En el decreto 526/2025, el Gobierno reconoce que las retenciones perjudican la producción y las exportaciones. La reducción alcanza a carnes, soja, maíz, girasol y otros productos agroindustriales, con la promesa de eliminarlas si hay superávit.
El Gobierno nacional oficializó este jueves, a través del Decreto 526/2025, la reducción de los Derechos de Exportación (DEX) a una serie de productos agroindustriales. Publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la norma cristaliza los anuncios realizados en la Expo Rural de Palermo y deja a la vista, en la redacción oficial, los efectos negativos que implica la vigencia de estos tributos para la economía argentina.
La medida redujo de manera permanente las alícuotas del DEX para carne bovina y aviar (de 6,75% a 5%), soja (del 33% al 26%), harina y aceite de soja (del 31% al 24,5%), maíz y sorgo (del 12% al 9%) y girasol (del 7,5% al 5,5%), entre otros productos estratégicos, como se detalla en el anexo técnico del decreto.
En los fundamentos esgrimidos en los considerandos, el propio Gobierno reconoce el carácter regresivo y contraproducente de las mal llamadas «retenciones», a las que define sin rodeos como un “impuesto distorsivo que debe eliminarse”. Así, el decreto admite la existencia de un sistema tributario injusto y su impacto en uno de los sectores clave de la economía nacional.
LEÉ MÁS►Retenciones: cómo afectan a los productores de Santa Fe las medidas de Milei
El rol estratégico del agro según el discurso oficial
Entre los argumentos, el Ejecutivo expone el daño que causan las retenciones. Lo hace al valorar que las reducciones o eliminaciones a economías regionales, lácteos, porcinos, no sólo promovieron «el agregado de valor, el desarrollo exportador y la competitividad de cadenas productivas estratégicas para el país», sino que «las medidas adoptadas han resultado en un aumento en la exportación de los productos involucrados».
Cita, por ejemplo, que durante 2024 las ventas al exterior de productos agroindustriales se incrementaron un 56% y su valor en divisas un 26%. También señala que en el primer semestre de 2025, en el lapso durante el cual rigió la baja temporaria del tributo, el trigo creció un 29%, el girasol un 26% y el maíz y el aceite de soja un 4%.
Indirectamente, entonces el Gobierno sostiene que mantener las retenciones ralentiza el crecimiento y debilita la inserción internacional del agro argentino.
La norma también admite que las retenciones funcionan como un desincentivo para la producción, el empleo y la inversión. En los considerandos se afirma que el objetivo de esta reducción es “dotar de mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos del país”, lo que constituye un reconocimiento explícito de que el régimen actual limita el desarrollo del agro.
Para que no se pierda de vista la relevancia del sector, la norma recuerda que la agroindustria aporta cerca de USD 48.000 millones anuales en exportaciones, y que las cadenas de granos y carnes representan el 75% de ese total, siendo uno de los pilares de la generación de divisas.
Retenciones y superávit fiscal: el límite que impone el Gobierno para avanzar en su eliminación
Aunque la medida no implica una eliminación inmediata de las retenciones, el Gobierno fija como objetivo su desaparición, pero “en la medida en que lo permita el superávit fiscal”. Chocan aquí la necesidad de generar ingresos fiscales y la evidencia, reconocida por el mismo Ejecutivo, de que las retenciones son un obstáculo al desarrollo más que una solución financiera.
LEÉ MÁS►Retenciones: el agro santafesino ve avances, pero pide más
El texto, por lo tanto, revela que el Estado es consciente de que gravar la producción exportable termina siendo una traba para la competitividad general del país. En ese sentido, el decreto no sólo oficializa una rebaja tributaria: ofrece un diagnóstico profundo sobre los costos económicos de mantener impuestos que penalizan a quienes generan divisas, empleo y crecimiento.
La medida entra en vigencia este viernes y será enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. En un contexto donde el equilibrio fiscal se mantiene como prioridad, la pregunta que queda abierta es si el Gobierno avanzará realmente hacia la eliminación total de los DEX o si este será solo un paso más dentro de un proceso condicionado por las urgencias de la macroeconomía.
