El Gobierno Nacional restituyó la autarquía y la gobernanza originales del INTA tras el rechazo legislativo al decreto 462. En Santa Fe celebran la decisión, aunque reclaman presupuesto y esperan definiciones sobre el futuro del organismo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vuelve a su estatus de organismo descentralizado y autárquico, luego de que el Poder Ejecutivo dictara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 627/2025.
La medida restituye expresamente el marco normativo previo al Decreto 462/2025, que había transformado al instituto en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
INTA en Santa Fe: primeras reacciones tras el decreto del Gobierno Nacional
En Santa Fe, las primeras reacciones dentro del organismo fueron de satisfacción por la marcha atrás, aunque persiste la expectativa sobre cómo se implementará en la práctica. Una de las principales dificultades señaladas es la falta de presupuesto, que condiciona el funcionamiento cotidiano.
LEÉ MÁS►El Congreso rechazó los decretos que disolvían el INTA y el INTI, entre otros organismos
Desde el gremio APINTA en la provincia expresaron que están “más tranquilos y felices con el resultado de la lucha”, aunque también manifestaron cierta desilusión con la actitud de algunas entidades agropecuarias: “vimos mucha dirigencia del campo muy tranqui… salvo FAA, y algún tibio comentario de otra organización… como si el INTA no estuviera permanentemente al lado del productor y su tecnología”.
En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que el rechazo del Congreso a los decretos de reorganización estatal generó un “vacío normativo de extrema gravedad” que ponía en riesgo la continuidad operativa de la administración pública.
Según el texto oficial, la derogación dispuesta por el Parlamento “sólo tiene efectos hacia el futuro” y no implica la restitución automática de las normas anteriores, lo que “coloca a la Administración Pública Nacional frente a un escenario de incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal”.
LEÉ MÁS►Reforma del INTA: claves para entender el nuevo esquema de conducción
El decreto 627 sostiene además que era “necesario y urgente clarificar el marco jurídico aplicable” para organismos alcanzados por los decretos rechazados, entre ellos el INTA, a fin de “salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.
INTA y el Gobierno Nacional: un proceso con idas y vueltas
La situación del INTA viene atravesando semanas de alta conflictividad. El 11 de agosto pasado, el Decreto 571/2025 eliminó la Dirección Nacional del organismo y concentró la gestión en la figura de un presidente designado por el Ejecutivo. Según lo trascendido entonces, la iniciativa formaba parte de un plan de “transformación” que comenzaría con un programa de retiros voluntarios y podía incluir cambios en la estructura de los Centros Regionales.
El 21 de agosto, el Congreso rechazó el Decreto 462/2025 que había dispuesto la disolución del INTA como organismo descentralizado, decisión que generó un fuerte alivio en el ámbito agropecuario. Sin embargo, al día siguiente el Boletín Oficial publicó la Resolución 1240/2025 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que dejó en disponibilidad a casi 300 trabajadores del instituto.
Esa resolución se dictó pese a que el día anterior el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.º 2 había hecho lugar a una medida cautelar presentada por los gremios APINTA (personal del INTA) y ATE, ordenando al Ejecutivo abstenerse de introducir cambios en el organismo por seis meses.
Posteriormente, la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Marta Novoa, notificó al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sobre la vigencia de la cautelar que obliga al Ejecutivo Nacional a “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N.º 462/2025, artículos 59 a 69”.
Nuevo escenario para el INTA tras la decisión del Gobierno Nacional
Según se expresa en los considerandos del DNU 627/2025, con esta norma el Gobierno busca despejar dudas sobre el estatus institucional del INTA y de otros organismos alcanzados por los decretos rechazados.
En términos prácticos, el instituto recupera el régimen previo a julio de este año, volviendo a ser un ente autárquico con consejo directivo y autonomía financiera.
El desafío hacia adelante será definir cómo se compatibiliza esta restitución normativa con los procesos de reorganización ya iniciados, las disposiciones administrativas en curso y las medidas judiciales vigentes.
