Durante el debate en Diputados sobre una ley de fitosanitarios, el legislador Pablo Ansaloni respaldó el tratamiento del proyecto elaborado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. La iniciativa busca establecer reglas nacionales para un uso seguro y ambientalmente sostenible de los productos fitosanitarios.
El diputado Pablo Ansaloni, de extracción gremial rural y representante del justicialismo, expresó este martes su apoyo al tratamiento legislativo de los proyectos sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios, durante una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Apoyo sindical al debate sobre fitosanitarios
“Vengo del sector, soy un trabajador rural”, afirmó Ansaloni al iniciar su intervención, en la que destacó su experiencia sindical en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la ciudad bonaerense de Colón. “Nosotros podemos dar fe de que no tenemos ningún enfermo y ninguna persona con discapacidad que tenga que ver con el fitosanitario”, aseguró.
El legislador valoró que el Congreso impulse un debate “que le haga bien a los empresarios, a los pueblos y principalmente a los trabajadores” y enfatizó la necesidad de alcanzar consensos: “Desde el lado que me toca estar y al espacio que represento, cuenten con todo mi apoyo para encontrar la mejor ley para que le haga muy bien al sector y principalmente a la producción”.
Participación de entidades del sector agropecuario
La reunión se desarrolló este martes 14 de octubre desde las 10:00 horas, en la Sala 1 del segundo piso del Anexo “A” de la Cámara Baja, con la participación de representantes del sector agropecuario y de instituciones técnicas y empresariales. Entre los expositores estuvieron Coninagro, la Fundación Barbechando, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara Aceitera Argentina (CIARA-CEC), además de especialistas invitados.
Durante su exposición, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, subrayó que “es sumamente importante para nosotros tener previsibilidad, cosa que venimos solicitando a menudo. Un documento de estas características hace un gran aporte a esa previsibilidad que necesitan los productores”. También destacó que la iniciativa “propone un marco normativo integral que compatibilice la actividad agrícola con la salud de las personas y la preservación del ambiente”.
En el centro del debate se encuentra el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios (Exp. 5621-D-2025), elaborado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) y presentado en el Congreso por los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), con el acompañamiento de 29 legisladores de distintos bloques.
✅ El Presidente @lucasmagnano participó en Diputados de una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ambiente junto a entidades y legisladores de distintos bloques encabezados por @atiliobenedetti y @maxiferraro. Presentaron un proyecto de ley que busca establecer… pic.twitter.com/k11GxV44wD
— CONINAGRO (@CONINAGRO) October 14, 2025
La iniciativa busca establecer un marco regulatorio uniforme y moderno, basado en evidencia científica y estándares internacionales de gestión del riesgo, que aporte certidumbre y previsibilidad a la producción agrícola, garantizando a la vez la protección de la salud y del ambiente.
Proyecto de ley de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
- Responsabilidades claras para productores, aplicadores, asesores y fiscalizadores.
- La definición de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento cerca de poblaciones, cursos de agua y escuelas rurales.
- La obligatoriedad de receta profesional, emitida por un técnico matriculado.
- El uso exclusivo de productos aprobados por SENASA.
- El control técnico de los equipos aplicadores y su registro oficial.
- Un sistema nacional de capacitación periódica para aplicadores y asesores.
- La implementación de programas de monitoreo ambiental y epidemiológico con información pública.
- Y un régimen sancionatorio administrativo que brinde seguridad jurídica.
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Desde la RedBPA destacaron que la propuesta “no es prohibicionista”, sino que busca compatibilizar la productividad agrícola con la sostenibilidad ambiental y la salud pública. Según explicaron, Argentina “carece de una ley nacional específica”, lo que genera regulaciones locales dispares y “desconfianza social”.
El debate sobre los proyectos continuará en las próximas semanas con nuevas rondas de exposiciones de expertos, autoridades provinciales y organizaciones sociales, antes de que las comisiones elaboren un dictamen unificado que será puesto a consideración del pleno de la Cámara.