Agromandriles: Un toque de atención para educar en la filosofía libertaria a los argentinos con problemas de comprensión.
Soy muy respetuoso de aquellos que aseguran que los derechos de exportación son un atentado contra el derecho de propiedad. Sin embargo, en la actual coyuntura y gracias a la pesada herencia kirchnerista, las denominadas “retenciones” también son un soporte fundamental del derecho a la vida.
Su completa eliminación provocaría una explosión productiva que colmaría las rutas y autopistas de camiones cargados con granos –también porcinos, pollos, huevos, biodiésel, una auténtica locura– lo que no sólo tornaría inviable la logística en la región central argentina, sino que además incrementaría de manera exponencial la probabilidad de sufrir accidentes viales.
Si bien ambos derechos son en sí mismos naturales a la condición humana, en situaciones como las planteadas debe anteponerse el derecho más prístino e inmaculado, que en este caso es el de preservar la vida humana.
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La producción agrícola debe ser acorde a la capacidad logística del país. Cientos, quizás miles de kilómetros de autopistas pudieron haberse hecho durante el régimen kirchnerista, pero lamentablemente se despilfarraron esos recursos de manera irresponsable y ahora tenemos que convivir con lo que tenemos a mano.
El presidente Javier Milei, no hace falta aclararlo, en reiteradas oportunidades remarcó que la prioridad de la administración pública nacional es conseguir superávit fiscal, lo que implica que no existen recursos para poder financiar la construcción de autopistas. De hecho, ni siquiera hay plata para mantener el estado de las rutas nacionales, las cuales serán concesionadas para que ese servicio sea prestado por un privado a cambio de un peaje.
Cuando las rutas, ya concesionadas en su totalidad, estén en perfectas condiciones dentro de unos años, entonces los concesionarios podrán plantear subir el costo del peaje para financiar la construcción de nuevas autopistas. No se trata, por cierto, de una medida popular, pero es necesaria por su contenido pedagógico, ya el uso libre de la red vial genera la sensación en la población de que ese servicio es “gratuito” cuando dista mucho de serlo. Una lección incómoda, pero indispensable.
Ese mecanismo virtuoso, que dará sus frutos con el tiempo, debe contar con una acción reguladora del transporte de cargas que evite un agravamiento del problema. Los derechos de exportación tienen, en ese sentido, un rol vital para equilibrar la capacidad logística con la demanda de uso del recurso vial, lo que redunda en beneficio de todos los actores de la economía y, por supuesto, también de los usuarios de rutas.
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Representaría una absoluta irresponsabilidad eliminar las retenciones sin antes crear las condiciones para que los actores privados encuentren la manera de disponer de rutas seguras. El Estado –como insiste Milei– está para cuidar el superávit fiscal, que ni siquiera fue superávit en julio pasado, ya que, si bien se registró un resultado primario de 1.749.386 millones de pesos, el pago de intereses de la deuda pública fue de 1.917.901 millones, lo que derivó en un déficit fiscal (Vade retro Satanás) de 168.515 millones de pesos.
Todo el esfuerzo fiscal que se está realizando para cumplir con los compromisos asumidos con el sector financiero –fundamental para sostener la actividad económica– se irían por la borda con gastos irresponsables en infraestructura. Tenemos que cuidar lo que tenemos para poder soñar mañana con logros que sean genuinos y sostenibles; basta de populismo berreta ¡Viva la libertad, carajo!
