacional: “Hemos prestado mucha atención a la Resolución 1115/2023, que combate la deforestación. Argentina se sumó a esta medida, donde los distintos sectores de la cadena aportaron su mirada para consensuar un protocolo exitoso. El VISEC tomó el desafío y hoy podemos presentar un protocolo absolutamente confiable. La certificación es una garantía”.
Un cambio de paradigma en el comercio agroindustrial
El nuevo reglamento europeo representa un cambio estructural para las exportaciones argentinas. El consenso general es claro: se debe combatir la deforestación. Pero el éxito de la implementación dependerá de cómo se apliquen los mecanismos de trazabilidad, particularmente la segregación física.
Mientras tanto, Argentina se prepara con una plataforma propia, el VISEC, experiencia acumulada y voluntad de adaptación. El desafío está en lograr un equilibrio entre las exigencias regulatorias y la realidad operativa del sector agropecuario.
