El área de Recursos Humanos de la cartera económica comunicó al presidente de INTA, Nicolás Bronzovich, la disposición juidicial que impide realizar modificaciones por seis meses. Aunque no lo instruye sobre qué acciones debe realizar, los gremios APINTA y ATE interpretan que es para que cumpla con la cautelar.
Economía comunicó al presidente del INTA que una resolución judicial dispuso la imposibilidad de realizar modificaciones en el organismo por seis meses, aunque no está claro si se trata de una directiva de cumplimiento obligatorio o solo de una formalidad administrativa.
Qué dice la medida cautelar sobre el INTA y el Decreto 462
En la jornada de hoy, la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Economía de la Nación, Marta Novoa, envió una notificación al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, informándole lo dispuesto por una medida cautelar que obliga al Ejecutivo Nacional a “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N.º 462/2025, artículos 59 a 69″.
El Decreto en cuestión es el que dispuso la modificación de organismos como el INTA y el INTI, así como la disolución del INASE, en el marco de las facultades delegadas que el Congreso de la Nación otorgó al presidente Javier Milei dentro de la Ley Bases.
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— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 29, 2025
El Gobierno comunicó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE que retrotrae la medida y no habrá trabajadores en disponibilidad en el INTA.
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El Decreto 462 sobre INTA y las reacciones que generó
En la práctica, el Decreto 462 introdujo cambios de fondo, como la eliminación del Consejo Directivo, que puso fin a un sistema de gobernanza colegiado y a la autarquía económica y administrativa del organismo.
Por esta razón, los gremios APINTA (del personal de INTA) y ATE (Asociación Trabajadores del Estado) solicitaron una medida cautelar, que el 20 de agosto fue avalada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.º 2.
En simultáneo, el decreto fue rechazado en el Congreso de la Nación: primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, por lo que quedó sin efecto. Cuando ya se percibía la invalidación legislativa, el Gobierno advirtió que “judicializaría” la medida.
Incluso, aun con el rechazo del Congreso y la Justicia, el Ejecutivo avanzó con una resolución del Ministerio de Economía —al día siguiente del rechazo legislativo— que puso en disponibilidad a casi 300 empleados del INTA, en lo que pareció un acto de rebeldía institucional.
Sin embargo, este viernes la comunicación de Novoa a Bronzovich señala que la medida cautelar prohíbe al Estado Nacional, por seis meses, ejecutar actos administrativos que afecten al personal o a las estructuras del INTA, tales como reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o la supresión de áreas del organismo.
Precisa, además, que una segunda resolución judicial ratifica lo anterior y que su incumplimiento implicaría “la imposición de sanciones por cada día de incumplimiento”, conminando al Ejecutivo “a la observancia inmediata de lo resuelto”.
Cómo interpretan los gremios la notificación enviada al INTA
Aunque la comunicación no le indica a Bronzovich cómo debe actuar y solo lo pone “en autos”, desde los gremios interpretan que se trata de una decisión del Gobierno de acatar la medida judicial y desistir de la desvinculación del personal.
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“El Gobierno comunicó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE, que retrotrae la medida y garantiza que no habrá trabajadores en disponibilidad en el INTA”, posteó en X el secretario general de ATE, Rodolfo Aguilar.
Por su parte, desde APINTA comentaron informalmente a AIRE Agro: “Nosotros damos por sentado que, al haber una cédula de notificación, es para que se cumpla”. Y, al margen de la semántica jurídica, subrayaron: “Entendemos que es para darle cumplimiento”.
