El gobierno provincial impuso una multa de más de 46 millones de pesos al responsable del establecimiento, ubicado cerca de Aranguren. En el lugar se hallaron 20 toneladas de residuos peligrosos que incumplían normativas ambientales nacionales.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos clausuró un centro clandestino de acopio de envases vacíos de productos fitosanitarios, ubicado en las inmediaciones de la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, cercano a la localidad de Aranguren, departamento Nogoyá. La intervención incluyó una multa superior a los 46 millones de pesos impuesta al titular del establecimiento, junto con la exigencia de presentar una propuesta de remediación o recomposición ambiental.
20 toneladas de residuos peligrosos en un predio no autorizado
El operativo se realizó en conjunto con autoridades locales y se constató la existencia de aproximadamente 20.000 kilogramos de envases almacenados de forma irregular. De acuerdo con las inspecciones, el establecimiento infringía diversas normativas ambientales vigentes, entre ellas la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279).
Esta última legislación establece que los envases vacíos deben gestionarse a través de un sistema formal y autorizado, a fin de garantizar su tratamiento seguro y evitar su reincorporación a circuitos informales. Entre las prohibiciones específicas de la ley se encuentran la comercialización y entrega de envases fuera del sistema, la reutilización del plástico en productos que impliquen riesgos sanitarios o ambientales, y el manejo de los envases sin habilitación oficial.
LEÉ MÁS►Alerta por nuevo caso de gripe aviar: recomendaciones para criadores de aves
Por qué la gestión informal de envases representa un peligro real
Según explicaron fuentes oficiales, el manejo irregular de este tipo de residuos representa un peligro concreto para la salud pública y el ambiente. Los envases que ingresan al circuito informal pueden terminar siendo utilizados para fabricar objetos de uso cotidiano como juguetes, bolsas o utensilios, lo que implica riesgos significativos debido a los residuos de agroquímicos que pueden contener. Asimismo, prácticas como el abandono, quema o entierro de los envases pueden generar contaminación del suelo, el agua y el aire.
LEÉ MÁS►Detectan el picudo negro de la soja por primera vez en Córdoba: alerta sanitaria
En contraposición, el sistema formal de gestión promovido por la Ley 27.279 es articulado a nivel nacional por la asociación CampoLimpio, que agrupa a más de 110 empresas del sector agroindustrial. Este sistema cuenta con centros de almacenamiento transitorio (CAT), jornadas itinerantes de recepción y capacitaciones, con el objetivo de garantizar un destino seguro para los envases y fomentar el reciclado bajo usos permitidos, como caños para fibra óptica, bidones tricapa o materiales de construcción.
Desde el gobierno provincial destacaron la importancia del trabajo conjunto con los municipios y organismos de control para detectar y desarticular este tipo de prácticas ilegales. También subrayaron la necesidad de fortalecer el sistema formal como herramienta efectiva para enfrentar esta problemática y promover una economía circular segura y sustentable.
